La Fiscalía Superior de Andalucía, que dirige Jesús García Calderón, ha pedido para el alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, una pena de siete meses de cárcel y multa de 2.200 euros por la ocupación el pasado verano de la finca militar de Las Turquillas, en el término municipal de Osuna (Sevilla).
El Ministerio Público ha presentado ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su escrito de conclusiones provisionales, uno de los pasos previos a que se decrete el juicio oral, en el que acusa a los dos líderes del SAT y a otras dos personas más de los delitos de desobediencia grave y usurpación y una falta de daños.
Al resto de los 52 acusados en el caso sólo pide usurpación y daños, por lo que sus penas son simples multas y no implican prisión salvo impago. Por otros daños se piden también pequeñas indemnizaciones para el Ministerio de Defensa, titular de la finca, y el Ayuntamiento de Osuna, que no suman entre las dos 1.500 euros.
A esto se suma la petición del Abogado del Estado de dos años de cárcel para los mismos cuatro cabecillas por los mismos delitos que Fiscalía. La circunstancia de que se pidan pena inferiores a los dos años hace que no sea necesaria la presencia de los acusados durante el juicio, sino sólo la de sus representantes legales, por lo que se evitaría juicio multitudinario la sede del TSJA y otro enfrentamiento con Cañamero, que se ha declarado “insumiso judicial” y anunció que se negaría a acudir a un juicio hipotético.
En cualquier caso, al tener Diego Cañamero antecedentes penales, si es condenado debería cumplir la pena e ingresar en prisión. En cuanto a Sánchez Gordillo, la condena podría implicar la inhabilitación para ocupar sus cargos públicos. También le supondría antecedentes de cara a otro posible encausamiento, el de los asaltos a supermercados también de hace un año, por el que todavía es investigado por los juzgados de Écija, pero que eventualmente pasaría también a manos del TSJA
El Alto Tribunal andaluz debe juzgar este caso por la condición de aforado de Sánchez Gordillo como parlamentario andaluz, por lo que la acusación recaer en el departamento del Fiscal Superior. Las comparecencias de ambos líderes sindicales han levantado polémica en el caso del alcalde de Marinaleda por repetir la estrategia de negarse a declarar y pedir aplazamiento al cambiar de abogado que aplicó cuando fue acusado de amenazas cuando dirigía un piquete en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Y en el de Cañamero, por no acudir hasta en dos ocasiones al mandato del juez instructor y finalmente ser ordenado detener por este, obligándolo a comparecer el pasado miércoles 10 de julio.