El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el inicio del expediente para ampliar la superficie del parque natural de Los Alcornocales e incluir en el mismo la finca de La Almoraima, cuya venta por un precio de salida de 300 millones de euros pretende el Gobierno de la Nación, su propietario. En concreto, el parque natural, situado a caballo entre las provincias de Cádiz y Málaga, será ampliado en 6.000 hectáreas, de las que 1.400 -la mayoría- corresponden a La Almoraima, y el resto, a las fincas de La Alcaidesa, Majarambú, Botafuegos, Pinar del Rey y Dehesa del Guadalquitón, entre otras.
Esas 1400 hectáreas, que los ecologistas habían insistido en que eran fundamentales para no alterar el ecosistema de un parque natural que cuenta con un bosque mediterráneo maduro y con numerosas especies endémicas, estaban destinadas a venderse por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para construir un hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y un aeródromo que formaban parte del plan con el que el gobierno central pretendía atraer a los inversores.
El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha subrayado que esta resolución responde a “una gran demanda social” y pretende blindar “este rico patrimonio de proyectos especulativos”, en alusión a la venta que persigue el Gobierno de España, y que ha originado una oleada de críticas desde esta comunidad autónoma. “La revisión, que afectará a los planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión, se realizará con las aportaciones de la comunidad científica y de los sectores socioeconómicos e institucionales representados en la Junta Rectora del Parque Natural de Los Alcornocales”, ha dicho.
No ha sabido valorar si el proceso conlleva una memoria económica y algún coste para la Junta de Andalucía “porque está en sus inicios”. Sí está claro que la nueva delimitación supondrá que queden prohibidos expresamente usos que puedan afectar a los recursos naturales de La Almoraima o perjudicar a las actividades económicas que ya existen en el lugar, como las agrarias, forestales y cinegéticas.
La ampliación, una demanda del entorno
De hecho, en rueda de prensa posterior, María Jesús Serrano, consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha insistido en que la medida no pretende frenar el desarrollo de la zona, con una alta taso de paro, sino impulsar una economía sostenible apoyada en usos tradicionales como la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, su transformación y la caza. “Estamos en contra de las operaciones de especulación y que no sean respetuosas con el medio ambiente. Vamos a garantizar que en el parque no se hagan esas actividades especulativas y que no sea el primero que contenga un aeródromo”, ha anunciado Serrano.
La consejera ha afirmado que tanto agentes sociales de la zona como ecologistas habían solicitado esa ampliación, ya que “esas fincas colindantes poseían numerosas características ambientales necesarias de ser incluidas en ese espacio protegido”. Serrano ha recordado que el proceso será largo y que culminará cuando “termine el proceso participativo, se pronuncie la junta rectora y se haga la exposición pública”. Ante la demanda de ciertos sectores ecologistas de convertir la Almoraima en monte público, María Jesús Serrano ha declarado que dicha posibilidad “se está analizando jurídicamente”.
El principal valor de este entorno es el alcornocal que alberga, el más grande de la Península Ibérica y el mejor conservado del mundo, acompañado por robles, quejigos y encinas, entre otros. Los Alcornocales se configuró como parque natural en 1989 y ocupa 167.730 hectáreas, que serán 6.000 más cuando se complete este proceso.