Los tentáculos de la exclusión social crecen, la crisis económica no remite y el crecimiento anunciado por el Gobierno de España queda, al menos por ahora, en parámetros macroeconómicos. Mientras, ayuntamientos andaluces toman iniciativas como no trabajar con entidades financieras desahuciadoras, prohibir a la Policía Local ejecutar desalojos, subir impuestos por cajeros automáticos o multas por mantener casas vacías. Es la municipalidad insumisa, pueblos que actúan contra bancos y desahucios.
Más de un tercio de los municipios andaluces se han acogido al Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda y es ahí, en la lucha contra los desahucios, donde se centran la mayor parte de medidas emprendidas. Desde Armilla y Peligros (Granada), San Juan de Aznalfarache, Pilas o Cazalla de la Sierra (Sevilla) a Baena (Córdoba) o Albox (Almería), la corriente de insumisión bancaria viene sumando adeptos.
Del 'Banco Solidario de Viviendas' a sanciones por casas vacías
Del 'Banco Solidario de Viviendas' a sanciones por casas vacías
En las últimas fechas, la provincia granadina suma dos nuevos casos. Peligros, gobernado por IU, que ya se proclamó “municipio libre de desahucios” y retiró sus cuentas de bancos que continúen con estas prácticas, ha aprobado una moción para sancionar a las entidades que mantengan viviendas sin ocupar. En el último pleno, el Consistorio aprobó además instar a la Junta de Andalucía a prohibir los cortes de suministros básicos como agua, luz y gas. Las medidas, en la mayoría de ocasiones, llegan por colectivos ciudadanos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios.
También Armilla, con gobierno local socialista, se convierte en municipio contra las casas vacías y crea un 'Banco Solidario de Viviendas'. Se trata de un listado de residencias sin usar que los propietarios pueden inscribir para ponerlas en circulación con un alquiler social. El Ayuntamiento intermediará para buscar un hogar a familias previamente desahuciadas bajo un precio “solidario y carente de ánimo de lucro”.
En la localidad sevillana de El Coronil, de su parte, el Ayuntamiento gobernado por el socialista Jerónimo Guerrero lleva adoptadas también una serie de estas medidas municipales antidesahucios. Entre ellas, “dejar de trabajar” con bancos involucrados en procedimientos de desalojo o una moción para que las viviendas propiedad de oficinas bancarias procedentes de desahucios se les aplique una subida del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para incitar que vuelvan “a ser realquiladas mediante una cuota social” asequible a familias con dificultad para cubrir las necesidades básicas.
Con anterioridad, El Coronil ya duplicó el impuesto sobre cajeros automáticos a través de una ordenanza municipal. En la misma provincia sevillana, Pilas 'castigó' de igual modo los cajeros dispuestos en la vía pública con 500 euros al año. Incluida en la ordenanza fiscal, la iniciativa prosperó con el voto favorable de PSOE y la abstención de PP, que habló de medida anecdótica por la cantidad recaudable, e IU, que pidió cuadruplicar la tasa impositiva.
No hacer “el trabajo sucio a los bancos”
No hacer “el trabajo sucio a los bancos”Otro municipio que descarta bancos desahuciadores es San Juan de Aznalfarache (Sevilla). La Oficina de la Vivienda local desarrolla, del mismo modo, un plan contra los desahucios que incluye la mediación con entidades de crédito, reducción del IBI a la mitad para viviendas con alquileres solidarios y la adscripción a programas regionales y estatales. En Dos Hermanas, se llegó incluso a estudiar la viabilidad jurídica de que el Ayuntamiento expropiase temporalmente el uso de viviendas susceptibles de desahucio.
Uno de los acuerdos más llamativos es la prohibición de que agentes de la Policía Local colaboren en la ejecución de órdenes de desahucio, como sucede en los municipios sevillanos de Alcalá de Guadaíra, declarada Ciudad contra los desahucios, El Coronil o Cazalla de la Sierra. También en Albox (Almería), donde el alcalde socialista, Rogelio Mena tomó la decisión tras conocer el caso de un vecino de la localidad que pretendía instalar una explotación turística rural. “No estamos dispuestos a hacerle el trabajo sucio a los bancos y las financieras”, declaró el regidor.
En el Aljarafe sevillano, el Ayuntamiento de Salteras ha limitado también las actuaciones de la Policía Local en procedimientos judiciales en materia de ejecución que conlleve la pérdida de la vivienda a familias del municipio. Gobernado por el socialista Antonio Valverde, el plenario aprobó también una moción para ampliar las medidas de protección a deudores hipotecarios por el que el Consistorio no operará con bancos que promuevan desahucios.
En otros casos, como en Baena (Córdoba), el Ayuntamiento pretende poder comprar las casas en la que pese una amenaza de desalojo para que puedan ser alquiladas de nuevos a las familias deudoras, que podrían recuperar su residencia en el futuro. Aunque siempre se canalizaría la posibilidad a través de la oficina de la vivienda de la Junta de Andalucía. En la misma provincia, el pleno municipal de Montoro alejó también a los miembros de la Policía Local de las ejecuciones de desahucios.