Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han aprobado formalmente este lunes el acuerdo para reformar la Política Agraria Común (PAC) y el paquete de medidas transitorias previstas para 2014, lo que permitirá iniciar su aplicación a lo largo del año hasta su plena entrada en vigor 2015, cuando serán efectivas novedades como el 'pago verde' que condiciona parte de las ayudas a esfuerzos medioambientales.
El ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ha informado de que España podrá aplicar la reforma a finales de enero, tras una reunión sectorial prevista para los días 21 y 22 de enero con las Comunidades Autónomas.
“Tenemos muchos acuerdos básicos con las Comunidades Autónomas. Distribuiremos los fondos de desarrollo rural y estaremos en condiciones de aplicar la PAC definitivamente en España. Por tanto, a partir de finales de enero estaremos en condiciones”, ha resumido Arias Cañete en declaraciones a la prensa en Bruselas, a su llegada a la reunión de ministros europeos que ha validado la reforma.
Por su parte, el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha celebrado la adopción de los cuatro reglamentos que dan forma a la nueva PAC y ha dicho que ahora corresponde a los Estados miembros “decidir cómo van a aplicar la reforma”. Para ello, ha añadido, son necesarias aún algunas precisiones en los textos legales. “Estamos muy cerca de un texto estable”.
Está previsto que los textos definitivos se publiquen en el Diario Oficial de la UE el próximo 21 de diciembre y días después, el 27 de diciembre, los documentos relativos a las medidas de transición, según fuentes europeas.
Los retrasos en las negociaciones entre los 28, la Eurocámara y Bruselas han hecho que la mayoría de sus disposiciones tengan que ser aplazadas al menos un año para dar tiempo a que los gobiernos trasladen a sus sistemas nacionales las modificaciones.
La nueva PAC contará con 408.310 millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que 312.700 euros se destinarán principalmente al pago de ayudas directas y, en menor medida, a medidas de mercado y habrá otros 95.600 millones para el segundo pilar, es decir, fondos para el desarrollo rural. España recibirá unos 37.700 millones de euros en total para pagos directos y otros 8.300 millones de euros para desarrollo rural.
Según coinciden todas las partes, la nueva PAC permitirá una política agrícola “más verde”, porque condicionará un 30 % de los apoyos directos a esfuerzos medioambientales concretos, como por ejemplo los pastos permanentes, que las organizaciones ecologistas consideran insuficientes.
La nueva PAC también asegurará un reparto más “justo” y “equilibrado” entre los agricultores, pese a que la presión de Estados miembros como España consiguieron descafeinar la convergencia que intentó imponer Bruselas, para que todos los productores de la UE recibiesen el mismo nivel de ayuda de aquí a 2019.
La reforma introduce entre sus novedades la creación de una “lista negativa” con la que definir de manera más clara al “agricultor activo”, con el objetivo de evitar que parte del gasto agrícola de la UE va a parar a manos de los llamados productores “de salón” que no desempeñan actividad agrícola alguna, como aeropuertos o campos de golf.
Entre los elementos del acuerdo figura también la extensión hasta 2017 del sistema de cuotas de producción de azúcar, tal y como decidieron los ministros, frente al 2018 al que aspiraba el Parlamento.
La Eurocámara tampoco ha conseguido defender el techo máximo de 300.000 euros al año por explotación que Bruselas propuso, ya que los líderes europeos establecieron que esta medida sería voluntaria para los países y se negaron a negociarla. A cambio, los gobiernos han aceptado una reducción o 'degresividad' del 5% para los subsidios que superen los 150.000 euros anuales.
El pacto agrícola que ha superado el voto europarlamentario, además, eleva del 75 al 85% la cofinanciación europea de los programas de desarrollo rural en las regiones ultraperiféricas y en las menos desarrolladas, es decir, las consideradas como 'convergencia', lo que beneficiará a Extremadura.