Se acaba de cumplir 15 días desde que los vecinos de Espelúy, una localidad de Jaén de 735 habitantes, se encerraron en el Ayuntamiento para pedir “que lo inhabiliten o lo trasladen”. Hablan del secretario-interventor municipal. En los pueblos pequeños ambas funciones recaen en la misma persona. Los vecinos lo acusan de demorar en extremo trámites municipales, lo que está repercutiendo negativamente sobre sus vidas.
Entre la larga lista de agravios está el hecho de que el funcionario no ha entregado, según la versión vecinal, desde 2009 las cuentas municipales al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Hasta 2013 esto era apenas un trámite de control administrativo. Pero desde la aprobación de la reforma local significa la retención de las transferencias de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). En Espelúy eso son alrededor de 5.000 euros mensuales, unos 60.000 anuales. O lo que es lo mismo, entorno al 10% del presupuesto municipal (que ronda los 650.000 euros). Unos fondos que sufragan gasto corriente.
Lucía Garrido, una de las portavoces vecinales, enumera una larga lista de servicios públicos que desde octubre pasado han dejado de prestarse por falta de recursos: este invierno no ha habido calefacción en el único colegio, el polideportivo municipal ha cerrado, las personas mayores no tienen gimnasia de mantenimiento… “parece que no son cosas importantes, pero lo son para nosotros”. De todo ello culpan a la gestión del secretario al que reciben con pitidos los martes y los viernes, desde que comenzó el encierro en el salón de plenos.
A esos temas se suman otros “no tenemos nichos” en el cementerio municipal, “porque tiene paralizado el proyecto de ejecución” por lo que en estos momentos no se pueden realizar enterramientos, aclara Garrido. También ha habido largas demoras “en el permiso para abrir algún negocio”, en el pago de los jornales del PROFEA o, el caso de su barriada, que lleva más de tres años aguardando el último trámite administrativo para tener abastecimiento eléctrico.
Una relación compleja
El alcalde del municipio, Pedro Bruno (PSOE), dice que quiere mantenerse al margen de la protesta vecinal. Su relación con el funcionario es compleja e incluye varias denuncias en los juzgados, relacionadas con el desempeño de las funciones de uno y otro, en las que no quiere entrar en estos momentos.
Por su parte, el secretario-interventor, Antonio José Bermejo, tampoco quiere hacer declaraciones aunque remite al despacho de abogados que lleva su caso. Isabel Gómez, letrada del bufete, ha explicado a eldiario.es Andalucía que no le constan denuncias contra su representado, pero sí de su representado “contra el alcalde y otros representantes municipales por presuntas irregularidades en el desarrollo de sus funciones”.
Entre esas irregularidades cita como ejemplo que “la Diputación ha solicitado la devolución de alguna subvención por no justificarla de manera adecuada”, explica Gómez y matiza que “lo que se ha ejecutado con coincide con lo que debería haberse ejecutado”. También insisten en que las liquidaciones presupuestarias se han entregado y que solo están pendientes a partir de 2013, que “no se pudo presentar porque descubrió irregularidades” y comenzó a solicitar documentación “que no se le ha facilitado”.
El bufete acaba de asumir la representación de Bermejo y señala que la primera denuncia de su cliente contra el alcalde es de noviembre pasado. También han denunciado que ha sufrido episodios de “violencia verbal y física”, conductas que “constituyen acoso laboral”, en palabras de la abogada, y se la ha impedido el acceso “a documentación e instalaciones”. Gómez la ha definido la situación laboral de su cliente como “muy tensa” y ha anunciado una ampliación de la denuncia por acoso.
Todas las puertas
Mientras tanto, los vecinos se centran en aquellas cosas que les afectan y que atribuyen directamente a la gestión del secretario. Ellos insisten en su independencia como grupo de presión, aunque no es esa la percepción desde la defensa del interventor. En las últimas dos semanas han tocado todas las puertas que han podido. Se han reunido con el presidente de la Diputación, Francisco Reyes (PSOE); con el subdelegado del gobierno, Juan Lillo (PP); y con la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez (PSOE). De todos han obtenido respuestas similares: están estudiando la información: la que ellos aportan, la que procede del propio ayuntamiento y la que puedan recabar del funcionario. Con todo se determinará si hay faltas, cuál es su gravedad y a qué administración compete tomar cartas en el asunto.
Si hubiera alguna infracción, si leve será la Diputación la que medie, la Junta si es grave y el Ministerio de Administraciones Públicas en caso muy grave. Con esta institución se ha puesto en contacto eldiario.es Andalucía aunque por el momento no ha habido respuesta sobre la situación específica que tiene el Consistorio de Espelúy, las repercusiones de las denuncias que realizan los vecinos y si existen otros casos similares en Andalucía o España.
También con la presidenta del colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración, que ha admitido tener previsto reunirse con los vecinos y las administraciones implicadas. De momento, no se ha fijado fecha para esa reunión. Hasta que obtengan resultados, los vecinos mantendrán el encierro, en el que se van relevando “en grupos inferiores a 20 personas” para evitar otros problemas.