Los apoyos al sector del cangrejo rojo caen en cascada tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe su pesca y comercialización. Declaraciones que piden “una solución” y llegan desde el Gobierno andaluz, la Diputación de Sevilla, ayuntamientos, organizaciones sindicales y agrarias, partidos políticos… Como respaldo a esa llamada “urgente” desde el municipio más afectado, Isla Mayor.
“Apoyo total al sector del cangrejo rojo del Gobierno de Andalucía”, resume la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Ortiz. El crustáceo es “una oportunidad desde el punto de vista económico y también ambiental”, destaca en una visita conjunta a empresas comercializadoras su homólogo en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal.
Una petición en la plataforma change.org dirigida a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y a la Oficina del Parlamento Europeo en España “por la supervivencia del sector cangrejero en Isla Mayor” suma centenares de firmas en esta defensa múltiple. En la localidad marismeña, el fallo del alto tribunal supone un grave problema económico y social. Gran parte de la población vive, de manera directa o indirecta, del cangrejo rojo americano. La denuncia de organizaciones ecologistas no iba sólo contra Procambarus clarkii (nombre científico del crustáceo), pero la sentencia termina con el principal sustento de 6.000 isleños.
El hombro más fuerte al que apoyarse, para Isla Mayor, es el de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que modifique “con urgencia” la normativa que prohíbe la pesca y venta de cangrejo rojo. Y salvar, de momento, una nueva campaña que está a punto de arrancar y que suma anualmente cerca de 200.000 jornales y 20 millones de euros de facturación. Los empresarios anuncian además que prevén reunirse con el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz.
Se busca “solución con urgencia”
“La solución hay que adoptarla con urgencia porque no podemos permitir que se paralice un sector que genera riqueza y empleo, un sector asentado en la comarca y que es compatible con el medio ambiente”, sentencia la consejera. El objetivo es que se permita el comercio con el cangrejo ya transformado, elaborado y no vivo, “evitando así que esta especie se reproduzca en otros espacios naturales”. La Junta de Andalucía ha creado además un grupo de trabajo para estudiar las consecuencias de la sentencia del Supremo que anula la excepción que permitía la pesca y analizar posibles alternativas, como pedir la suspensión de la ejecución del dictamen judicial.
El pleno de la Diputación sevillana ha aprobado una moción, por unanimidad, en defensa del sector cangrejero y por el “grave problema socio económico” que supone para la comarca del Bajo Guadalquivir. En el texto se reclama al Gobierno central que recurra el fallo que da la razón a Ecologistas en Acción y varios grupos conservacionistas sobre el cangrejo rojo y otros animales y plantas incluidas en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras.
El propio presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, pide “estudiar las cosas con sentido común”. “Miles de personas viven de la pesca” y comercio del cangrejo rojo, avisa. Algunos alcaldes han sumado apoyo. Caso del de Isla Mayor, Juan Molero, que abandera la reivindicación y futuras movilizaciones. O de otras poblaciones con trabajadores en el sector, como el de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle, que pide implicación a las instituciones públicas y “soluciones”.
“Preocupación” por “las familias que viven de la pesca”
El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Gracia, ha manifestado su “preocupación” solidaria por el sector, los pueblos afectados “y las familias que viven de la pesca”. Pide al “poder judicial” que adopte “resoluciones que fueran en línea con las necesidades de la sociedad” y se muestra “optimista” sobre una posible “solución”.
En cuanto a partidos políticos, el PSOE anuncia una batería de propuestas en el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados en defensa del comercio del cangrejo rojo como “tradición y principal sustento para las familias de Isla Mayor”, según la secretaria general sevillana, Verónica Pérez. El PP de Sevilla muestra su “preocupación” por las consecuencias de la sentencia y apoya “sin paliativos” al sector, asegura Juan Bueno.
Organizaciones agrarias como UPA-A instan a “unir fuerzas” para reclamar “una salida”. La cuestión es defender una especie que en la marisma del río Guadalquivir genera “grandes beneficios sociales y medioambientales”. Como Asaja, que advierte del “problemón” y la “ruina” que supone un problema para el que señala “un único y directo responsable: Ecologistas en Acción”. Desde las fuerzas sindicales, CCOO reclama un “plan de emergencia” para contrarrestar el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo.