El Gobierno amplía el PER por la lluvia en año de sequía copiando argumento de otros años
El próximo 30 de junio, los Ayuntamientos recién constituidos, tenían cerrar los proyectos relacionados con el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA), el antiguo PER. Ya no. Con fecha 10 de junio, el BOE publica una orden ministerial que amplía ese plazo en tres meses. Hasta el 30 de septiembre. La orden se parece mucho a la de 2013 y 2014. Tanto que comparte, además de la publicación al límite casi de los plazos, el argumento: “las lluvias continuas acaecidas durante el invierno”. Es más, señala que han afectado “en particular al ámbito territorial de Andalucía, Extremadura y las zonas rurales deprimidas”. Circunstancia que según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social “ha dificultado fuertemente las obras a realizar por las corporaciones locales y obligado a retrasar o paralizar” los proyectos incluidos en lo que aún se conoce como el PER.
En 2014 y 2013, la orden recoge argumentos idénticos en una suerte de 'corta y pega' aplicada al BOE. La diferencia viene dada por la demanda. En esos años, alcaldes andaluces y extremeños insistieron en la ampliación del plazo para justificar los proyectos por inclemencias meteorológicas que habían dificultado las tareas. Este año no ha sido así. Todo lo contrario, los ayuntamientos han acelerado los trabajos porque las condiciones meteorológicas lo han permitido y la breve cosecha -derivada de las escasas lluvias del año pasado, entre otros aspectos- ha hecho aumentar la demanda de empleo temporal.
El secretario provincial del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha sembrado una duda sobre la posibilidad de que alcaldes del PP tuvieran información privilegiada al respecto, dado que la orden llega cuando la mayoría de los proyectos están acabados o a punto de finalizar. El plazo de contratación expira el 30 de junio, por lo que “esta decisión no tiene sentido si ningún alcalde sabía que el Ministerio la iba a tomar”, según Francisco Reyes. Ha puesto en duda “si tenían esta información privilegiada, si en el PP conocían de antemano que se iba a producir esta prórroga y si los alcaldes del PP también lo sabían”. Y ha dejado caer una sospecha “No queremos pensar que el PP está jugando con las cartas marcadas en una cosa tan seria”. Todo esto permitiría a los alcaldes planificar con más tiempo lo trabajos y, de paso, optimizar al máximo el reparto de peonadas.
El argumento de la lluvia resulta especialmente llamativo en provincias como Jaén donde la campaña de aceituna ha sido inusualmente corta. En parte, por las altas temperaturas y las lluvias irregulares de 2014 que provocaron una caída de la producción cercana al 50%. En parte también porque la ausencia de precipitaciones permitió dar por finalizada la cosecha a comienzos de año. Lo que facilitó a los ayuntamientos, una vez aprobadas sus propuestas, iniciar los trabajos contemplados en el PROFEA para justificarlos en tiempo y forma. De hecho, ya en 2014 en algunas zonas de Andalucía el campo dio la voz de alarma ante un posible ciclo de sequía. En esta primera mitad del 2015, algunas organizaciones ya han llamado la atención de cómo la falta de lluvias está afectando a cultivos como el cereal.
Precipitaciones
En el año hidrológico 2012-2013 –los años hidrológicos se miden del 1 de octubre al 30 de septiembre siguiente-, la media nacional de precipitaciones superó los 800 litros por metro cuadrado. Entonces, se reclamó por primera vez al Ministerio la ampliación del plazo para desarrollar y justificar los proyectos del PROFEA. La orden llegó a finales de junio.
En 2014, se repitió la demanda, aunque entonces la media de lluvias no alcanzaba ni al histórico. Este año, en Andalucía, salvo zonas como Grazalema o Alajar que suelen batir récords de precipitaciones, la media está por debajo de los 400 litros por metro cuadrado, lejos de los 648 de la media de la serie histórica nacional.
Los fondos que deben justificar los ayuntamientos se corresponden con los 147.7 millones de euros que en 2014 se asignaron a Andalucía en el marco del PROFEA. De esa suma, más de tres cuartas partes forman parte del Plan de Garantía de Rentas. Algo más de 116 millones de euros con los que los municipios contratan a desempleados agrícolas.
Con esos fondos se realizan proyectos de interés social y general como conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental o la mejora de infraestructuras urbanas. A los trabajadores les permiten completar la renta y el número de jornales para cobrar el subsidio agrario. Se estima que esos fondos generarán alrededor de 2 millones de jornales en la comunidad. El año pasado se contabilizaron, con una inversión similar, algo más de 100.000 contratos.
Lo que sí ha eliminado el Gobierno de la orden es la obligatoriedad para los ayuntamientos andaluces de solicitar la ampliación del periodo. En 2014, la orden señalaba que la prórroga era automática en el ámbito de Extremadura mientras que obligaba a los municipios andaluces a justificar su petición de ampliación. Ahora, el plazo se abre en igualdad de condiciones. Amplía plazos aunque no fondos.
