Miguel Ángel Losada es una autoridad en el Río Guadalquivir. No ostenta cargo ni poder alguno. La suya es la autoridad del conocimiento: la de haber radiografiado el estuario del río con más de un centenar de instrumentos durante tres años. Lo hizo con un equipo multidisciplinar y su conclusión dejaba poco lugar a dudas: el Guadalquivir estaba en estado terminal y un dragado de profundización le daría la estocada de muerte.
La polémica se avivó la semana pasada, cuando el Puerto de Sevilla convocó una rueda de prensa y anunció que se suspendía un proyecto que llevaba coleando casi dos décadas. Muchos lanzaron las campanas al vuelo, pero el profesor de la Universidad de Granada debió torcer el gesto al repasar las palabras de Manuel Gracia, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
“El muerto sigue muy vivo”
Tal y como reflexiona Losada, “se trata de la suspensión de un proyecto, no de una cancelación ni de una anulación. La suspensión era obligada, porque Puertos del Estado ha quitado de sus presupuestos una cuantía económica (para el dragado). Por lo tanto, lo mismo que sale, puede volver a entrar. El muerto sigue muy vivo. Para que este proyecto se declare cerrado, Medio Ambiente tiene que declarar, por orden ministerial, que cualquier intervención nueva en el Guadalquivir necesita un nuevo estudio ambiental y que el proyecto anterior no se puede tramitar”.
La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, comunicó la semana pasada en el Senado que “el proyecto actual no cumple con las condiciones que estableció la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en su momento y, por lo tanto, no puede ejecutarse, no hay ninguna intención de hacerlo”. El Gobierno ha eliminado el dragado de sus presupuestos generales, pero Losada teme que en cualquier momento se reactive.
Esa reactivación podría venir con el apoyo de algún estudio científico nuevo. “Nuestro estudio puso de manifiesto con medidas, observaciones, teorías y desarrollo cuál eran las condiciones precarias y terminales. Teníamos más de cien instrumentos, que durante tres años dieron información con más del 90% de fiabilidad y nos ha permitido hacer esta radiografía tan precisa del estuario. El Puerto desmanteló una red de medidas, que costaba mantenerlas menos de 100.000 euros al año. Difícilmente podrá contrastar lo que proponga” con cualquier nuevo estudio.
Como recuerda Losada, el estudio científico que él dirigió contaba con una comisión científica externa, que “evaluó y aprobó la propuesta, le hizo un seguimiento y al final sacó unas conclusiones”. Lo financió la Junta de Andalucía, lo coordinaron miembros del CSIC y la Universidad de Granada y pusieron en marcha a más de un centenar de personas, que recogieron millones de datos que han dado no solo para frenar un proyecto que podía ocasionar graves daños ambientales, sino para generar más de cien artículos científicos.
Losada denuncia que los estudios científicos actuales carecen de comisión externa, “no se ha publicado lo que van a hacer y no se informa de los datos que obtienen. Estamos haciendo más de lo mismo que se hace desde 2006”. Para el biólogo se trata de una “actitud camaleónica”, en la que se emplean “palabras de científicos y ONG, que a la sociedad le suena bien, pero en realidad se van preparando para hacer lo que les dé la gana sin control”.
La dinámica del estuario del Guadalquivir
Para entender el problema de un dragado de profundización de hasta ocho metros, gracias al cual podrían entrar barcos de mayor calado en el Guadalquivir, hay que entender cómo son las dinámicas del río. Cuando el Guadalquivir está a punto de llegar al mar, se convierte en estuario y el agua dulce se mezcla con la salada. Es en esa mezcla de agua dulce y salada, movida por las mareas que entran desde el Atlántico, donde está “todo el potencial de vida”.
“Al dragar se incrementa de forma artificial la marea que entra en el estuario. Que haya más amplitud de marea, quiere decir que hay mas velocidad y más capacidad de resuspensión de sedimento. El del Guadalquivir es uno de los estuarios más turbios del mundo. Con tanta turbidez, no penetra la luz, no hay procesos fotosintéticos y se limita la vida. Ese proceso solo se puede inhibir con agua dulce”, explica Losada.
De ese modo, para hacer un dragado de semejante calado, habría hecho falta mucha agua dulce que controlara esos procesos de turbidez. Cuanto más se inunde, “más agua de marea entrará. Si se convierte el estuario del Guadalquivir en canal y no se deja que entre agua en las zonas mareales, la única agua para limpiar y renovar es la que entra por el canal. Si no dejo que se expansione esa marea, le quito al estuario el potencial de meter agua limpia y sacar agua sucia. ¿Quién controla el dragado? El Puerto. ¿Quién controla el agua dulce? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ¿Quién controla las zonas territoriales que se inundan o no? La Junta. La CHG con su falta de gestión está promoviendo la muerte ecosistémica del río”.
Es decir, el científico reparte responsabilidades sobre el estado del río. “El Puerto no es el único responsable. La CHG no se ha sentado con el Puerto para ver cuánta agua dulce tiene que aportar en función de un perspectiva ecosistémica del Estuario. Ni la Junta ha dicho cuántas zonas puedo inundar, regenerar, para que su territorio, trabajando con las otras administraciones, se convierta en un territorio limpio, saludable, sostenible, ecosistémico, donde se favorezcan otras economías como la pesca o el turismo”.
El Supremo y la UNESCO, contra el dragado
El Gobierno no solo ha eliminado el proyecto de los presupuestos generales para este año, sino que ha informado de que que era imposible aprobarlo teniendo en contra al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, una sentencia del Tribunal Supremo, las conclusiones de la Comisión Científica y la posición del Consejo de Participación de Doñana, que votó en contra de manera contundente.
Desde la Junta de Andalucía, se han limitado a lo obvio: que respetan la decisión del gobierno central y, como ha dicho el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, que al Puerto le toca “reinventarse” y desarrollar “un plan estratégico que sea compatible con la pervivencia de Doñana”.
Los empresarios del arroz, por su parte, celebran que se elimine un proyecto que, por el aumento de la salinidad en el río, podía afectar sus cultivos. Julián Borja, expresidente de la patronal de arroceros, que ha luchado contra este proyecto durante años, le señalaba a este diario que el aumento de la salinidad “significaría un aumento de la dotación de agua necesaria para cultivar el arroz. En una cuenca con temporadas de tantas sequías, iríamos muy ajustados de agua”.
Desde WWF coinciden con Miguel Ángel Losada y consideran “imprescindible que el rechazo del Gobierno al dragado del Guadalquivir se concrete con un acto administrativo concreto, que ponga Doñana a salvo de manera definitiva y ofrezca garantías legales de que no se permitirá ningún proyecto similar. Un paso básico es anular la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, del año 2003”.