20 años de Aznalcóllar: los ecologistas advierten de que “otro vertido puede ocurrir”
19 de enero de 1996. Un funcionario habla de manera anónima para los informativos de Canal Sur sobre la balsa de Aznalcóllar: “El peligro es enorme, puede reventar cualquier día. Si esto revienta, todo se acaba: el nivel freático, Doñana, todo…”.
Dos años después, el 25 de abril de 1998, la predicción de aquel funcionario se cumplió al pie de la letra: la balsa de la mina de Aznalcóllar no fue capaz de soportar por más tiempo la presión de aquellas aguas contaminadas con ácidos, metales pesados y otros residuos peligrosos.
Los testigos lo recuerdan como un terremoto. Un informativo de Canal Sur relataba que “en las provincias de Sevilla y Huelva están encendidas todas las alarmas (…). El vertido, que contiene metales pesado, ha afectado a casas y cultivos. Se teme que afecte a Doñana”. Y así fue. Horas después de que los muros reventaran, el agua contaminada seguía saliendo del dique y el torrente llegó al cauce del Río Guadiamar, dejando a su paso una riada de metales pesados como arsénico, cadmio, plomo y zinc, y enfilando hacia el corazón de Doñana.
Según datos recabados por las principales organizaciones ecologistas españolas, “la rotura de la balsa de residuos de la multinacional Boliden en la minas de Aznalcóllar liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos. Envenenó la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegó al espacio natural de Doñana”.
Las organizaciones verdes cifran en más de 200 millones de euros el coste de un desastre ambiental comparable al del accidente del Prestige en el litoral gallego. Según Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF, que se han reunido este martes en Sevilla para conmemorar el 20º aniversario del desastre ambiental, el peligro no ha pasado. Nuevas amenazas mineras se ciernen sobre Doñana, como la posible rotura de las presas de Riotinto o la reapertura de Aznalcóllar (Mina de los Frailes) que podría verter “al Corredor Ecológico del Guadiamar de 14 hm3 de aguas ácidas”.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF en España, explica que “Aznalcóllar se podría repetir. Si se reabre la mina en las condiciones que se habla, Doñana vuelve a tener una espada de Damocles inaceptable, un monstruo en su cabecera. No lo podemos aceptar”. Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, subraya que hoy en día existen “dos dinámicas muy peligrosas: la relajación de la normativa y la relajación de los controles de la administración para controlar estas explotaciones”.
Denuncian que la Junta de Andalucía ha otorgado la concesión minera a una empresa, Minera Los Frailes, una filial de la multinacional Grupo México, que no participó bajo este nombre en el concurso minero. Los grupos verdes exigen a la Junta de Andalucía que se le retire la concesión de explotación de la mina, ya que “se ha otorgado sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Unificada”.
Desde el gobierno andaluz señalan que la empresa a la que se concedió la explotacion de la mina “está clara”, ya que la principal sociedad propietaria de Minera Los Frailes es el Grupo México, y que “las actuaciones van teniendo los permisos correspondientes a cada momento.
Ahora están en fase de investigación y los permisos que mencionan los ecologistas los van a necesitar para la fase de explotación“. En un principio se generaron dudas sobre la adjudicación sobre la explotación de la mina, pero se terminó archivando la causa.
Los muros se pueden fracturar
Sin embargo, lo que ahora mismo preocupa más a las organizaciones ecologistas es el posible colapso de lodos de la Mina de Riotinto. Los grupos verdes denuncian que la Junta de Andalucía “está permitiendo la actividad minera de la empresa Atalaya Riotinto Minera, a pesar de que esta compañía incumple de manera continuada desde hace más de tres años las condiciones de procesado de los lodos, contribuyendo aceleradamente al deterioro y la inseguridad de las presas que los retienen”.
La compañía minera está obligada a construir una planta de espesado y está vertiendo, según denuncian los ecologistas, lodos a las balsas “con un contenido líquido del 70% mientras que las autorizaciones ambientales y mineras obligan a espesarlos por debajo del 50%. Esto acelera la posibilidad de que los muros de las presas se fracturen”.
Fuentes de la Junta de Andalucía señalan que, tras paralizarse por orden de la administración andaluza, la mina continúa actualmente con su actividad, ya que la empresa presentó un informe del Colegio Oficial de Minas “en el que se ponía de manifiesto que no se incumplían las condiciones de seguridad”. Técnicos de la Junta de Andalucía están inspeccionando el “recrecimiento de los muros” denunciado por las organizaciones ecologistas.
Los grupos verdes no son los únicos que han mostrado su preocupación por los riesgos de la actividad minera. Naciones Unidas le pidió al Gobierno de España el año pasado que les informaran sobre cualquier tipo de proyecto agrícola, industrial o comercial que pueda afectar en el futuro a Doñana, que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Exigen que se evalúen globalmente los “impactos acumulados del uso del agua y de desarrollo agrario, industrial y comercial”.
La restauración de la zona contaminada
¿En qué estado se encuentran hoy las tierras regadas con metales pesados por el vertido de la mina? Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la organización SEO/Birdlife, critica que “20 años después del mayor desastre ambiental, todavía no se han terminado los proyectos de recuperación de la zona afectada, como pueden ser el brazo mareal o el caño del Guadiamar”.
Su restauración comenzó en 1998, retirándose los lodos y los primeros diez centímetros de suelo, ya que la contaminación había penetrado hasta capas más profundas. Para contrarrestar la acidez del arsénico y los carbonatos, se empleó óxido de hierro y se añadió tierra compostada rica en materia orgánica. Buena parte de la inversión pública se fue en comprar las tierras agrícolas afectadas, que se reforestaron con árboles y arbustos mediterráneos, convirtiéndose en el Corredor Verde del Guadiamar, un espacio protegido fundamental para que Doñana no quede desconectada.
Paula Madejón, investigadora del CSIC que trabaja en la zona, explica que “sigue habiendo metales pesados en el suelo, hay contaminación residual en el suelo. La vegetación ha proliferado muy bien y hay mucha fauna. El ecosistema se ha recuperado bastante bien, aunque hay que tener precaución. Queda contaminación residual, porque era muy complicado retirarlo todo. Nuestro hándicap principal es la falta de financiación, que la seguimos buscando a través de fondos europeos y nacionales”.
Esa financiación es necesaria para controlar el nivel de contaminación. Según Madejón, la contaminación se ha estabilizado, pero hay que estar vigilantes, en caso de que cambien las circunstancias. “Hay elementos como el cadmio, que son más móviles y problemáticos, porque es capaz de pasar a la cadena trófica. Es importante que se prohíba cazar y pescar en la zona, como ya ocurre”, explica.
No se pueden recolectar caracoles ni setas y el ganado no puede alimentarse de las plantas de la zona, que tienen altos niveles de metales pesados. “Es importante que la gente no recolecte setas en la zona, pero es una zona maravillosa para montar en bicicletas y hacer actividades recreativas”, explica la investigadora.
La labor de los voluntarios
Asunción Ruiz, de SEO/Birdlife, recuerda que la recuperación de las tierras contaminadas fue posible gracias al trabajo de muchos voluntarios, demostrado que “la sociedad española es una sociedad ejemplar”. Subraya Ruiz que “las organizaciones ecologistas no somos catastrofistas. Se pueden prevenir estas catástrofes y Andalucía no está lejos de posibles catástrofe…, otro Aznalcóllar puede ocurrir. Queremos alertar de un claro y preocupante incremento del extractivismo minero que se está produciendo en todo el país”.
Las alternativas económicas, como el Polígono de Actuación Medioambiental en Aznalcóllar, no han terminado de fructificar y Juan José Fernández, el alcalde de una de las localidades con más paro de la provincia de Sevilla no ha dejado de reclamar que se reabra la mina.
En este sentido, Juan Carlos del Olmo, director de WWF, ha rechazado el proyecto de ‘minería verde’ impulsado por la Junta de Andalucía en los últimos años. “No existe la minería ecológica. Durante años nos han tratado de marear con estas ideas. La Junta de Andalucía tiene que buscar alternativas y hacer una transición ecológica”, ha concluido.
