El escenario paralelo en el que transcurre la contienda entre la Junta de Andalucía y el Ejecutivo Rajoy sigue llamándose Tribunal Constitucional. La Junta ha decidido añadir un nuevo recurso a sumar a la tensión judicial entre ambas administraciones. Si hace sólo unas fechas Madrid presentaba un recurso contra el decreto de la función social de la vivienda aprobado en Andalucía, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la interposición de otro contra la nueva Ley de Costas.
La Junta considera que esta norma tiene visos de inconstitucionalidad, supone un ataque frontal a la protección del dominio público marítimo terrestre e invade competencias de la comunidad autónoma. Se convertirá así en el séptimo recurso presentado por Andalucía esta legislatura, tras sendos elevados contra los recortes en sanidad y educación, otros dos contras las nuevas tasas judiciales, un quinto por las políticas en energías renovables y un sexto contra el cambio en los horarios comerciales. Y en total serán ya 22 los litigios abiertos entre las dos administraciones.
No es ninguna sorpresa el hecho de que ambos gobiernos acudan al Constitucional para mostrar desacuerdo explícito con normas o leyes aprobadas por uno u otro. Es más, cuando se anunció el decreto, las primeras reacciones de la oposición, luego rectificadas por el PP nacional, fueron el anuncio de un futuro recurso. Ha habido cambio de opinión y el pronóstico se cumple: se presentará.
Es el último capítulo de un enfrentamiento judicial que tiene una larga historia. Esta rivalidad judicial ha estado más presente, lógicamente, en los momentos en los que ha existido diferente color político (entre 1996 y 2004 y desde noviembre de 2011). Y aunque a veces pueda parecer que la Junta es la que está en permanente disputa, es el Gobierno central el que tiene más asuntos pendientes de resolver contra la Administración autonómica.
Ambas administraciones tienen actualmente, con el nuevo anuncio, 21 conflictos y recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver, según fuentes del alto tribunal. De ellos, 12 fueron planteados por el Ejecutivo central contra decisiones de la Junta y sumando el recién anunciado ya son 13. Mientras, 8 han sido interpuestos desde Andalucía contra resoluciones de carácter estatal (seis de ellos, desde que Mariano Rajoy es presidente de la nación).
Los gobiernos central y autonómico se han intercambiado históricamente golpes en forma de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (decretos-leyes y decretos legislativos). La financiación autonómica marcó principalmente la conflictividad desde Andalucía mientras José María Aznar dirigía el país (1996-2004), con hasta 11 recursos en este sentido, que fueron retirados en un mismo Consejo de Gobierno (junio de 2004), nada más llegar José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ahora, cuestiones de corte social como la ratio de alumnos por aula o el copago farmacéutico centran los actuales desencuentros entre ambos y es la Junta la que más pleitea. La aplicación de nuevas tasas judiciales, la liberalización de horarios comerciales y las medidas relativas a energías renovables completan las normas que el Gobierno de coalición PSOE-IU considera inconstitucionales.
La temática de los conflictos interpuestos desde Madrid es más variada, al estar también más extendidos en el tiempo. Pero hay un asunto que está siendo objetivo prioritario del Ejecutivo central, con hasta tres recursos en idéntica línea: la subasta andaluza de medicamentos que, a juicio del Gobierno Rajoy, vulnera las competencias del Estado en materia de sanidad y legislación farmacéutica. Esta insistencia ha levantado las iras de la Junta, y la consejera de Salud ha aludido a la “falta de respeto” del Ejecutivo hacia el alto tribunal por la sucesión de recursos iguales, si bien espera que el último (del pasado febrero) corra la misma suerte que los anteriores (desestimados en julio y diciembre de 2012) y la subasta continúe con normalidad. Bien es cierto que la legislación que prepara el Ejecutivo Rajoy podría dificultar la medida de la subasta a Andalucía.
Los últimos conflictos y el problema de los 'gran reserva'
Los últimos conflictos y el problema de los 'gran reserva'En mayo el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso promovido por la Junta contra tres normas del Gobierno central que considera un “ataque” al sector de las energías renovables, con especial incidencia en la comunidad autónoma. La notificación fue conjunta para las tres normas recurridas, según fuentes de la Consejería de Economía e Innovación.
También en mayo la Junta presentó un segundo recurso contra las tasas del ministros Gallardón: el primero fue contra la Ley y segundo, contra la supuesta modificación a la baja de algunas tasas, “insuficientes” a juicio del Gobierno andaluz ya que “siguen limitando el acceso al servicio de Justicia por cuestiones económicas”. Aunque aún no ha sido admitido a trámite.
De hecho, es habitual la dilatación temporal de las resoluciones. Por poner solo un ejemplo, el gabinete jurídico de la Administración andaluza conoció el pasado enero que el Constitucional anulaba una ley autonómica aprobada en 2002, más de diez años después, otorgando libertad de colegiación a los funcionarios públicos. “Nos puede pasar esto”, lamentaba el consejero de Justicia, Emilio de Llera, “que nos encontremos con un recurso que es 'gran reserva' del 2002”.
La Junta no siempre se enfrenta sola
La Junta no siempre se enfrenta solaLas comunidades de Navarra y Asturias también han presentado recursos de inconstitucionalidad contra las decisiones del actual Gobierno de la nación sobre la prestación de servicios públicos, tanto contra las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; y contra las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Navarra y Extremadura también acompañan a Andalucía contra las medidas aprobadas por el Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Cataluña, por su parte, ha sido la otra comunidad que no comparte la regulación de las tasas en la Administración de Justicia.
Respecto a los recursos anunciados por Andalucía (el de las energías renovables y el de la modificación de la ley de tasas judiciales), fuentes del Tribunal Constitucional indican que aún no tienen constancia de ningún conflicto planteado en ese sentido por otra región, ni tampoco consta en el informe de conflictividad de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a fecha de 31 de marzo, y que pulsa el grado de conflictividad del Gobierno y las comunidades autónomas.