La jueza María Núñez Bolaños, que desde hace unos meses se encarga del caso ERE, ha unificado la 'pata política' de la causa incoando diligencias previas contra 52 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Así, apuesta por continuar la instrucción de forma separada respecto al denominado 'procedimiento específico' por el que se concedieron las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas que se vienen investigando desde hace casi cinco años.
Núñez, en un auto fechado este mismo martes, entiende que “pudieran ser penalmente responsables” tanto los dirigentes que han declarado ya en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como los que fueron pasando por el despacho de la jueza Alaya durante toda la instrucción y que no eran aforados como los anteriores. Los hechos que resultan de esta pieza “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito continuado de prevaricación, dice la jueza, que no hace alusión a la supuesta malversación de la que el Supremo exculpó a los expresidentes aunque no a José Antonio Viera.
Después de acordar la división de la causa a finales de julio, cuando la jueza habla de la pieza del 'procedimiento específico' se refiere que presuntamente se pusieron en manos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo unos fondos que separaban la concesión de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, que no se sujetaban a fiscalización previa de la Intervención General y cuyos pagos sólo estaban sujetos a fiscalización con posterioridad. Dicho procedimiento tendría tres variantes, a las que hace mención en este auto siguiendo la tesis de la Fiscalía, en virtud de convenios individuales entre la Consejería de Empleo y el entonces IFA, del convenio marco de 17 de Julio de 2001 igualmente entre la Consejería y el IFA, y la encomienda de gestión de 2010.
Los 52 exaltos cargos mencionados en el auto habrían tenido presuntamente “la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha” de dicho procedimiento, por el cual “se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación como sistema de ayudas a las empresas (subvenciones) por razones sociolaborales y por otros motivos diversos”. Este sistema “operaba incorrectamente” como forma de conceder subvenciones y se plasmaría posteriormente en los sucesivos presupuestos de la Junta de Andalucía, según la tesis de la jueza que recoge así la posición de Alaya en este sentido.
Ese modus operandi con las transferencias se llevaría a cabo con las modificaciones presupuestarias, a través de las cuales se incrementaron los créditos de transferencia de la Consejería a IFA/IDEA. El grueso de los fondos no se destinaban a gastos de explotación sino a pagos a terceros en concepto real de subvenciones, explica Núñez Bolaños. Se hicieron 22 modificaciones entre 200 y 2010, recuerda el auto, que da a los aludidos tres días para presentar recurso de reforma o cinco días para recurso de apelación ante la Audiencia.