La Audiencia de Sevilla ha emitido una providencia en la que pide al Tribunal Supremo que determine qué Fiscalía debe informar finalmente sobre los indultos solicitados por ocho exaltos cargos de la Junta condenados a penas de cárcel por el caso de los ERE, entre ellos el del expresidente socialista José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por malversación aunque su pena está actualmente suspendida merced al cáncer de próstata que padece.
En una providencia difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Primera de la Audiencia Provincial pregunta al Supremo antes de proceder al traslado para informe del Ministerio Fiscal. Recordemos que el pasado octubre, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, señalaba que el informe que debe aportar la Fiscalía sobre los indultos aún no había sido emitido, estando aún pendiente de resolver una disyuntiva competencial dirigida a dirimir cuál de las instancias de la Fiscalía debe elaborar dicho informe.
“Hay que resolver una cuestión competencial sobre si le corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a la Fiscalía Anticorrupción, cuyos delegados están en Sevilla”, manifestó el fiscal general del Estado.
Actualmente cumplen pena de prisión por el mecanismo específico de financiación autonómica de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.
Aparte del caso de Griñán, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, también condenado a cárcel por malversación, tiene actualmente suspendida su pena después de que, a la hora de resolver los recursos de casación, el Supremo rebajase su condena a tres años de cárcel. Por su parte, el exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión.
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