Antonio Rivas, exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla e investigado en el caso de los ERE, considera “de evidente relevancia” que el juzgado aborde “la legalidad o ilegalidad de las ayudas” que se vienen investigando. Por eso, aunque la solicitud de diligencia no ha sido propuesta por su parte, ha recurrido la decisión del juez de rechazar la práctica de la prueba para que declaren tres cargos del Ministerio de Empleo.
“Es claramente relevante escuchar las declaraciones de los testigos-peritos propuestos, precisamente al objeto de dilucidar si resulta ser ilegal y perseguible penalmente en Andalucía aquello que venía siendo legal y notoriamente admitido para el resto de España, todo ello en razón de una normativa de ámbito estatal con vigencia en todo el territorio nacional”, explica Rivas en su recurso de reforma y apelación.
Rivas defiende que ni ha tenido “ninguna participación” en la tramitación de las concretas ayudas “ni en ninguna otra” pero es de destacar que sea un exresponsable de la Administración regional, y no un particular, el que considere que “en cualquier caso la legalidad o ilegalidad de las mismas es una cuestión de evidente relevancia para el resultado de la causa, y como defensa estamos nítidamente interesados en que la misma se esclarezca en este procedimiento, con independencia que sea relevante también en otros procedimientos”.
En su breve recurso también denuncia este exdelegado andaluz que “la ausencia de la debida motivación es patente”. “Una resolución judicial de tal trascendencia para los derechos e intereses de las personas investigadas en el presente caso debe venir suficientemente motivada, huyendo de fórmulas genéricas y en todo caso con expresa indicación de los recursos que contra la misma caben”. Cabe recordar que el juez respondía que “no ha lugar a lo solicitado al no ser objeto de la presente causa”.
“No cabe que mediante una providencia se proceda sin más a inadmitir las pruebas o diligencias propuestas por una de las representaciones procesales en el ejercicio del derecho de defensa”, lamenta el recurso, que señala que la argumentación efectuada por la defensa que propone la prueba “es ciertamente contundente y pone claramente en entredicho, por no afirmar que contradice frontalmente, los presupuestos a partir de los cuales se ha construido la instrucción”, dividida en piezas desde hace unos meses.