Una juventud que paga las consecuencias de las crisis, ahora de la inflación

Superar las crisis siempre supone un reto para la sociedad, pero todos y todas no tenemos las mismas herramientas para superarlas, y desgraciadamente en esto la juventud sale perdiendo. A raíz de 2008, la juventud ha sufrido una crisis tras otra, en las que han ido perdiendo derechos importantes para su desarrollo personal, laboral y para su futuro. Sin duda el desempleo, los bajos salarios, la precariedad, inestabilidad laboral, la cultura y discriminaciones machistas, la falta de vivienda, formación, o las escasas políticas dirigidas a resolver estos problemas han supuesto un freno a sus expectativas porque en momentos de auge económico parece que se resolverán por sí solos, y en momentos de crisis no son tan urgentes.

A la vista de que 2022 parecía que iba a ser un año de recuperación, nos encontramos con un incremento de precios nunca visto desde 1986 en Andalucía, y esto, por supuesto, afecta como siempre en mayor medida a las rentas más bajas, situando a la juventud, y en especial a las mujeres jóvenes, en riesgo. Las y los jóvenes andaluces siguen siendo los campeones en precariedad, presentando una brecha del 23,4% respecto al salario medio de la población total, cuando en 2008 era del 9,8%. Y todo esto cuando la gran parte del empresariado andaluz se resiste a aumentar los salarios de los trabajadores y trabajadoras andaluzas, mientras baten récords de beneficios en este año.

Estamos en un momento muy preocupante, a la vez que decisivo, con una tasa de paro en menores de 24 años que supera el 44%, una temporalidad que se acentúa en Andalucía (un 42%, 10 puntos más que la media nacional), y una parcialidad que ahoga especialmente a las mujeres (32,8%).

El empresariado no puede ponerse de perfil, debe abandonar el bloqueo en la mejora de condiciones laborales, especialmente de los salarios y de la estabilidad laboral de los más jóvenes, abandonando su idea de que son mano de obra barata, incluso gratis

Desde todos los ámbitos el mensaje es unánime: sois lo más importante, el futuro depende de vosotros, nos preocupamos..., pero la realidad es que la única respuesta que reciben es la precariedad y falta de oportunidades. Y desde CCOO de Andalucía creemos que vamos tarde para afrontarlo, pero con las políticas y acciones adecuadas es posible.

Para empezar el empresariado no puede ponerse de perfil, debe abandonar el bloqueo en la mejora de condiciones laborales, especialmente de los salarios y de la estabilidad laboral de los más jóvenes, abandonando su idea de que son mano de obra barata, incluso gratis, y dejar de usarlos como pañuelos de usar y tirar.

Hay que decir que algunos brotes verdes han llegado desde el Gobierno estatal: la subida del SMI, el acuerdo de reforma laboral y el aumento de becas estatales, o el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, que han supuesto un impacto significativo en la situación de miles de jóvenes en Andalucía. Pero aquí todos tienen que hacer sus deberes, y traducir ese mensaje unánime en hechos.

El Gobierno andaluz, que en la pasada legislatura permaneció impasible ante los problemas de la juventud, ahora anuncia un giro en su política centrándose en un “Plan Estratégico para la Juventud”. Las líneas de este Plan ya se conocen desde abril de este año, pero volvió a ser anunciado a bombo y platillo en el discurso de investidura del presidente. Desde CCOO de Andalucía ya trasladamos al Gobierno andaluz la inconcreción y ausencias importantes de este Plan, como medidas para la creación de empleo o la apuesta por el empleo de calidad.

Esperamos medidas de calado con respecto a la política de vivienda, porque es alarmante que la juventud de entre 26 y 35 años deba destinar más de un 72% de su salario al alquiler y que la imposibilidad de emanciparse trunque sus vidas personales

En la anterior legislatura, el Gobierno andaluz redujo a la mínima expresión las políticas activas de empleo destinadas a la juventud, especialmente la Orientación laboral, y aunque firmó el “Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía”, que, entre otros objetivos, contemplaba la elaboración de un Plan de Empleo Juvenil, hasta la fecha no se ha hecho nada. Por el contrario, sigue centrando su empeño sistemáticamente en el emprendimiento, como huida de las grandes cifras de paro juvenil. Igualmente, anuncia una apuesta por la formación profesional que ahora mismo llega a cuentagotas, y que vemos necesaria, pero a través de una apuesta por la inversión pública y no mediante el incremento de la colaboración público-privada donde se conciertan cada vez más plazas en centros privados y se da la espalda a la enseñanza pública. Además, la disminución de las ratios en la educación es ya perentoria para mejorar la atención personalizada y de calidad al alumnado joven. Igualmente, esperamos medidas de calado con respecto a la política de vivienda, porque es alarmante que la juventud de entre 26 y 35 años deba destinar más de un 72% de su salario al alquiler y que la imposibilidad de emanciparse trunque sus vidas personales. Se debe recuperar la construcción de vivienda protegida con los límites legales establecidos y a través del registro público de demandantes, de forma que se garantice que el esfuerzo máximo sea de un 1/3 de la renta familiar para la compra, y un ¼ para el alquiler de una vivienda protegida.

Estamos en un momento decisivo, en el que hay recursos económicos. Solo se necesita voluntad para destinarlo a aquello que realmente supone garantías de desarrollo y de futuro de nuestra sociedad. Pero necesitamos políticas y acciones reales, encaminadas a mejorar la calidad de vida, y que no se queden en un mero discurso, mermando el futuro de nuestra juventud y de Andalucía.

Superar las crisis siempre supone un reto para la sociedad, pero todos y todas no tenemos las mismas herramientas para superarlas, y desgraciadamente en esto la juventud sale perdiendo. A raíz de 2008, la juventud ha sufrido una crisis tras otra, en las que han ido perdiendo derechos importantes para su desarrollo personal, laboral y para su futuro. Sin duda el desempleo, los bajos salarios, la precariedad, inestabilidad laboral, la cultura y discriminaciones machistas, la falta de vivienda, formación, o las escasas políticas dirigidas a resolver estos problemas han supuesto un freno a sus expectativas porque en momentos de auge económico parece que se resolverán por sí solos, y en momentos de crisis no son tan urgentes.

A la vista de que 2022 parecía que iba a ser un año de recuperación, nos encontramos con un incremento de precios nunca visto desde 1986 en Andalucía, y esto, por supuesto, afecta como siempre en mayor medida a las rentas más bajas, situando a la juventud, y en especial a las mujeres jóvenes, en riesgo. Las y los jóvenes andaluces siguen siendo los campeones en precariedad, presentando una brecha del 23,4% respecto al salario medio de la población total, cuando en 2008 era del 9,8%. Y todo esto cuando la gran parte del empresariado andaluz se resiste a aumentar los salarios de los trabajadores y trabajadoras andaluzas, mientras baten récords de beneficios en este año.