27S, en defensa de un planeta vivo y un mundo justo

La crisis climática no permite más dilación. Hay que actuar con una respuesta urgente, común y unitaria y aquí radica el verdadero cambio necesario. Urgente porque el diagnóstico de la comunidad científica acerca del calentamiento global es ya unánime e irreprochable, además de advertida desde hace años, ya que, si no se ponen en marcha medidas eficaces de mitigación y adaptación en todo el mundo, los diversos informes aseguran que la producción agrícola mundial bajará un 30% mientras la demanda de alimentos básicos crecerá un 50% para el 2050. Además, los problemas serán más graves ya que habrá 1.400 millones más de personas afectadas por la falta de agua.

Estos efectos serán más intensos en la región mediterránea y en concreto en nuestra comunidad, al ser una de las más afectadas por los desplazamientos de población y efectos en la salud de las personas, por la pérdida de biodiversidad y empobrecimiento y aumento de las desigualdades en cualquiera de sus expresiones; en definitiva, unas consecuencias catastróficas para las generaciones presentes y futuras.

Igualmente la respuesta debe ser común y unitaria porque el modelo de producción y consumo actual sigue poniendo en riesgo nuestra supervivencia y, en especial, la de las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. Y en esto deben actuar todas las partes implicadas: ciudadanía, empresas y gobiernos.

La ciudadanía es el motor de ese cambio necesario tanto por su capacidad de presión al resto de actores como por su parte de responsabilidad en el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, el 60% en el conjunto de sectores residencial, servicios y transporte. Hemos de cambiar nuestros valores, creencias y comportamientos, desde el buen uso que debemos hacer de la energía, la elección de electrodomésticos, los sistemas de acondicionamiento de las viviendas, hasta la utilización de energías renovables disponibles y la elección de modos de transporte sostenibles. Claro que la ausencia de estos comportamientos sostenibles tiene más que ver con la incapacidad económica de afrontarlos más que por un problema de sensibilización social y especialmente por las dificultades que impone el sistema. Por ello, es necesaria una mejora de la situación socio-laboral de esas personas: aumento de salarios y derechos sociales que acompañen, ambos propiciados por los otros dos actores, empresas y gobiernos.

Por otro lado, las empresas deben cambiar y considerar el medioambiente como un factor fundamental, asegurando un modelo productivo y de gestión más sostenible con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso pasa ineludiblemente por realizar inversiones en ese sentido. Además, resulta también fundamental afrontar tanto los retos que plantea la ya presente digitalización de los procesos productivos, como la necesidad de implantar planes de adaptación al cambio climático en las empresas que contemplen planes de ahorro y eficiencia energética, de utilización de energías renovables, o de movilidad sostenible al trabajo, entre otros. Y en esto tienen mucho que decir las personas trabajadoras, por ello no serán útiles ni eficientes si no se asegura la consiguiente participación, transparencia y control en todas sus fases.

Transición justa

CCOO, en su acción institucional, pero sobre todo en las empresas, reclama la transición justa para la adaptación al cambio climático en la que las nuevas tecnologías sirvan para garantizar la adaptación de las plantillas, el empleo estable y con derechos y una incidencia medioambiental sostenible. La transición justa ha de ser un objetivo político para todos los gobiernos y, por tanto, habrá de proveer desde los poderes públicos una red de seguridad y protección que genere nuevos derechos a las personas afectadas negativamente por la descarbonización, pues no existirá una transición justa si se deja atrás a las trabajadoras y trabajadores más vulnerables.

Por ello, el Gobierno español y el de la Junta de Andalucía deben asumir la urgencia de la situación actual admitiendo, en primer lugar, su papel principal legislador y de adopción de estrategias que guíen las acciones de mitigación y adaptación  al cambio climático, y en segundo lugar, su papel ejemplificador mediante la coordinación administrativa, la adopción de buenas prácticas, el diálogo social permanente y la colaboración con los diversos grupos de interés. Esta fue una de las cuestiones trasladadas recientemente al gobierno andaluz, y en especial a su presidente por CCOO-A.

Criterios verdes

El Gobierno autonómico debe abandonar la visión estrecha y reduccionista que hasta ahora está mostrando. Es imprescindible que Andalucía avance en el plano legislativo, realizando una evaluación de impacto climático de las políticas y los proyectos que se implanten en nuestra comunidad dado que éstos inciden en nuestro empleo, en la extracción de nuestra riqueza natural y productiva y en nuestra salud, fortaleciendo la incorporación de la perspectiva climática en la actuación cotidiana de las administraciones.

Igualmente es urgente que se asuman criterios verdes obligatorios en la contratación pública: si se ceden nuestros recursos a las empresas para que éstos sean explotados, las contrataciones deben estar supeditadas al retorno social en forma de empleo de calidad, evaluación periódica e inversión productiva. No son trabas administrativas, es seguimiento y rendición de cuentas al conjunto de la ciudadanía.

Además, al Gobierno andaluz le planteamos la necesidad de aprobar, más pronto que tarde, una reforma fiscal que actualice el modo en que entendemos la riqueza, la generación de costes y los comportamientos económicos que requieren ser incentivados. Y es muy importante pensar en los colectivos más vulnerables en este proceso de transición para adecuar sus viviendas y facilitar su participación en esta transformación, redistribuyendo los recursos pertinentes para ello. El papel que debe desempeñar el Gobierno autonómico es clave y la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible haría bien en convocar a empresas y organizaciones sindicales para abordar estas cuestiones cuanto antes.

Por nuestra parte, seguiremos explicando nuestras propuestas, vigilantes y actuando en las empresas y en la calle. El próximo día 27 de septiembre saldremos a las calles junto a otras organizaciones en una acción mundial por el clima y llevaremos la movilización a las trabajadoras y trabajadores en las empresas y centros de trabajo, llamando a la participación colectiva en una jornada que ha de ser de concienciación para actuar contra el cambio climático y para exigir a los gobiernos la máxima implicación.

El cambio climático es una realidad. Sólo tenemos un planeta. Actuemos antes de que acabemos con él. No habrá empleos en un planeta muerto. Por una transición ecológica justa.

La crisis climática no permite más dilación. Hay que actuar con una respuesta urgente, común y unitaria y aquí radica el verdadero cambio necesario. Urgente porque el diagnóstico de la comunidad científica acerca del calentamiento global es ya unánime e irreprochable, además de advertida desde hace años, ya que, si no se ponen en marcha medidas eficaces de mitigación y adaptación en todo el mundo, los diversos informes aseguran que la producción agrícola mundial bajará un 30% mientras la demanda de alimentos básicos crecerá un 50% para el 2050. Además, los problemas serán más graves ya que habrá 1.400 millones más de personas afectadas por la falta de agua.

Estos efectos serán más intensos en la región mediterránea y en concreto en nuestra comunidad, al ser una de las más afectadas por los desplazamientos de población y efectos en la salud de las personas, por la pérdida de biodiversidad y empobrecimiento y aumento de las desigualdades en cualquiera de sus expresiones; en definitiva, unas consecuencias catastróficas para las generaciones presentes y futuras.