Renta mínima de inserción: que no se rompa la red

La situación de pobreza y exclusión en nuestra tierra durante la crisis llegó a afectar a más del 40% de la ciudadanía, con miles de hogares donde todos sus miembros estaban en paro. Hoy, con unos beneficios empresariales que en 2018 supusieron más de 38.000 millones de euros respecto a la etapa de crecimiento anterior, la situación para la clase trabajadora en Andalucía sigue siendo muy preocupante, auspiciada sobre todo por una precariedad laboral insoportable; bajos salarios, contratos de corta duración con una media inferior a tres meses y una contratación a tiempo parcial de más del 17%. Datos estos que evidencian la necesidad de aplicar en nuestra tierra políticas activas de empleo, de incrementar las actuaciones de la inspección de trabajo para combatir el fraude en la contratación, y de la puesta en marcha de un plan de empleo. En este contexto, los niveles de desempleo son insoportables y las familias andaluzas tienen que contar con una última red de protección y, la Renta Mínima de Inclusión Social, que introduce dos derechos irrenunciables para CCOO, la prestación económica y el plan de inclusión socio-laboral.

Esta Ley, fruto de la presión que ejercimos las organizaciones sociales ante una situación totalmente insostenible en Andalucía, nació con problemas de gestión y tramitación debido, por un lado, a la falta de previsión de la anterior Administración de la Junta que estableció su entrada en vigor sin tener en cuenta las exigencias que conllevaban estos derechos y sin considerar las necesidades de las administraciones para informar, tramitar y gestionar este nuevo modelo; y por otro, a los recortes sufridos en los Servicios Sociales Comunitarios y en los Servicios de Empleo, imprescindibles para que la Renta funcione con agilidad.

De hecho, y según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el número de hogares con todos sus miembros activos en paro alcanzaba los 273.400, el número de prestaciones económicas a 30 de junio era de 17.899, concedidas en un 65% a mujeres y en un 44,5% a unidades familiares unipersonales, si bien desconocemos la cuantía media de las prestaciones. En cuanto a los planes de inclusión social, elaborados por los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos que incluyen medidas en materia de servicios sociales, vivienda, educación o sanidad ajustadas a cada persona, la cifra bajaba a 7.206. El dato de planes de inserción laboral, elaborados por los servicios públicos de empleo y necesarios para la inserción laboral de las personas, es aún más preocupante pues sólo se han elaborado 334, cifra que no llega ni al 2% de las personas a las que se les ha aprobado la Renta.

La realidad demuestra que la norma no se está desarrollando acorde a las necesidades de la ciudadanía y en ello mucho tiene que ver la falta de protocolos de actuación para la atención a las personas, la falta de coordinación entre los servicios sociales y los de empleo y la falta de financiación, de ahí que exijamos mantener en los presupuestos para 2019 la partida inicialmente prevista de 198 millones de euros para la prestación económica, a lo que habrá que añadir las partidas necesarias para ampliar las plantillas de los servicios sociales de la Junta y de los municipios, así como la de los servicios públicos de empleo. Solo así la Renta mínima de Inserción podrá atender a todas las personas que lo necesitan, y ser una herramienta útil para sacar a las personas de la exclusión y la pobreza.

Análisis de impacto

Igualmente es necesario abordar una evaluación en profundidad del impacto de la renta que se analice en la Comisión de Seguimiento creada a tal efecto, que permita hacer una valoración real de las dificultades de su aplicación, así como de los perfiles de las personas beneficiarias, para, en su caso, hacer propuestas de mejora de los niveles de protección.

En CCOO partimos de la base de que la Renta Mínima de Inserción no es la solución a la situación del desempleo en Andalucía y que la magnitud de los problemas y las competencias exigen establecer prioridades en las políticas así como la participación del Gobierno de España en la resolución del desempleo estructural y de la precariedad laboral. Sin embargo, las personas trabajadoras que han perdido sus trabajos o que no pueden acceder al mundo laboral y ven cómo se agotan sus prestaciones y no entran ingresos en sus hogares, no pueden quedarse sin esa última red de protección; sin ella caerían en la exclusión. Ya basta de endosar a las personas más vulnerables las consecuencias de una crisis y unos recortes que han provocado quienes, precisamente, no van a necesitar la Renta Mínima en su vida.

La situación de pobreza y exclusión en nuestra tierra durante la crisis llegó a afectar a más del 40% de la ciudadanía, con miles de hogares donde todos sus miembros estaban en paro. Hoy, con unos beneficios empresariales que en 2018 supusieron más de 38.000 millones de euros respecto a la etapa de crecimiento anterior, la situación para la clase trabajadora en Andalucía sigue siendo muy preocupante, auspiciada sobre todo por una precariedad laboral insoportable; bajos salarios, contratos de corta duración con una media inferior a tres meses y una contratación a tiempo parcial de más del 17%. Datos estos que evidencian la necesidad de aplicar en nuestra tierra políticas activas de empleo, de incrementar las actuaciones de la inspección de trabajo para combatir el fraude en la contratación, y de la puesta en marcha de un plan de empleo. En este contexto, los niveles de desempleo son insoportables y las familias andaluzas tienen que contar con una última red de protección y, la Renta Mínima de Inclusión Social, que introduce dos derechos irrenunciables para CCOO, la prestación económica y el plan de inclusión socio-laboral.

Esta Ley, fruto de la presión que ejercimos las organizaciones sociales ante una situación totalmente insostenible en Andalucía, nació con problemas de gestión y tramitación debido, por un lado, a la falta de previsión de la anterior Administración de la Junta que estableció su entrada en vigor sin tener en cuenta las exigencias que conllevaban estos derechos y sin considerar las necesidades de las administraciones para informar, tramitar y gestionar este nuevo modelo; y por otro, a los recortes sufridos en los Servicios Sociales Comunitarios y en los Servicios de Empleo, imprescindibles para que la Renta funcione con agilidad.