Una escena de calor que se repite. Exterior. Tarde de junio. El Parlamento de Andalucía sufre una “subida de temperaturas” ante la presión que ejercen a sus puertas familias y estudiantes de la educación pública, en lucha (otra vez) por la Ley de Bioclimatización. “Volvemos a las calles porque la situación es la misma”, explican desde Escuelas de calor, la plataforma que ha convocado una nueva concentración para exigir al Gobierno andaluz que cumpla con una normativa que “lleva tres años guardada en un cajón”.
Ya no es la misma “marea amarilla” que azotó a las instituciones públicas hace seis años al grito de “aulas sí, saunas no” y logró impulsar una ley “pionera” para combatir el estrés térmico que padecen los docentes y discentes andaluces. Pero la “impotencia” es aún mayor porque ven cómo “una ley que se ganó en la calle” sigue sin aplicarse llevando tres años en vigor.
Desde entonces, ni se ha abordado su desarrollo reglamentario - “primer paso de cara a su aplicación” - ni se ha dotado de presupuesto, como recuerda Teresa Pablo, portavoz de Escuelas de Calor, que incide en que la ley “está firmada en BOJA por el gobierno actual con competencia para llevarla a efecto”. Lo subraya porque la protesta de este primer día de junio ha coincidido con la defensa por parte del Grupo popular ante el Pleno de una proposición no de ley que “echa balones fuera y adjudica al Gobierno central la responsabilidad de contribuir con fondos” a la climatización de los centros educativos, según manifiestan los portavoces de este movimiento social.
En concreto, la propuesta del partido de Juan Manuel Moreno registrada el 22 de mayor en la Cámara andaluza “insta” al Ejecutivo nacional a que “cumpla su palabra” en relación a un plan de “adaptación climatológica” para los centros educativos anunciado en 2022 por la ministra de Educación Pilar Alegría. Al respecto, critica al Gobierno de Pedro Sánchez por “olvidarse del compromiso adquirido” al no incluir “una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado de 2023”, dejando ·desamparados a los escolares de todo nuestro Estado“, según se puede leer en el texto.
Después de manifestar la “firme voluntad” del Partido Popular por “afrontar” el extremo calor que sufren las aulas (arguyendo para ello que ha trabajado “desde que llegó a la Junta de Andalucía para que fuese realidad una ambiciosa ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables”), demanda al Gobierno nacional que dote de fondos a las comunidades autónomas mediante el desarrollo de un “programa de cooperación territorial”, que sirva como “impulso de la bioclimatización en todos los centros educativos del Estado”.
Un gesto que Escuela de Calor tilda de “vergüenza” y que las madres y padres que se han congregado a las puertas del Parlamento andaluz interpretan como “una falta de respeto” a la comunidad educativa. De esta forma, el malestar que ha generado la proposición del PP se suma al que ya suscitaron las instrucciones remitidas por la Consejería de Desarrollo Educativo a principios de mayo. “No es de recibo que la Junta de Andalucía haya actualizado un protocolo de actuación frente a las altas temperaturas que genera desigualdad, problemas de conciliación y reduce el tiempo lectivo cuando tenía una obligación: cumplir la ley de Bioclimatización para que en algunos centros ya se hubieran llevado a cabo acciones para ir revirtiendo la situación”, apuntan en este sentido desde Escuela de Calor.
Por ello, vuelven a insistir en “que no nos mareen tirando la pelota de Andalucía a Madrid”, al entender que el presidente andaluz está eximiendo responsabilidades al no cumplir una ley que firmó “de su puño y letra”. Una opinión que comparten desde el Sindicato de Estudiantes, que ha apoyado a las familias de la pública lanzando consignas que reflejan el calor que extremo que sufren en las aulas: “Los niños asados y el Parlamento ventilado”.
“Llevamos mucho tiempo luchando por esta ley porque sabíamos que o dábamos la batalla o no se iba a aplicar nada”, admite a este periódico uno de los portavoces del sindicato estudiantil, Carlos Ochoa. De hecho, con esta nueva convocatoria, Escuelas de Calor busca también conmemorar el inicio de una movilización que germinó hace seis años a primeros de junio y, asegura, “no va a dejar de luchar”.
Así lo demuestran las madres y padres que han vuelto a manifestarse seis años después, aunque reconocen que “es muy frustrante”. “Utilizamos las herramientas del sistema para impulsar una ley pionera que se hizo para que se cumpliera y lleva tres años guardada en un cajón”, deplora Lidia, verbalizando el sentir del resto de compañeros que se han sumado a la concentración, como Marisa y Verónica, quienes comparten un sentimiento de “impotencia total” y cuestionan la eficacia del sistema de refrigeración adiabática que está implantando la Junta dentro de su Plan de Bioclimatización aún sin completar.
Frente a los pasos que está dando el Gobierno andaluz, Escuelas de Calor reivindica la aplicación definitiva de una ley que “es mucho más que combatir el calor”. La norma, recuerda, “reconoce a los niños y niñas y a sus docentes el derecho a tener unas condiciones térmicas sanas y confortables” en las aulas, y se presenta como “una herramienta para garantizar infraestructuras educativas dignas, sanas y que sirvan para frenar el cambio climático”.
Al hilo, la portavoz de esta plataforma reconoce que se trata de una ley ambiciosa en términos económicos, pero que puede llevarse a cabo “de forma paulatina”, si existiese “voluntad real”. Y a ojos de Teresa Pablo, el hecho de que lleve tres ejercicios sin consignación presupuestaria es “el mayor indicativo” de que “no la hay”.
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