El PSOE andaluz eleva una queja al Poder Judicial contra Moreno por intentar “orientar” al TC en el fallo sobre los ERE

El portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha acusado al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno de intentar “orientar” a los magistrados del Tribunal Constitucional sobre la sentencia de los ERE, que se conocerá previsiblemente este jueves.

El borrador de la ponencia apunta a una exculpación de la condena por prevaricación contra la ex ministra y ex consejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, un fallo que puede rebajar las penas de otros condenados en la causa, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La semana pasada, el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, cuestionó la independencia del Tribunal Constitucional (TC) tras conocer dicho borrador de la ponencia de una sentencia que propone anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a Álvarez, y denunciar las “continuas injerencias” del PSOE en la justicia.

Espadas ha anunciado que presentará una queja formal al CGPJ para que “llame al orden” al Gobierno de Moreno por estas palabras. “El PP, que da lecciones sobre el respeto a la separación de poderes, no tiene el más mínimo empacho en desaconsejar a los magistrados del Tribunal Constitucional para que estudien o discrepen sobre la sentencia del Tribunal Supremo. Es inaceptable y desde el PSOE vamos a plantear una queja al CGPJ para que tome cartas en el asunto y llame al orden a Moreno y a sus consejeros”, ha planteado Espadas en una rueda de prensa desde el Senado.

El líder de los socialistas andaluces se refiere también a unas declaraciones del consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, que ha advertido de que sería “muy grave para la democracia” si el Constitucional decide finalmente “dejar impune la responsabilidad de representantes políticos que permitieron el robo de casi 700 millones de euros de los parados de Andalucía”.

Espadas ha calificado estas palabras de “intromisión inaceptable”. “Es inadmisible e intolerable que el portavoz del Gobierno y el consejero duden u orienten sobre lo que debe ser el pronunciamiento del Tribunal Constitucional”, ha lamentado.

El Pleno del TC vota esta semana si apoya o no la redacción propuesta, pero el contenido de la ponencia se hizo pública sólo cinco días después de que Magdalena Álvarez reapareciese en un mitin de Pedro Sánchez en Benalmádena (Málaga), en la recta final de la campaña para las europeas.

A ningún socialista le pasó desapercibido que el presidente del Gobierno, acompañado en aquel acto por su esposa, Begoña Gómez, rindiera tributo público a la ex ministra. La primera muestra clara de redención para los dirigentes que formaron parte de la cúpula de los gobiernos socialistas andaluces de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el macrofraude de los ERE. “Aquí está Magdalena”, dijo Sánchez en Benalmádena, poniendo a la exministra como ejemplo del “vil ataque de la derecha durante muchos años”.

Entonces se interpretó como una forma de ligar el proceso judicial contra Magdalena Álvarez -que los socialistas empiezan ya a enmarcar abiertamente en un contexto de lawfare o guerra sucia promocionada por el PP- con el de la esposa del presidente, citada como investigada horas antes en un supuesto caso de corrupción y conflicto de intereses.

Tras revelarse el sentido de la ponencia del TC, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, advirtió: “Vamos a estar atentos a los votos de cada juez en esta sentencia. Nos preocupa que Pedro Sánchez organice un homenaje a Magdalena Álvarez en plena campaña electoral y, justo cuando acaba la campaña, sabemos que la ponencia del Constitucional puede anular la sentencia contra la exministra”.

El caso ERE sentó en el banquillo a los expresidentes Chaves y Griñán -que gobernaron Andalucía durante más de dos décadas- y el Supremo terminó condenando a toda la cúpula de sus ejecutivos, incluido ellos mismos. Se les imputan delitos de prevaricación y malversación, entre otros, con condenas de inhabilitación y cárcel, que la mayoría sigue cumpliendo. Políticamente fue el caso que carcomió los cimientos del PSOE andaluz, tras 37 años ininterrumpidos en el poder, y contribuyó a la entrada del primer gobierno de derechas en Andalucía, liderado por Moreno con apoyos de Ciudadanos y Vox en 2018.