“Buenos días, el expediente se encuentra pendiente de resolución definitiva para concesión de la prestación”. Un correo electrónico este pasado lunes informaba a la familia de Josefa, de 85 años y un grado II de dependencia, de que su solicitud aún no está resuelta cuatro años después de haberla registrado en el Ayuntamiento de Sevilla. “¿Están esperando a que se muera mi madre para no tener que pagarle?”, se pregunta su hija, Pepa Guisado, pendiente desde febrero de 2019 de aquella solicitud, enviada cuando empezaron algunos “síntomas de demencia” en su progenitora, que no puede vivir sola y necesita ayuda para ciertas tareas diarias. Durante 2022 fallecieron en Andalucía 4.055 personas pendientes de recibir la prestación de dependencia. 338 al mes, 11 al día, una cada dos horas muere mientras espera la prestación, como Josefa, según datos hechos públicos este mismo martes por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) de acuerdo a la información recibida a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
La insistencia de esta familia de tres hermanos, cuya madre enviudó con 36 años y que el paso del tiempo la ha llevado a pedir la ayuda ofrecida de acuerdo a Ley de Dependencia, ha hecho que hayan podido conocer extraoficialmente que el expediente está aprobado. “Lo que tarden en pagarlo”, le dijeron hace casi un año en conversación telefónica. Su madre se encuentra en un centro residencial de Triana, que puede afrontar con una pensión que no llega a 800 euros y con lo que pudo sacar de la venta de su casa. “Pero, ¿qué pasa con las familias que no tienen esa posibilidad? Es de una impotencia absoluta, es un despropósito absoluto. ¿Qué hace la persona mayor que no tiene ningún dinero”, comenta a elDiario.es Andalucía, sabedora de que su caso “no es lo importante” sino la situación que vivirán otras muchas familias en circunstancias similares.
La asistente social con quien Pepa se ha comunicado en todo este tiempo le había comunicado que en mayo del año pasado le realizó una visita a la residencia para concluir el Programa Individual de Atención (PIA) para solicitar la prestación, que por entonces quedó enviado a Delegación de la Junta de Andalucía ese mismo mes. “La tramitación del expediente puede demorarse varios meses”, expuso entonces la asistente, que confiaba en que la familia recibiría la resolución aprobatoria de la prestación “en muy breve periodo de tiempo”. Todavía la familia no tiene constancia oficial de que esté aprobada. “¿Están esperando a que se muera?”, insiste su hija mientras confiesa haber estado “esperando pacientemente” desde febrero de 2019 a la concesión de la prestación, de la que son beneficiarios aquella personas que han sido declaradas dependientes por la Junta y que, de forma permanente y por motivos de edad, enfermedad o discapacidad, precisan de la atención de otra persona para el desarrollo de actividades de la vida diaria como el cuidado personal, las tareas domésticas o la movilidad.
Para el Gobierno de Andalucía, “es una prioridad dar una respuesta ágil y eficaz a las personas en situación de dependencia”, para lo cual trabajan “para incorporar a más personas al sistema, reducir los tiempos de tramitación y, por tanto, la lista de espera”, según comentan fuentes de la Consejería de Inclusión Social dirigida por Loles López. Su departamento presumía hace unos meses de que, durante la anterior legislatura, la lista de espera de personas con derecho pendientes de prestación de dependencia se había reducido en un 49% (36.627 personas menos pendientes del PIA).
La Junta dispone ya de un borrador del proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, donde consta que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses desde la fecha en que la solicitud. Mientras, el Gobierno de España ha iniciado los trámites para aprobar la primera ley que garantice unos criterios mínimos en servicios sociales.
La información facilitada a la FOAM no deja en buen lugar a la comunidad autónoma en cuanto a la tramitación de las prestaciones: Andalucía, con 4.055, ocupa el segundo lugar por fallecidos detrás de Cataluña (9.928) y muy lejos de la tercera, el País Vasco (2.181). El total de fallecidos en España en 2022 esperando la dependencia ascendió a 25.699 personas, representando Andalucía el 15,77% del total nacional. FOAM alerta de que viene denunciando desde hace tiempo “la deficiente gestión de la dependencia que viene realizando la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía”.
Y aporta datos recientes. A 31 de diciembre de 2022, último dato facilitado por el IMSERSO, 84.109 personas se hallaban en lista de espera pendientes de recibir la prestación. De ellos, 47.503 estaban pendientes de resolución de su expediente y 36.606 son personas con derecho a prestación pendientes de recibirla. En total 5.872 personas más en listas de espera que en diciembre de 2021 (78.237). A ello añade la federación de mayores que el tiempo medio de espera desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de la prestación en Andalucía es de 544 días, el segundo peor dato en España, solo superado por Canarias, con 977 días. FOAM recueda que el tiempo máximo establecido por ley para resolver las peticiones es de 180 días.
FOAM también critica que, en los dos últimos años, “la Consejería de Inclusión Social ha reducido su aportación propia al presupuesto de dependencia un 14,97%, pasando del 78,87% en el 2021 al 63,9% para 2023. ”La misma proporción que la ha aumentado el gobierno central 21,13% en 2021 al 36,1% en 2023, incumpliendo el compromiso del presidente Juanma Moreno, a su llegada a la presidencia de la Junta de Andalucía, de mantener el porcentaje de aportación de la Junta, aunque lo incrementara el estado, hasta situar la lista de espera en el tiempo máximo establecido por ley de 180 días“.
“La Ley de la Dependencia data de finales de diciembre de 2006 y, después de 16 años de su entrada en vigor, esta es la lamentable situación que presenta en Andalucía. Para un funcionamiento correcto de esta ley solo son necesarios recursos suficientes y una gestión eficiente de los mismos, desgraciadamente la Junta de Andalucía carece de ambos. Una sociedad que no cuida a las personas vulnerables no es una sociedad digna y está condenada al fracaso”, concluye la FOAM.
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