En busca de unos criterios mínimos y comunes en los servicios sociales de todo el país. Este es el objetivo del anteproyecto que acaba de aprobar este martes en primera vuelta el Consejo de Ministros. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, “reduce las barreras de acceso a la protección social y posibilita la movilidad territorial”, apuntan desde el departamento de Ione Belarra.
Colectivos y organizaciones internacionales han alertado de forma reiterada sobre la desigualdad territorial en el acceso a servicios sociales en España. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió hace unos meses sobre la disparidad de prestaciones que se encuentran los usuarios dependiendo del código postal en el que residen. En el análisis realizado, alertaron sobre la heterogeneidad que existe en las ratios de las normas autonómicas, que llegaban a oscilar entre 1.500 y 4.000 habitantes por profesional, dependiendo del Gobierno regional que ha redactado la ley.
Para la ministra Belarra este anteproyecto de ley “consolidará en nuestra legislación la modernización de los servicios sociales”, tal y como ha destacado este martes. La secretaria general de Podemos ha recordado que tras los recortes de los años 2012 y 2013, y las posteriores privatizaciones en muchas comunidades autónomas, este texto pretende ser “un balón de oxígeno” tanto para los y las profesionales de los servicios sociales “que han sostenido con su vocación y a costa de sus derechos laborales un sistema muy precarizado”.
Entre las medidas detalladas por Belarra, la norma pretende instar a la Conferencia Sectorial a que realice un diseño muy detallado de un “catálogo común” para garantizar “la misma cobertura” asistencial sin que dependa de las comunidades autónomas en las que se encuentre el usuario. Algunas de las medidas que se incluirán serán las ratios de profesionales, los niveles de satisfacción de las personas usuarias, las intensidades o la especialización profesional necesaria.
“Los tiempos de acceso a los cuidados y apoyos sociales profesionales también han de formar parte de ese suelo común ya que no hay igualdad si los distintos procesos administrativos de cada territorio llevan a tiempos de espera muy dispares”, recoge la exposición del motivos del anteproyecto.
El articulado de la ley debe tener en cuenta que la competencia exclusiva de los servicios sociales depende de las comunidades autónomas. Para evitar problemas competenciales, desde el Ministerio determinan que el objetivo de la norma consiste en establecer “un proceso de toma colegiada de decisiones de aquello que ha de constituir el suelo mínimo común”.
Otra de las novedades que incluye el texto se centrará en combatir la pérdida de derechos que ya estaban garantizados debido al cambio y a la movilidad entre comunidades autónomas. Así se afrontará, indican desde el Ministerio, la “exclusión que ahora mismo ésta produce en el acceso a algunas prestaciones de los servicios sociales, en caso de trasladarse de un lugar a otro del Estado”.