Un juzgado investiga a Esperanza Oña por posibles irregularidades en contratos suscritos por el Ayuntamiento de Fuengirola cuando era alcaldesa del municipio. Es ahora vicepresidenta segunda del Parlamento de Andalucía por el PP, por lo que es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien debe conocer de las investigaciones que le afecten. Esto ha provocado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola se haya inhibido a su favor. El Ayuntamiento de Fuengirola ha recurrido ese auto y ha pedido el archivo de la causa, mientras que Esperanza Oña insiste en que se trató de una decisión del Pleno, no suya.
El auto de inhibición, fechado el 25 de julio y al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, detecta la existencia de “irregularidades graves en materia de contratación” de tres tipos: contrataciones “en las que se producen incrementos en los importes de adjudicación” que exceden de lo legalmente permitido; facturas sin expediente de contratación; y facturas sin expediente y que exceden del límite para la contratación menor. El consistorio, con la oposición de IU, reconoció todas estas facturas y contratos en un pleno celebrado el 24 de agosto de 2012.
El Pleno había sido convocado para reconocer estos trabajos realizados en ejercicios anteriores a 2012 y aplicar el mecanismo contenido en el Decreto del Plan de Pago a Proveedores. Poco antes de su celebración el interventor municipal había elaborado un informe, al que también ha accedido este medio de comunicación. En el documento, el encargado de fiscalizar las cuentas y la contratación relaciona 26 “observaciones y deficiencias” que habrían impedido imputar las gastos en el ejercicio fiscal correspondiente.
Sin embargo, el interventor también asegura que la “obra/servicio/actividad/suministro han sido realizados y se han producido los gastos para los que hoy se reclama su reconocimiento”. El impago a las contratistas generaría un enriquecimiento injusto de la administración, según el interventor, que no duda de la realidad de los trabajos, pero llama la atención de irregularidades y omisiones en la contratación que el juez instructor califica como “graves”.
Esperanza Oña, en conversación con eldiario.es/Andalucía, asegura que las únicas opciones ante un presupuesto “que se pasa de cifra” son “parar la obra o continuar y asumir una cantidad que no era la misma que salió a concurso”, reconociéndola posteriormente. “Eso es lo que hicimos para poder pagar a las empresas, porque si no nos denunciarían por impago. Es lo único que podíamos hacer”, justifica. La denuncia que dio origen a la investigación, sin embargo, no pone en duda la ejecución de las obras ni la necesidad del pago, sino la supuesta falta de cobertura contractual, que los denunciantes califican de “sistemática”.
El interventor formula hasta 26 observaciones
El interventor formula hasta 26 observacionesLas “observaciones” del interventor van desde la ejecución de trabajos sin contrato o con contrato expirado, a la falta de tramitación de modificación de contratos. Hay incrementos de obra con porcentajes del 14,57% (Almisol, SA), del 19,88% (Emin SL), o del 15% (Instaladora Zona Centro Norte, SL) “sin el oportuno modificado”. De este grupo destaca el incremento del 44,39% sobre el importe de adjudicación a favor de Emin, SL, por las obras de remodelación de la Plaza de España. Se hizo sin modificación del contrato y “lo cierto es que examinada la misma trae causa de un contrato y una obra ya ejecutada”, dice el interventor.
Otro grupo de irregularidades son las cometidas en obras para las que “no consta expediente alguno de contratación” (facturas AES-2009-044 y AES-2009-045, a favor de Auren Elisardo Sánchez, SA). No hubo expediente de contratación que justificara la factura de 20.800 euros emitida por Decorama Producciones por la cabalgata de Reyes de 2010 ni para el alquiler y transporte de esas carrozas, realizado por Planning Organización de Proyectos SL. Tampoco por las facturas giradas por Francisco Cortés González por el suministro de plantas y material de jardinería. Lo mismo ocurrió con Laboratorios E. Portales SL, que prestó servicios de análisis de agua, con Limpiezas Riny Málaga SL
Pese a que la advertencia de que el contrato había expirado, siguieron pagándose facturas a Dornier, SA por el “servicio de gestión del sistema de accesos semipeatonales” en noviembre y diciembre de 2010. Prosemax Protección y Seguridad Máxima SA prestó servicios de seguridad en cuatro parques municipales sin cobertura contractual y Repsol tampoco tuvo contrato para el suministro de carburante hasta diciembre de 2011, según el interventor. Por último, hay contratos tramitados como menores, cuando debieron seguir otro procedimiento. Es el caso del suministro de vestuario para la Policía Local y los servicios de vigilancia de la Plaza de la Constitución en la Navidad de 2007.
Reconocimiento aprobado por el pleno
Reconocimiento aprobado por el plenoTodas estas salvedades fueron puestas de manifiesto por el interventor en el documento suscrito el 13 de julio de 2012. Sin embargo, el pleno presidido por Oña aprobó durante aquel verano (el 24 de agosto de 2012) el reconocimiento extrajudicial de todos los créditos. IU, a través de su portavoz José Miguel López, denunció entonces que el informe del interventor ponía de manifiesto la existencia de graves irregularidades en materia de contratación.
“La otra cuestión a la que me refiero -y que ha quedado clara- es que ustedes infringen la legalidad, en materia de contratación, de forma sistemática; y ello conlleva una responsabilidad que puede ir más allá de la responsabilidad política y que nosotros no vamos a ser corresponsables dándoles nuestro voto a favor”, dijo López, según el acta de aquel Pleno. Para la letrada de IU, la responsabilidad corresponde no al Pleno, sino a quienes en la correspondiente Junta de Gobierno votaron a favor de la adjudicación contractual pese a las presuntas irregularidades. IU llevó posteriormente el asunto a Fiscalía, que presentó la denuncia que dio lugar a la investigación judicial.
Ahora el juzgado de instrucción pretende inhibirse porque la alcaldesa que presidía el pleno era Esperanza Oña, actualmente aforada. El auto de inhibición ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial, porque según el ayuntamiento, el reconocimiento extrajudicial sólo puede ser delictivo si la obligación es falsa, inexistente o no exigible, “independientemente de la nulidad o irregularidad procedimental que pueda afectar al acto convalidado”.
Según la administración local, las “irregularidades graves” que detecta el instructor son en realidad “irregularidades procedimentales” de las que no consta que sean “fruto de espurias relaciones entre administración y contratista”. “No es sólo que cualquier defecto de procedimiento no puede calificarse de prevaricación, so pena de criminalizar la vida administrativa y vaciar la vía contencioso administrativa, sino que en el caso presente se ha procedido de manera correcta subsanando por la vía legalmente prevista”, se lee en su escrito.
“Estoy confiada en que lo que se ha hecho es lo que se tenía que hacer. Si no, ¿para qué sirve la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos?”, se cuestiona Oña, que asegura que no hubo “dolo o afán de lucro”, que el proceso es “normal” y que se ejecutó con “luz y taquígrafos”. El Ayuntamiento de Fuengirola ha pedido el archivo, al igual que la fiscal. Fue el propio ministerio público el que puso el asunto en conocimiento del juzgado en diciembre de 2012, a través de la Fiscalía Provincial de Málaga.