Un informe del Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoce que los actos del país norteamericano durante la Guerra Fría causaron contaminación radiactiva en al menos tres países, uno de ellos España. La pedanía de Palomares (Almería) “sigue sufriendo los efectos” en la “contaminación residual” desde que cuatro bombas transportadas por B-52 cayeran sobre sus tierras, abriéndose dos de ellas y liberando a la atmósfera nueve kilogramos de material radiactivo. Los otros dos enclaves afectados por estas actividades son Islas Marshall y Groenlandia.
La contaminación remanente en Palomares “supera los niveles” de la normativa europea, según admite ahora Estados Unidos, que no insta ni recomienda la adopción de ninguna “medida ejecutiva” a pesar de que en 2015 el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, y el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, firmaron una declaración de intenciones para la limpieza de Palomares.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU admite que poco puede hacerse sin su apoyo. La “ayuda” de Estados Unidos es “vital” para que España solucione el “problema”. España necesita “negociar un acuerdo vinculante con EEUU” para que el país norteamericano se haga cargo de la custodia del suelo contaminado para su eliminación, ya que no dispone de las instalaciones que son precisas, dice el documento, donde se recuerda las negociaciones que el presidente estadounidense, Joe Biden, y el español, Pedro Sánchez, retomaron en mayo de 2023, de cuya marcha no se conoce nada desde entonces.
El informe, adelantado por ABC y consultado por elDiario.es Andalucía, señala también que las actividades de remediación en este emplazamiento se han pausado mientras que España “sigue negociando con la esperanza de alcanzar un acuerdo final vinculante con Estados Unidos” y subraya que la Comisión Europea “apoya” el plan de España de “retirar la tierra contaminada y transportarla a EEUU”.
Este medio publicó que España ignoró en 2022 la obligación de remitir un informe a la Comisión Europea sobre los avances del plan de rehabilitación, advirtiendo, en un documento sin fechar ni firmar, que la Comisión no estaba facultada para evaluar los avances en la aplicación del plan de rehabilitación de Palomares.
El propio plan de rehabilitación (que sigue siendo secreto, pero fue parcialmente desvelado por una sentencia de la Audiencia Nacional) recoge que entre 2030 y 2033 el isótopo de americio (241 Am) alcanzará su máxima actividad radiológica, como resultado de la desintegración de los isótopos de plutonio. El americio emite radiaciones de tipo gamma que generan riesgos para la salud superiores a las de tipo alfa del plutonio 241, hasta ahora predominantes. En algunas zonas, la exposición de la población podría superar los 5 mSv por año.
El informe que ahora se hace público, datado el 31 de enero, asegura que Estados Unidos y España “limpiaron gran parte del material radiactivo” y han vigilado el resto desde entonces. Fue la Operación Flecha Rota. Lo cierto es que en Palomares quedan al menos 103 hectáreas con residuos radiactivos que los norteamericanos enterraron a entre 25 y 30 centímetros de profundidad antes de abandonar el lugar. Algunas zonas donde el viento trasladó partículas de plutonio, como la Sierra de Almagrera, quedaron sin tocar. Los norteamericanos se marcharon después de estudiar los efectos de la radiactividad de los habitantes de Palomares en el “Proyecto Indalo”, que durante años se mantuvo en secreto.
Durante años, Ecologistas en Acción ha batallado en los tribunales para lograr el compromiso de la administración española con la limpieza de esas tierras, con independencia de futuros acuerdos con Estados Unidos. No lo han conseguido, a pesar de que existe un plan de rehabilitación preliminar desde 2010. Para España, su aplicación efectiva depende de la colaboración de Estados Unidos. El Tribunal Supremo confirmó en 2022 el rechazo a atribuir la limpieza al Consejo de Seguridad Nuclear.
El informe de Estados Unidos, realizado entre marzo de 2020 y enero de 2024, analiza cómo las “condiciones cambiantes pueden afectar a la gestión futura de la contaminación radioactiva” y concluye que que, en Palomares, donde persiste radiactividad desde que en 1966 se registrase el accidente aéreo, el “crecimiento económico” unido a la “revisión de las normas de seguridad radiológica” de la Unión Europea han obligado a “impulsar restricciones en el uso del suelo” y un plan de rehabilitación “adicional”.
Recoge que, si bien en los años posteriores, las actividades de vigilancia radiológica y muestreo llevadas a cabo por el Ciemat “se consideraron suficientes para mantener adecuadamente la contaminación remanente, sobre todo debido a la escasa actividad agrícola y urbana de la zona”, hubo “cambios significativos” en la década de los 80 y los 90 “para su desarrollo agrícola y urbano”.
El informe admite que la contaminación que quedó en Palomares es mayor de la que Estados Unidos pensó en un principio. Solo la “reevaluación” que se hizo entre 1998 y 2002, cuando el boom inmobiliario amenazaba con remover toneladas de tierras radiactivas, llevó a descubrir que la contaminación residual era “mayor de lo que se había estimado inicialmente”, lo que obligó a restringir el uso del suelo y, finalmente, a la expropiación de diversas parcelas. Sin embargo, concluye que el impacto radiológico “potencial” para el público “parece ser muy pequeño”.
Actualmente, los terrenos radiactivos están vallados, si bien los ecologistas han denunciado en diversas ocasiones que se superan los límites de seguridad también en el exterior del vallado.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.