La Almoraima ya está blindada: tres años y medio de lucha por la finca que quiso comprar hasta Salma Hayek
Más de tres años de expediente han sido necesarios para garantizar la protección de la finca La Almoraima, una propiedad estatal ubicada ya en su totalidad en el Parque Natural de Los Alcornocales y que ha supuesto un pulso entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España por la intención de este último de subastarla para su gestión privada con fines turísticos. La respuesta del Gobierno de Andalucía fue iniciar, hace tres años y medio, un expediente para incrementar la superficie del parque natural e incluir la totalidad de esta finca en el espacio protegido.
Eso fue en enero de 2014, poco después de que el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara que La Almoraima, el mayor latifundio del país y que el Gobierno de España consiguió en el marco de las expropiaciones de Rumasa por Felipe González en los 80, estaba en venta. Pese a que en 2015 el Gobierno de España terminó desistiendo de la venta, ya había recurrido la maniobra de la Junta de Andalucía para abortar la operación. Sin embargo, en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó este recurso y se declaró favorable a la ampliación del parque natural.
Más de tres años y medio después de que se iniciara dicho expediente, el Consejo de Gobierno ratificaba este martes la protección definitiva para La Almoraima, que con sus casi 15.000 hectáreas representa el 10% de la superficie total del parque natural, el pulmón del Campo de Gibraltar. En concreto, se ha aprobado incrementar la superficie de éste en 5.852 hectáreas, en las que se incluye la totalidad de La Almoraima que todavía quedaba fuera del espacio protegido (unas 1.500 hectáreas) y varias fincas más, públicas y privadas.
El Parque Natural de Los Alcornocales pasa pues a tener 173.619 hectáreas y se consolida como un enclave donde se puede disfrutar del mayor alcornocal de la Península Ibérica y el mejor conservado del mundo y de las últimas reliquias de vegetación subtropical que sobreviven en Europa, con especies exclusivas de helechos y musgos que crecen al abrigo de profundos y estrechos valles.
Un entorno único en el que, sin embargo, en 2013 el Gobierno de España se planteó hacer negocio con su intensión de subastar la finca con un precio de salida de 300 millones de euros. Una docena de millonarios de tres continentes se interesaron por la oferta y hasta la propia Salma Hayek se acercó con su marido François-Henri Pinault en helicóptero para ver si se hacía con este privilegiado enclave.
El Gobierno de España no le quitó el cartel de vende hasta más de un año después de su polémico anuncio, lo que coincidió con el cambio del ministro Miguel Arias Cañete, quien fue sustituido por Isabel García Tejerina, pero sobre todo, con la oposición del Gobierno de Andalucía y la movilización de políticos, ecologistas y ciudadanos en general que se oponían a lo que se resumía como “la venta del 10% de un parque natural”.
En este sentido, destacó el unánime rechazo del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, gobernado por IU y en cuyo término municipal se encuentra la mayor parte de la finca. Todos los partidos, incluidos los de la oposición y entre éstos el PP, junto a sindicatos y distintos colectivos crearon una plataforma contraria a la venta. En la plataforma charge.org un habitante del mismo municipio recogió en pocos días 40.000 firmas también en contra.
Destacó también la férrea oposición de Verdemar-Ecologistas en Acción, organización que atribuyó el argumento dado por Gobierno de España para su venta basado en que la gestión pública era deficitaria, a la directora de la finca, la exdiputada del PPIsabel Ugalde Ruiz de Assin, a quien fue el propio Miguel Arias Cañete quien en 2012 le otorgó esta tarea.
La gerente se vería después metida en medio de la trifulca política, de la que dijo que siempre quiso huir, cuando primero desmintió que la gestión de la finca fuera deficitaria y cuando luego anunció que ya no estaba en venta. Sería inmediatamente desautorizada por Isabel García Tejerina, quien no obstante poco después confirmaría que ya no estaba en venta. Casi cuatro años después del inicio de este culebrón, todo parece indicar que el Gobierno de España no tendrá más remedio que olvidarse definitivamente de su sueño para La Almoraima que se vivió como pesadilla para el ecologismo en Andalucía.
