Fabián Salvioli: “Hay que aumentar los recursos destinados a las políticas de verdad, de justicia y reparación”

El relator de Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Fabian Salvioli, considera que “hay que aumentar los recursos destinados a la promoción de la verdad, de justicia y reparación, y tomar medidas de no repetición”. “Consciente” de que el 13 de noviembre tuvo lugar en Sevilla “una manifestación muy multitudinaria” para reivindicar el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada en el Parlamento sin votos en contra en 2017, el relator señala que “el Estado debe, con manifestaciones o sin manifestaciones, igualmente cumplir con sus obligaciones” en esa materia, apuntando que “el Estado está haciendo esfuerzos y la propia Junta está haciendo esfuerzos”, pero “por supuesto siempre en este aspecto hay que profundizar en esas políticas”.

Salvioli, tras impartir en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla una conferencia en memoria del profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, ha indicado a elDiario.es Andalucía que ha tenido ocasión de visitar este martes la fosa de Pico Reja, la segunda mayor fosa del franquismo abierta en Andalucía. En ese sentido señala que “Pico Reja marca de una manera muy gráfica todo lo que aún hace falta y como, si el pasado no se aborda debidamente, siempre vuelve. Creo que, por razones de estricta humanidad, nadie puede estar en contra de apoyar las políticas de identificación de restos y de quienes han sido víctimas de esos hechos tan brutales, tan aberrantes”. En los trabajos de exhumación participan el Ayuntamiento hispalense, Diputación, Junta de Andalucía y el Gobierno de España. “Es como debe ser”, señala, queriendo expresar su “solidaridad más grande con las víctimas y con sus familias”.

Respecto a si el apoyo parlamentario de Vox a los partidos que conforman el Gobierno de coalición en Andalucía, PP y Ciudadanos, puede estar generando ese “incumplimiento” de la ley andaluza que denuncian la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, y la Asamblea Andaluza de Asociaciones de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, y el resto de asociaciones y sindicatos que apoyaron la reciente movilización, Salvioli opina que “las políticas de derechos humanos tienen que ser políticas de Estado”.

“Debe haber resignificación”

“Ninguna facción política debe ir en contra de las obligaciones de garantía en materia de respeto de derechos humanos. En ese sentido, si los Estados a nivel estadual o comarcal, o del tipo de entidad autónoma que sea, no cumplen con los estándares, lo único que generan es revictimizar a las víctimas y, además, que el Estado no haga lo pertinente para cumplir con sus obligaciones. Estas cuestiones deberían estar por fuera de los acuerdos políticos, deben ser políticas de Estado y cualquier institución realmente democrática debe plegarse a estas actividades”, comenta el relator de la ONU a este periódico.

Acerca de la presencia de los restos mortales del general franquista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena en Sevilla, Salvioli resalta que “debe haber resignificación siempre de espacios en los cuales se hayan cometido violaciones de derechos humanos, como ha sucedido con el Valle de los Caídos, etcétera, y por supuesto, se debe tratar de no brindar ningún tipo de homenaje público ni nada por el estilo a personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos”.

“Ahora bien -continúa-, si hay una persona en una basílica eso ya también depende de la propia voluntad de la Iglesia. No es tan sencillo como actuar en relación a un predio estatal como puede ser el Valle de los Caídos. En todo caso, de lo que no cabe duda es de que no se puede reivindicar a nadie que haya cometido crímenes contra la humanidad”. Consultado si las leyes andaluzas o estatal pueden hacer que la tumba no siga estando en el lugar que ocupa, Salviolo insiste en que “es difícil decir que el hecho de que una tumba esté en una basílica implica una violación de obligaciones de derechos humanos”. “Es una cuestión de la Iglesia. Es muy diferente a cuando hay un monumento público en homenaje a una persona a cuando hay una tumba en una iglesia. Jurídicamente no es tan sencillo”, concluye.