José Gómez, un estudiante sevillano de 19 años con un 34% de discapacidad reconocida, aspiraba a entrar este año en la Facultad de Derecho. Quiere ser abogado. En su instituto de Sevilla Este, había explicado a sus profesores y a la psicopedagoga del centro que su objetivo era entrar en Derecho. “Y si no entrases en Derecho, ¿qué otra opción barajas?”, le preguntaron. “Ninguna. Derecho”, respondió, tajante.
Gómez tiene diagnosticado un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, una dolencia que dificulta la concentración de los estudiantes –afecta a un 10% de la población– y que la Consejería de Desarrollo Educativo reconoce dentro del catálogo de discapacidades. La ley básica de educación obliga a las administraciones a reservar un 5% de las plazas ofertadas para alumnos solicitantes que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. Es justo el caso de Gómez.
Este joven sevillano repitió el primer curso de Bachillerato por una sola asignatura: Lengua y Literatura. El curso pasado, terminó segundo de Bachillerato con la misma asignatura suspendida, pero logró titular. Como no pudo presentarse en junio a la prueba de la EBAU –antigua Selectividad–, o hizo en la segunda convocatoria, que desde hace unos años se celebra en julio, no en septiembre. Pero no logró aprobar. Su nota final estaba por debajo del aprobado, de modo que no tuvo opción de optar a una plaza universitaria en la Facultad de Derecho.
Cuando llegó septiembre, la familia de José Gómez trató de matricularle en un ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas, que podía servirle de “puente” desde la Formación Profesional a la carrera de Derecho. El chico seguía con el empeño de hacerse abogado. Pero entonces tropezó con una falla en el sistema escolar andaluz: la Consejería de Desarrollo Educativo no abre el periodo extraordinario de solicitud de plazas en septiembre, si no han quedado vacantes libres en el periodo ordinario, de junio.
Desequilibrio oferta–demanda
La demanda de plazas en FP está muy por encima de la oferta en Andalucía. Ha sido así históricamente, aunque desde que el PP está en el Gobierno andaluz han empezado a aumentar los ciclos formativos expandiéndose a través de institutos privados que reciben la autorización de la Junta. El ciclo que buscaba José Gómez –Administración y Finanzas– está entre los más demandados, de hecho, con una lista de espera de hasta dos mil alumnos sin plaza en los cuatro institutos de Sevilla próximos a su casa a los que acudió su familia.
Ninguno de estos centros de FP ha abierto el proceso extraordinario de matriculación en septiembre. La reserva de plazas para alumnos con discapacidad –ese 5% por cada curso– se ocupó con alumnos generalistas en el mes de junio. El departamento que dirige la consejera Patricia del Pozo ha anunciado para este curso una oferta de 165.859 plazas de nuevo ingreso en todas las modalidades de FP en Andalucía.
Hay 8.293 de esas plazas reservadas para alumnos con discapacidad, una discriminación positiva blindada en la ley, pero sólo 1.801 están ocupadas por estudiantes de este colectivo (un 21,7%), según datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo.
El 78% de plazas de FP reservadas para alumnos con discapacidad quedan desiertas y, en la mayoría de los casos, están ocupadas por alumnado generalista, dado el persistente desequilibrio entre oferta y demanda. Andalucía tiene 515 centros educativos públicos con oferta de ciclos formativos de FP y 121 (el 23,5%) no tienen registrado en el sistema ningún alumno con discapacidad.
Reserva de plazas fantasma en septiembre
El curso pasado hubo 2.099 alumnos con una discapacidad acreditada que solicitaron plaza en FP en junio, durante el periodo ordinario de matriculación. Hubo 1.409 estudiantes que obtuvieron un puesto escolar, pero un tercio del total (690) se quedó fuera. En el periodo extraordinario de matriculación, en septiembre, 110 alumnos con discapacidad volvieron a presentar solicitud en FP, 83 lograron entrar y otros 27 (25,5%) se quedaron fuera.
Este año, el periodo extraordinario de matriculación fue del 1 al 4 de septiembre. José Gómez intentó pedir una de esas plazas reservadas en los cuatro institutos de Sevilla que ofertaban el ciclo de FP que le interesaba, pero ni siquiera pudo presentar la solicitud. Su reserva había sido copada por los estudiantes generalistas –sin discapacidad– que habían presentado matrícula en junio.
El mismo día 1, su madre se personó en la Delegación de Educación de Sevilla, donde le explicaron que el “error” de su hijo fue solicitar plaza en septiembre, en vez de en junio: “Con el 100% de probabilidades habría conseguido plaza”. En junio, el joven estaba enfrascado en los exámenes de la EBAU. Esperaba aprobar y entrar directamente en la Universidad. El problema es que los resultados de la EBAU se publican después de que se haya cerrado el plazo ordinario para solicitar plaza en FP, de modo que llegó tarde.
Y en septiembre, según una orden de escolarización de FP de 2021, no se abre el periodo extraordinario de matriculación si no quedan vacantes que ofertar. “Su hijo puede optar a la reserva del 5% de plazas para discapacitados, pero el 5% de cero es cero”, le explicaron en la ventanilla de Escolarización de FP la Delegación de Educación en Sevilla.
Ese mismo día, dentro del plazo de matriculación extraordinario, la madre de José Gómez registró en la Delegación una solicitud de plaza en cuatro institutos que ofertaban el ciclo de FP, apelando a la reserva para discapacitados. Quería que constase en registro que su hijo había intentado solicitar una plaza. La respuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo le ha llegado esta semana: “No consta en el sistema de gestión Séneca, que el interesado haya presentado solicitud de participación en el curso 2023/2024 para un ciclo de grado medio o superior de FP”.
La madre de Gómez, atónita, va a presentar una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz: “La misma Consejería de Educación que ordena a los institutos no abrir el plazo extraordinario de matriculación en septiembre, tras repartir en junio las plazas para discapacitados entre alumnos generalistas, nos reprocha que no hayamos podido solicitar plaza en septiembre”, dice, ofuscada.
“Agujeros” en la ley
La pregunta es: ¿la ley obliga a las administraciones educativas mantener la reserva de plazas para discapacitados hasta que terminen todos los plazos de matriculación, el ordinario y el extraordinario? Desde la consejería que dirige Patricia del Pozo advierten de que si fuera así, muchos alumnos sin discapacidad que solicitan plaza se quedarían colgados a la espera de que el último proceso de admisión se cierre.
Uno de estos estudiantes podría matricularse en su segunda opción, porque no ha logrado plaza en la primera, pero dos meses después –si la reserva para alumnos con discapacidad queda finalmente desierta– le llamarían para ofrecerle la primera opción. “Esto dilataría mucho el proceso de escolarización”, advierten desde la Consejería de Desarrollo Educativo.
El sistema de planificación y escolarización de Andalucía –uno de los más abultados y aparatosos del país, con más 1,78 millones de estudiantes no universitarios– entra en conflicto con las normas de discriminación positiva para alumnos con necesidades especiales. Más aún en FP, cuya oferta no puede asumir la demanda total de plazas desde hace años.
A preguntas de este periódico, fuentes del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) denuncian que cubrir con alumnos generalistas las plazas reservadas para estudiantes con discapacidad es una manera de “pervertir el espíritu de la ley de educación”.
A su juicio, la reserva debiera mantenerse vacante para este colectivo “hasta que culminen todos los procedimientos de matriculación, ordinarios y extraordinarios”, y cerciorarse de que “ningún alumno con discapacidad se queda sin plaza”. No obstante, Cermi reconoce “agujeros” en el proceso de escolarización para discapacitados y desconoce si este problema es exclusivo de Andalucía o si se repite en otras comunidades autónomas.