La familia de la menor transexual se querellará contra la directora del colegio y el obispo de Málaga

La portavoz para asuntos de igualdad de IU en el Parlamento de Andalucía, Alba Doblas, ha criticado este jueves el “postureo” que mantiene el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en el caso de la menor transexual del colegio concertado San Patricio de Málaga al situarse en la “retaguardia” en la materia de igualdad frente a avances como la Ley Integral de Transexualidad de Andalucía.

Se ha pronunciado así después de que el consejero respondiese, al ser preguntado sobre por qué no se ha retirado el concierto al colegio tras la denuncia de la niña por haber sido discriminada y que se ha saldado con el cambio de centro escolar de la misma, que la actuación se su departamento ante el conflicto está “basada en la legalidad vigente”.

Desde IU se considera que existen motivos para retirar el concierto al colegio, dependiente del Obispado de Málaga, y que no se puede saldar un problema “de derechos humanos” con “una regañina”, toda vez que subraya que “Andalucía está en este momento a la vanguardia mundial y se convertirá en el referente europeo” con su ley, por lo que ha instado al consejero a que se lo “crea y actúe en consecuencia”.

Por su parte, la familia de la niña, de 7 años, interpondrá una querella contra la directora del centro, Ángeles Jiménez, y el obispo de Málaga, Jesús Catalá (como presidente de la fundación de la que depende el centro), por su negativa a tratar a la menor como una niña. El abogado de la familia, Oliver Roales, explicó el jueves por la mañana que la actitud de los responsables del colegio ha provocado que Gabriela haya sido “expulsada de facto”, lo que podría constituir un delito de denegación de prestación de servicio público por motivo discriminatorio, recogido en el artículo 511.1 del Código Penal.

La Fiscalía archivó en enero la investigación abierta en su momento. Sin embargo, la familia asegura que el cambio de centro que se produjo a finales de febrero es una “expulsión de facto” provocada por el trato discriminatorio. Según su asesor legal, este nuevo elemento supone que, ahora sí, se haya consumado el delito. El artículo 511.1 del Código Penal establece penas de seis meses a dos años de prisión, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de uno a tres años al “encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho” por razón de sexo, entre otros motivos. Está incluido entre aquellos delitos que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.Consultados por este diario, ni la directora del centro ni el portavoz de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria han querido opinar sobre la querella.

Según el abogado de la familia, existe una discriminación porque la niña ha sido tratada de forma diferente sin que exista una justificación para ello. Roales ha insistido en que tanto la directora como el obispo conocían la condición de transexual de Gabriela cuando la admitieron en el centro, pues disponían de informes médicos y psicológicos. “Conocían la disforia de género, y que en esos casos la genitalidad no es tan importante como el sexo sentido. A un transexual hay que tratarlo como se siente”, ha resaltado el abogado. La familia y la Junta de Andalucía pidieron al centro que permitiera a la niña ir al baño de chicas y que fuese llamada por su nombre, Gabriela. Según Roales, la dirección del centro ignoró los informes y las peticiones de la familia y de la Junta de Andalucía, y continuó refiriéndose a ella como a un niño.

“Los padres no quieren hacer una cruzada ni que se le corte el concierto”, ha explicado el abogado, en referencia al apercibimiento recibido por el Colegio San Patricio esta misma semana; “su lucha es por que a Gabriela se la trate como a una niña. La ley obliga a no discriminar a una persona por su identidad sexual. Gabriela no ha tenido la culpa de nada, no hizo nada malo, y eso es lo que los padres plantean”. La querella no contiene, “de momento”, una petición de responsabilidad civil.

Esta querella se suma a otro procedimiento, aún en fase de conciliación, por las declaraciones en las que el obispo de Málaga aseguraba que el colegio y la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María (de la que depende el centro)se posicionaban “en contra del abuso de la Junta y de su madre”. La familia pide al obispo, Jesús Catalá, que rectifique públicamente. Si no se produjera esa rectificación después del acto de conciliación, la familia podría interponer una querella por injurias y calumnias.