La multinacional española Abengoa encara un nuevo frente judicial después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla haya admitido a trámite la querella contra dos de sus principales filiales, Inabensa y Abeinsa, y once directivos de las mismas, por presunta falsedad contable y estafa a inversores.
Según han explicado en rueda de prensa los promotores de la acción, la Asociación de Perjudicados por Abengoa, la causa pretende esclarecer si las sociedades falsificaron sus resultados empresariales para trasladar una sensación de solvencia ficticia, aunque han obviado dar más detalles al encontrarse bajo secreto.
Esta última querella refuerza la ofensiva legal contra las supuestas irregularidades cometidas en el entorno de Abengoa, firma cuyas cuentas son, desde 2016, objeto de otra investigación en la Audiencia Nacional que afecta al expresidente de la firma Felipe Benjumea y al que fuera su ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega.
Desde la plataforma aseguran que, a pesar de que después de tres años el juez Ismael Moreno continúa sin citar a investigados y testigos, el caso se encuentra “en plena efervescencia” y pronto podría tener listo el peritaje encargado por la acusación, lo que significaría abrir las puertas a una primera ronda de declaraciones.
Aún así, para el abogado de la Asociación, Eliseo Martínez, “es una pena” que no se juzgaran estos hechos de forma conjunta con el cobro de indemnizaciones millonarias por Benjumea y Sánchez Ortega, causa en la que la excúpula de Abengoa fue absuelta.
Pese a ello, los perjudicados son optimistas, ya que “hechos hay, otra cosa es que quieran verlo o no”, por lo que confían en poder demostrar su acusación en los próximos meses.
De momento han solicitado que se incorpore al sumario el expediente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía, a Deloitte por dos infracciones graves en la auditoría de las cuentas de Abengoa de 2014.
Dicha actuación, a la que instó la Asociación en 2016, se saldó con una multa a la auditora por falta de soporte documental en sus conclusiones sobre las áreas de deuda financiera e ingresos de la actividad de ingeniería y construcción de la firma sevillana, actualmente recurrida ante la Audiencia Nacional.
“¿Cómo es posible que los deterioros se produzcan en un contexto de crecimiento económico? ¿Por qué no ha salido previamente? El auditor debería haber revisado la documentación oportuna”, ha afeado Martínez.
A pesar de la confianza, pequeños accionistas de Abengoa lamentan “la poca repercusión” de la que goza este caso, máxime cuando uno de los perjudicados “es el Estado, que tiene pérdidas millonarias” y que, sin embargo, aún no se ha personado en ninguna de las causas.