Su absolución llegó pronto, el mismo día del juicio, pero los protagonistas de esta historia (Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez), viene de mucho más atrás, de cuando decidieron hacerlo y de cuando fueron detenidos por guardacostas griegos, hace 28 meses. Los bomberos de Sevilla acusados de intentar traficar con personas cuando lo que hacían eran dejarse su tiempo y dinero en poner sus conocimientos de rescate y salvamento al servicio de personas desconocidas que arriesgaban su vida lanzándose la aventura del mar, han sido finalmente absueltos.
Una pesadilla, una mal sueño, han insistido durante todo este tiempo. Tenían claro desde el principio que se les había tocado en suerte lidiar con la justicia griega como “cabeza de turco”, como otros tantos casos parecidos que se investigan en Europa, según recordaba recientemente la activista Helena Maleno, por dar comida, por ofrecer ropa a quien no tiene nada. Pero su caso, por lo llamativo, porque también les intentaron acusar de tráfico de armas por los cortacabos que llevan dentro del equipo de rescate, ha recibido el arrope unánime de toda la sociedad andaluza y española. Porque salvar vidas no es delito, han insistido. Y su mensaje ha calado y su absolución ha sido una alegría para todos los que conocían su caso.
Durante meses, salvo el susto inicial y unas primeras valoraciones en la Facultad de Derecho, la causa no ha sido especialmente conocida para la opinión pública, más por prudencia que otra cosa, llevando eso sí el asunto hasta las más altas instancias europeas. Pero en las últimas semanas, la campaña de busca y captura de apoyos ha sido todo un éxito. Y pocas veces se logra la unanimidad política de todos los partidos. “Se nos acusa de estar en el otro extremo y no hemos hecho absolutamente nada, es muy injusto”, añadía por entonces Julio.
En el punto de mira
Con cuentagotas, la información ha ido cayendo en estos dos años hasta el esperado día del juicio. La valoración posterior de Manolo Blanco, el más veterano de los tres bomberos y portavoz en los últimos tiempos, es síntoma de lo que han podido sentir todo este tiempo, entre la certeza del acto solidario y el miedo a sentar precedente. ante “uno de los juicios más injustos de la historia”. “Sigue ocurriendo lo mismo en el Mediterráneo, y que se sigan perdiendo vidas y que la mejor cara de Europa la hemos representado los voluntarios, está claro que salvar vida no es un delito”. Son las “implicaciones” de las que habla Manolo.
“Poquito a poco iremos viendo qué hacer”, apunta Quique. Ellos lo tienen claro. Volverán como volvió Proemaid a poner su granito de arena en ayudar a la gente que se juega la vida tirándose al mar para huir de la guerra y de la misería de su propio país. Están, como decía su lema, apoyados por actores y actrices del cine español, condenados a salvar vidas. Y así aseguran que van a seguir haciendo.
Las ONG que han desplegado ayuda en el Mediterráneo tras la denominada crisis de los refugiados han estado en el punto de mira. Primero había sido Frontex en diciembre de 2016, después el fiscal de Catania en mayo de 2017. Luego vino la propuesta de los gobiernos italiano y libio en julio de 2017 para elaborar un código de conducta para “controlar” a las organizaciones. “Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar la inmigración irregular”, llegó a decir el ministro Juan Ignacio Zoido, disculpándose una semana más tarde en una carta remitida a las ONG. “Estamos sacando del agua a la gente que deberían rescatar los Estados miembros”, habían defendido las ONG. Reciente y pendiente está el caso de Helena Maleno, investigada en Marruecos por una causa penal sobre sus llamadas a Salvamento.
La absolución de Manolo, Quique y Julio ha permitido a la sociedad civil lanzar un mensaje unánime, con la justicia como respaldo: acabar de una vez por todas con la criminalización de quienes simplemente buscan evitar más más muertes en el mar Mediterráneo.