El Ministerio de Empleo y Seguridad Social tendrá que dar más explicaciones sobre la concesión de las ayudas cofinanciadas por Junta y Estado por valor de 40 millones de euros a los trabajadores de cinco compañías mineras de la Faja Pirítica de Huelva entre 2003 y 2005.
Una providencia de 11 de enero firmada por la jueza María Núñez Bolaños, instructora de esta pieza separada del caso de los ERE y que impulsó meses después de que su antecesora, Mercedes Alaya, ignorara la cuestión durante la instrucción, acuerda librar oficio a la Dirección General de Empleo Social para que amplíe el informe donde reconoció que usa concesión directa en ayudas laborales, remitido a este mismo juzgado el pasado 18 de septiembre y donde daba cuenta de todas las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Estado entre 2001 y 2011, el mismo período que se investiga por la gestión de la Junta de Andalucía.
Precisamente este juzgado acaba de exculpar en esta pieza a seis exaltos cargos de la Junta de Andalucía después de que Bolaños siguiera el criterio marcado por la Audiencia de Sevilla en cuanto a la imposibilidad de no poder juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos. Se trata de una cuestión, asimismo, muy presente en el juicio que se desarolla estos días contra 22 exdirigentes andaluces, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán, donde las defensas han rechazado que Anticorrupción quiera de alguna manera “reinterpretar” el objeto de juicio trayendo al procedimiento una confirmación expresa para la inclusión de cada ayuda concreta.
La novedad de la providencia de Bolaños reside principalmente en que la jueza recoge la petición de la Fiscalía Anticorrupción, enviada el pasado 15 de diciembre y que hasta ahora no había trascendido, para que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aclare si en todos los expedientes reseñados en su informe constaba solicitud conjunta de la empresa y de los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos; si recayó resolución expresa de concesión de las ayudas; o si los citados expedientes estaban sujetos a fiscalización y a qué extremos abarcaba la misma, según consta expresamente en la providencia.
También se interesa la Fiscalía saber si todos los expedientes reseñados estaban sujetos a disponibilidad presupuestaria existente, si fueron objeto de justificación por los beneficiarios, si en dichas ayudas se inició algún procedimiento de reintegro, debiendo, en su caso, hacerse una relación de tales procedimientos por cada ayuda concedida. En relación a esta pieza, Anticorrupción apenas hace unos meses no se mojaba sobre si las ayudas de los ERE tenían un marco legal estatal, mientras que el juez Martín rechazó anteriormente que el Ministerio aclarara en persona esta cuestión.
Una pregunta “impertinente”, según Alaya
Cabe recordar también que, a comienzos de 2015, durante la ratificación del informe pericial clave de la causa, la jueza Alaya no quiso profundizar en el origen de las subvenciones concedidas a los mineros de la Faja Pirítica. La entonces titular del juzgado consideró “impertinente” la pregunta de un abogado que pedía que se aclarara por qué no se publicaron las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Gobierno central. El equipo pericial admitió que no había examinado cómo se tramitaron esas ayudas, las únicas que constan en autos como cofinanciadas entre Junta y Ministerio, pero sobre las que ahora deberá pronunciarse muy en detalle el departamento que actualmente dirige Fátima Báñez.
La jueza Bolaños, además, acuerda ahora librar oficio a la Delegación de Gobierno en Andalucía a fin de que aporte el acuerdo firmado entre el delegado de Gobierno de Andalucía y el consejero de Empleo de la Junta el 27 de febrero de 2002, así como las comunicaciones de dicho documento realizadas a todos y cada uno de los departamentos de la Administración del Estado, y copia del 'Plan Unico' del Gobierno Central para paliar la crisis de la Faja Pirítica con el expediente completo de elaboración, entre otras nuevas pruebas.
La Fiscalía, al margen de esta pieza, señaló en la última sesión del juicio del procedimiento específico antes de su suspensión hasta el 12 de febrero que no tiene “nada que objetar” a la admisión de la prueba solicitada por el abogado del exconsejero José Antonio Viera en cuanto a la presencia como testigos de antiguos responsables del Ministerio de Empleo durante la vista, si bien quiso aclarar que la declaración de Soledad Córdova en la pieza separada de la Faja Pirítica, qe aludió a las “plenas competencias” de Junta y Estado para conceder ayudas, ya está incorporada a la pieza que ya se está enjuiciando “a petición de parte”, concretamente a petición del expresidente Griñan.