La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acuda como testigo al juicio de los ERE como había solicitado la acusación particular que ejerce el Partido Popular en una de sus cuestiones previas planteadas al tribunal. El fiscal, que ha argumentado que no procede la entonces consejera de la Presidencia e Igualdad en 2012 y 2013 testifique en el juicio que acaba de arrancar, ha admitido en cambio la presencia en la vista oral del actual viceconsejero de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, al dirigir el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que percibió una de las ayudas que se investigan (por valor de 24.000 euros), así como la de la senadora socialista, exconsejera de Presidencia y que fue investigada por el Tribunal Supremo en esta causa, María del Mar Moreno.
La petición sorpresa del PP en una de las primeras sesiones del juicio la semana pasada, con la intención de traer al juzgado a Susana Díaz, ha sido rechazada por parte del Ministerio Público y también de las defensas, si bien el tribunal aún no se ha pronunciado al respecto. Lo hará dentro de unos días, cuando resuelva todas las cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas, siendo de prever que el tribunal seguirá el criterio mantenido este lunes por la Fiscalía, esto es, que Susana Díaz no tenga que acudir al juicio de los ERE como ha pedido al PP, que argumentó que la dirigente andaluza tiene un “amplio conocimiento de los hechos” que se van a empezar ahora a juzgar.
Cabe recordar que, en mayo de 2016, la jueza Núñez Bolaños archivó la investigación contra cuatro exalcaldes andaluces, entre ellos Jiménez Barrios, por prescripción de los delitos, dejando archivadas las actuaciones por haber pasado más de diez años desde su conesión y por ser inferiores a 450.000 euros, sin haber estado Jiménez Barrios como investigado, quien declaró como testigo pero con posterioridad, el 5 de julio de 2016.
El abogado Luis García Navarro, en su turno para exponer las cuestiones previas, explicó que de las declaraciones de la actual presidenta andaluza y del contenido de “sus comparecencias públicas en sede parlamentaria y en los medios de comunicación” se deducía que tiene un “amplio conocimiento de los hechos” investigados.
El PP andaluz también recordó que, “durante su mandato” como consejera de Presidencia, “se tramitó y se aprobó” el decreto de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis.