El PP se ha guardado hasta el inicio del juicio de los ERE la petición de que Susana Díaz comparezca como testigo, una cuestión que no había expuesto en ningún momento de la instrucción pero que ha planteado como cuestión previa en la vista en la que se juzga a sus antecesores en la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 20 exaltos cargos por el 'procedimiento específico' por el cual supuestamente se concedieron las ayudas que se investigan.
El abogado Luis García Navarro, en su turno para exponer las cuestiones previas, ha explicado que de las declaraciones de la actual presidenta andaluza, y exconsejera de Presidencia con José Antonio Griñán como presidente, y del contenido de “sus comparecencias públicas en sede parlamentaria y en los medios de comunicación” se deduce que tiene un “amplio conocimiento de los hechos” investigados.
El PP andaluz también ha recordado que, “durante su mandato” como consejera de Presidencia, “se tramitó y se aprobó” el decreto de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis..
También ha solicitado esta acuación que testifique también la exconsejera de Presidencia María del Mar Moreno, que estuvo investigada en la causa por el Tribunal Supremo, igualmente por su “conocimiento directo” de la cuestión que se enjucia ahora. Asimismo, el PP ha pedido que acuda como testigo el actual consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios ya que, como alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), el Ayuntamiento que dirigía fue beneficiario de una de las ayudas concedidas.