Las ocho Fiscalías Provinciales de Andalucía han resuelto archivar las denuncias presentadas el pasado mes de octubre por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los prolongados tiempos de espera para la atención diagnóstica y terapéutica por entender que vulnera los derechos fundamentales de los pacientes.
El propio Ministerio Fiscal, a través de su gabinete de prensa, ha informado de este archivo coordinado. ElDiario.es Andalucía ya adelantó ayer el archivo de la interpuesta en Sevilla, a la que lógicamente debían seguirle las del resto de provincias andaluzas, en las que se denunciaban hechos similares.
Las ocho Fiscalías Provinciales argumentan para su archivo que examinadas las denuncias no se aprecian indicios de infracción penal ni conductas individualizadas que permitan imputar responsabilidad penal concreta como delito. “Carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito”, señala la nota del Ministerio Fiscal.
Allí también se señala que no toda situación que afecte a los derechos ciudadanos conlleva un delito, sino que existen otras jurisdicciones que pueden resolver esta cuestión; en este caso, la contenciosa-administrativa.
El pasado 17 de octubre las Mareas Blancas interpusieron, coordinadamente, ocho denuncias en las sedes de las ocho fiscalías provinciales. El colectivo ciudadano quería que se investigara si había una responsabilidad penal en el hecho de que casi dos millones de usuarios de la sanidad pública en Andalucía aguarden para una operación, para la cita con el especialista y para una prueba diagnóstica, teniendo en cuenta que en la comunidad autónoma existen leyes de garantías de plazos para cada proceso que “en los últimos años no se cumplen de forma reiterada”.
Mareas Blancas aportaban cifras de cada provincia y ejemplos de pacientes que, por culpa de la demora en la atención asistencial, habían sufrido consecuencias médicas de calado. Algunos, publicadospor este periódico, como la condena al Servicio Andaluz de Salud por tardar dos años en diagnosticar un cáncer de pulmón o por retrasarse ocho meses en diagnosticar una fractura de tobillo. “La demora por el tiempo perdido puede suponer la progresión irreversible de la enfermedad con la incapacidad consiguiente o incluso el fallecimiento”, se decía en la denuncia.
Con este archivo conjunto, la Fiscalía da carpetazo a la vía penal, abriendo expresamente la puerta a que se explore la vía contencioso-administrativa si se estima que se ha producido un mal funcionamiento de la administración que está lesionando derechos.
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