¿Es ilegal que más de 200.000 usuarios de la sanidad pública de Andalucía esperen 169 días de media en lista de espera para operarse? Es la pregunta que, en forma de denuncia, se la ha hecho la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ante las ocho fiscalías provinciales teniendo en cuenta que en la comunidad autónoma existen leyes de garantías de plazos para cada proceso que “en los últimos años no se cumplen de forma reiterada”. De admitirse sus escritos, que aportan cifras y ejemplos de pacientes que por culpa de la demora en la atención asistencial han sufrido consecuencias médicas de calado, sería la segunda investigación judicial abierta contra la gestión sanitaria en Andalucía puesto que un juzgado indaga ya al Gobierno de Juan Manuel Moreno por adjudicar a dedo 243 millones a clínicas privadas con una ley derogada.
“Las esperas sanitarias diagnósticas o terapéuticas, escandalosamente prolongadas por encima de lo médicamente razonable, pueden provocar una progresión irreversible de las alteraciones orgánicas causantes de la enfermedad, incluso pueden originar la muerte de la persona que está esperando ser diagnosticada o tratada”, se resume en el escrito, que incorpora cifras a junio de este año, misma fecha de la última actualización, publicada este miércoles por el Ministerio de Sanidad y que también despertó un cuestionamiento por parte de CCOO Andalucía que, también con datos en la mano, asegura que “Andalucía tiene las peores listas de espera de toda España”.
Representantes del colectivo, que anunciaron la denuncia el lunes en nota de prensa, se han concentrado esta mañana en las sedes de las fiscalías para presentar la denuncia “para que evalúe la legalidad de la situación sanitaria pública andaluza actual”, según se cita en los escritos, los ochos con el mismo texto y con datos provincializados. “En los últimos años” la situación “no tiende a remitir sino que empeora cada año, tanto en el número personas esperando ser atendidas como en los tiempos de espera para recibir dicha atención”, especifican las Mareas.
“Es lógico sentirse muy preocupados por que la situación actual de deterioro de la sanidad pública se normalice, es decir, que los y las andaluzas nos acostumbremos a esta dinámica, como si fuera lo normal”, resumen. La coordinadora ha aportado cuatro casos particulares como ejemplo de lo que está pasando debido a esas esperas que, podría “llegar a ser ilegal” de ser de un año o más para llegar al diagnóstico de una enfermedad que puede ser vital en su progresión o que, en cualquier caso, limita gravemente la calidad de vida del paciente, se pregunta en la denuncia.
Sebastián Martín Recio explica a este periódico en la concentración de Sevilla que existen “situaciones límite” debido a esas esperas y a esa “incertidumbre” generada en los pacientes, que ven afectadas “sus vidas” o pueden conllevar “incapacidades”. En su opinión, “el Gobierno andaluz no puede rehuir la responsabilidad que tiene en ese sentido” y “no puede tirar balones fuera”, esperando que la Fiscalía tome en consideración las denuncias para que la Junta asuma que “el sistema no puede continuar así, porque es público y notorio que las cifras son las que son”.
Y los casos son los que son, alguno de los reflejados fueron publicados por este periódico. Como la condena al Servicio Andaluz de Salud por tardar dos años en diagnosticar un cáncer de pulmón, o la condena a la sanidad pública andaluza por retrasarse ocho meses en diagnosticar una fractura de tobillo. “Es muy obvio que una persona no puede tardar más de un año en ser diagnosticado porque, si finalmente es una enfermedad grave, la demora por el tiempo perdido puede suponer la progresión irreversible de la enfermedad con la incapacidad consiguiente o incluso el fallecimiento”, dice su escrito.
En la denuncia se dice que “la gestión que frecuentemente hace el SAS” es “llamar a la persona afectada y 'aconsejarle de forma rotunda' que acuda a una clínica privada para ser atendido. Y se le constata a la persona que, en caso de no aceptar por querer ser atendido en un recurso público, ya no se cumplirían los tiempos del Decreto Ley de Garantía”. Según Recio, ello tiene como consecuencia que “la sanidad pública se va a ir quedando con las personas con edad más avanzada, y con más dificultades”.
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