La Fiscalía cree que la Junta de Andalucía represalió a un docente por su “actitud crítica” con las oposiciones

La Fiscalía cree que la Junta de Andalucía está sancionando a un profesor por manifestar una opinión crítica con el sistema de oposiciones a docente. Así consta en varios escritos presentados por el Ministerio Público en un procedimiento contencioso-administrativo abierto por el sancionado. Este considera que la Consejería de Desarrollo Educativo, guiada por el ánimo revanchista de un alto cargo, está vulnerando sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. El profesor acaba de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El origen de esta batalla contra la maquinaria sancionadora de la administración andaluza está en las oposiciones a docente de hace cuatro años. Aquel proceso provocó un terremoto: cientos de aspirantes se quejaron por su opacidad, errores y arbitrariedades y decenas llegaron a los tribunales. En al menos un caso los tribunales han obligado a repetir una oposición a todos los aspirantes.

Una carta viral condensó todo ese malestar. Se titulaba “Pido perdón” y se atribuyó a Ismael Ramos, profesor de Geografía e Historia en un instituto granadino, que había sido miembro de un tribunal de oposiciones. En la carta se pedían disculpas por participar de un sistema “injusto y opaco”, que no garantiza el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. “¿Es posible calificar ese volumen de ejercicios con rigor y equidad en ese plazo?”, se preguntaba. Es una queja que los miembros de tribunales de oposición suelen expresar en privado, pero rara vez en público.

La Consejería de Desarrollo Educativo reaccionó a la crítica de dos formas: públicamente menospreció la carta, aventurando que expresaba una opinión anecdótica entre los 3.000 calificadores. Y a la vez, canalizó su enfado abriendo un expediente para castigar a Ismael Ramos, al que atribuyó graves conductas con relevancia disciplinaria. Durante meses, condujo una investigación por incumplimiento del deber de sigilo que habría causado un supuesto perjuicio a la Administración. Acabó sancionándolo con 12 días de suspensión de empleo y sueldo.

Consultada por este medio, la Consejería explica que no valora expedientes disciplinarios.

Fiscalía: “Una represalia a la actitud crítica”

Ramos, que lleva cuatro años batallando ante los tribunales para revocar la sanción, se siente perseguido por la Consejería, y la Fiscalía cree que tiene razón. La fiscal Vanesa Coya Linares señala en un escrito que el expediente está “motivado como una represalia a la actitud crítica” con las oposiciones y concluye que la Junta de Andalucía está vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al perseguir de esta forma a Ramos.

“Las incidencias e irregularidades son numerosas”, observa la fiscal, “y las explicaciones dadas por la demandada [la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía] no han sido suficientes para justificar que el motivo del expediente es el que se recoge en el mismo y no una reacción a las quejas del actor”.

La sanción está firmada por Pablo Quesada, Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos por entonces, ascendido a viceconsejero a finales de 2024. En esas mismas fechas, Ramos entregó por registro un informe dirigido a Quesada sobre las deficiencias que había encontrado en las oposiciones.

El profesor cree que el contenido de ese informe soliviantó a Quesada, y que este habría impulsado el expediente en represalia contra él, incluso alterando o ignorando las reglas que rigen el procedimiento administrativo. Hay “una clara motivación personal de la Dirección General para alterar el recurso y el procedimiento” ignorando preceptos legales para resolver él los recursos que ponía Ramos ante la administración, señala el escrito que Ramos ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Según esta tesis, la carta habría sido una mera excusa para sancionarle.

Profesor de instituto antes de ser nombrado director general por el fallecido Javier Imbroda, Quesada tiene, curiosamente, un pasado reivindicativo: como delegado en Jaén de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, denunció públicamente “un sistema educativo basado en modelos pedagógicos que se sabían erróneos”, acusando a la Administración y “quien la apoya” por no ser “capaz de admitir ningún fallo”, y por culpar a los profesores por “no estar lo suficientemente comprometidos”, según declaró a Ideal

El hecho es que algunas de las deficiencias denunciadas por Ramos en el informe que envió a Quesada fueron corregidas o mitigadas en convocatorias posteriores. Por ejemplo, ya se permite la revisión de exámenes, y la ratio alumnos/tribunal fue reducida sensiblemente. Pero la Consejería siempre ha negado que estas mejoras tuvieran que ver con la carta o las reclamaciones de los opositores, que motivaron también que el Defensor del Pueblo interviniera de oficio para pedir transparencia.

“¿Quién garantiza que los ejercicios se han corregido con detenimiento?”

La carta fue enviada inicialmente a un grupo privado de docentes, pero acabó filtrándose a foros públicos y, de ahí, se hizo eco de ella elDiario.es Andalucía, entre otros medios. Estaba encabezada en mayúsculas con un ruego, “PIDO PERDÓN”, y era, en esencia, un mea culpa de un miembro de tribunal por participar en lo que, a su juicio, es un sistema arcaico, injusto y cruel, que no garantiza la igualdad entre los opositores, la valoración rigurosa de sus méritos y la transparencia.

Se decían cosas como las siguientes: “Falta de coordinación y apoyo logístico general en todos los ámbitos, repercute en el rigor de los resultados”; “en ningún momento del proceso existe un control externo”; “¿quién garantiza que todos los ejercicios se han corregido con el detenimiento y precisión que este proceso exige? Quizás aquí encontremos la razón por la que no se muestran las pruebas escritas a los candidatos que lo solicitan”; “la Administración pulveriza algunos de nuestros derechos laborales y nos obliga a formar parte de este sistema injusto y cruel”; “pesa sobre mi conciencia todo el tiempo que habéis dedicado a estudiar y prepararos para formar parte de esta pantomima”.

También daba detalles del proceso de oposiciones: “Los miembros del tribunal hacemos jornadas de 12 a 14 horas y, en ocasiones, sin descanso semanal (de lunes a domingo)”; “de un día para otro (de un domingo a un lunes) me encontré con qué tenía que calificar unas 3.500 páginas en una semana (500 hojas diarias), además de mecanizar los 38 ítems de cada ejercicio”; “el tribunal, en el mejor de los casos, cuenta con un día y una tarde para calificar todas las programaciones antes de empezar las pruebas orales”.

Por estas frases, y particularmente por las tres que revelaban la carga de trabajo, la administración abrió expediente a Ramos nueve meses después. La instructora desplegó una exhaustiva labor indagadora. Llegó a requerir grabaciones de conversaciones telefónicas mantenidas por este periodista con sus fuentes, con expresa advertencia de que “si no tendrá que acudir ante un juez”, y a conducir interrogatorios de tres horas al investigado y sus compañeros.

Inicialmente, propuso sancionarle con 45 días de suspensión de funciones, pero lo hizo ignorando sus alegaciones, así que tuvo que recular y retrotraer el expediente. Luego volvió a proponer idéntica sanción, despreciando el hecho de haber dictado la resolución fuera de plazo, alegando que “no puede ser entendido como riguroso”.

“Hay una intención clara de que tenga algún correctivo”

La defensa de Ramos, asumida por el sindicato CGT, acusa a la Consejería no solo de abrir caprichosamente el procedimiento sancionador, sino de alterarlo “continuamente” con el único fin de sancionar al docente. También, de intentar ejecutar a toda costa la resolución a pesar de que se adoptaron medidas cautelares en contrario, algo que también subraya Fiscalía. Fuentes de la Consejería aseguran que los expedientes se paralizan hasta que hay sentencia firme, pero no ocurrió así en este caso. “Hay una intención clara de que tenga algún correctivo”, apunta Marcos García Mariscal, el abogado que lo representa. En este afán de aplicar un castigo, la instrucción incluso pasó por alto que no hay en todo el expediente una acreditación fehaciente de que Ramos escribiera aquella carta.  

Finalmente, la Consejería suspendió a Ramos doce días de empleo y sueldo, sanción que él recurrió ante un juzgado de lo contencioso-administrativo y luego ante el TSJA. Su defensa se basó en los defectos formales del procedimiento sancionador, que a su juicio debió extinguirse por caducidad.

Ambos rechazaron el recurso. Sin embargo, la fiscal sí cree que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de Ramos, y apunta a dos hechos sospechosos: en primer lugar, que la instructora del expediente propusiera sanción asegurando que Ramos no había presentado alegaciones, y que estos aparecieran después sin que se sepa cómo ni cuándo se incorporaron. “Es inaudito, porque desaparece la trazabilidad del documento al entrar en Delegación, y a posteriori se admite un certificado del responsable del registro diciendo que él lo llevó en mano”, señala el abogado.

En segundo lugar, la fiscal también se sorprende porque no se admitiera un recurso por la posible caducidad de todo. “Toda esta accidentada tramitación del expediente” acumula indicios de que “efectivamente se quería represaliar al actor por sus manifestaciones críticas”.