La Fiscalía de Granada ha presentado este lunes querella criminal contra la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, tres cargos más del organismo gestor del monumento, y dos empresarios por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de alquiler de audioguías.
Además de Villafranca, han sido denunciados la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, el jefe de la Sección Económica y de Contabilidad de la Sección de Gestión y Contabilidad de Ingresos y actualmente, de la Sección de Comercialización, José María Visedo, el interventor delegado del Patronato, el administrador único de la empresa adjudicataria del servicio, Stendhal Museum Solutions SL, antes GTP Museum Solutions SL, y su director general, que, como la máxima responsable del monumento, ya declararon ante la Policía en calidad de detenidos por este asunto.
El Ministerio Público informa en un comunicado, y “sin perjuicio de lo que resultare posteriormente” en el transcurso de la investigación, que se les puede considerar presuntos autores de un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos, y un delito de blanqueo de capitales.
La investigación de la Fiscalía se inició tras la denuncia presentada ante la Agencia Tributaria sobre una serie de irregularidades en la contratación efectuada por el Patronato de la Alhambra y Generalife en la explotación el sistema de audioguías de la Alhambra que fueron puestas en su conocimiento.
La querella ha sido formalizada ante el Decanato de los Juzgados de Granada para su reparto al que por turno corresponda, al haber sucedido los hechos objeto de investigación en la ciudad. La Fiscalía no ha hecho público sin embargo el contenido de la querella, porque entiende que no procede publicitarla en tanto que no se haya trasladado a las personas contra las que se dirige.
“Incidencias”, no “relevancia penal”
Tras declarar en calidad de detenida ante la Policía, Villafranca anunció que si finalmente era imputada por este caso pondría su cargo a disposición de sus superiores, aunque se mostró convencida de que la adjudicación ha podido tener “incidencias” pero nunca de “relevancia penal”.
Además, se quejó de que la Policía le informara de que declararía en calidad de detenida sin tener conocimiento previo de ello, por lo que sintió conculcados sus derechos fundamentales, algo que sin embargo rechazó el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, que indicó que precisamente se ha procedido así para evitarle la llamada “pena de telediario”, y que no se destruyera su presunción de inocencia.
El PP pide una comisión de investigación
Después de conocer que había comparecido como detenida, el portavoz del equipo de gobierno local, Juan García Montero, reclamó de nuevo su dimisión, si bien el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, fue más moderado, y no solicitó su cese aunque sí pidió un cambio en la gestión del monumento e instó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a sentarse a hablar al respecto.
También se pronunció sobre este caso el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien pidió a Díaz que cese “de manera inmediata” a Villafranca, ante lo que llamó un “un nuevo escándalo” que se une “a un largo rosario de irregularidades”, mientras que la vicesecretaria general del PP granadino, Marifrán Carazo, reiteró que su grupo va a pedir en el Parlamento andaluz una comisión de investigación para escrutar la gestión del Patronato de La Alhambra desde 2007, fecha en que se firmó el contrato de las audioguías que está siendo investigado.
El PSOE y la Junta de Andalucía han defendido por su parte la gestión del Patronato y de Villafranca. La secretaria de Organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón, fue especialmente crítica con el “procedimiento desmedido empleado” con la responsable de la Alhambra y consideró que respondió “a prácticas propias de un estado policial”, por lo que pidió explicaciones al Ministerio del Interior y al subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, por lo que calificó de un “abuso de poder”.
La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, defendió también la presunción de inocencia de la directora del Patronato y criticó que se encontrara detenida cuando iba a declarar “como cualquier persona a la que le piden información”.
Se trata de un caso en el que se baraja que ha podido cometerse un fraude de alrededor de 5,5 millones de euros según la denuncia presentada ante el Ministerio Público que motivó la apertura de una investigación, por un posible “amaño” en el proceso de adjudicación, que se remonta a 2007, cuando el Patronato de la Alhambra y el Generalife adjudicó a la empresa GTP el servicio de alquiler de audioguías del monumento.
El Patronato asegura que fue un concurso “transparente”
Tras conocerse la apertura de la investigación de la Fiscalía, el Patronato negó tráfico de influencias en este asunto, y explicó que la empresa concesionaria, GTP y posteriormente Sthendal, resultó ser elegida tras “un concurso público transparente”, cuya mesa de contratación estuvo formada por funcionarios, la intervención general y el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, no formando parte de esta mesa la directora general de la Alhambra, María del Mar Villafranca.
El órgano de contratación fue quien adjudicó, posteriormente y según el veredicto de la mesa, a la empresa GTP por tratarse de la mejor oferta.
Tras la firma del contrato, se advirtió la existencia de un error material y tipográfico en el documento que se solucionó a través de procedimientos legales. Prueba de ello, según el Patronato, es que las liquidaciones anuales se ingresaron siempre por importe de 77.000 euros.
El Pleno del Patronato de la Alhambra y Generalife, del que forma parte también el Ayuntamiento de Granada junto a la Universidad, el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía, aprobó la prórroga del contrato y el plan de pagos propuesto por la empresa GTP para hacer frente a la deuda con la Alhambra por los atrasos en el abono del canon. La deuda fue liquidada conforme a dicho plan de pagos, según consta en la documentación contable de la Intervención General, afirmó el patronato.