La Fiscalía Superior de Andalucía va a investigar las contrataciones exprés realizadas en las últimas semanas por la Junta de Andalucía. El objetivo es esclarecer si los procesos de contratación de cientos de interinos de diversas categorías (administradores generales, técnicos de pesca o conservadores de patrimonio, entre otros) incurren en posibles delitos. En el Decreto de Apertura fechado el pasado 5 de agosto, la Fiscalía Superior de Andalucía (con sede en Granada) anuncia la incoación de diligencias de investigación penal, después de la denuncia formulada por CGT.
La investigación que va a iniciar la Fiscalía a petición del sindicato se une a los procedimientos abiertos ante los juzgados de lo contencioso-administrativo a instancias del PSOE y Comisiones Obreras, que buscan paralizar estas convocatorias y sus efectos. También a la denuncia de Adelante Andalucía ante la cámara de cuentas. Todos cuestionan el mecanismo seguido por la Junta de Andalucía para contratar a cientos de funcionarios interinos. La administración se ha amparado en un acuerdo suscrito con los sindicatos en pleno estado de alarma para realizar más de una treintena de convocatorias en las últimas semanas, con las que está cubriendo puestos de todo tipo.
Este tipo de convocatorias se realiza sin anuncio previo, exige la presentación de la candidatura en 24 horas y selecciona a los candidatos por riguroso orden de presentación. Los primeros en presentar la solicitud son seleccionados. El procedimiento exige que las convocatorias se realicen después de agotar las bolsas de especialidades. Sin embargo, este medio publicó que en casi todas ellas hay candidatos “disponibles”. De la misma forma, aunque la norma que ampara este procedimiento exprés recoge que se seleccionará a “las personas más idóneas para el desempeño de los puestos convocados”, el criterio ha sido únicamente el de la rapidez en la presentación de la solicitud.
Además, las convocatorias excluyen por sistema a mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y a personas vulnerables por sufrir una amplia gama de enfermedades crónicas, que van de la diabetes a la hipertensión, pasando por el VIH, por ser personas vulnerables al coronavirus. Todo ello, a pesar de que los puestos ofertados no permiten suponer una exposición especial a ningún riesgo.
Denuncia de CGT ante la Fiscalía
Según CGT, este tipo de convocatorias supone una “flagrante violación de derechos constitucionalmente protegidos”, en perjuicio del personal de la bolsa única, de quienes llevan años como interinos o de los grupos excluidos. “La Junta ha cambiado la igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública por primar el supuesto orden de llegada de la solicitud, sin que haya posibilidad alguna de control, abriéndose una vía flagrante al enchufismo”, denuncia el sindicato.
CGT incide en su denuncia en la “discriminación directa” de la que serían objeto los colectivos excluidos de estas convocatorias. A su juicio, este sistema podría implicar la comisión de un delito contra los trabajadores del artículo 314 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de seis meses a dos años o multa a “los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad”.
El sindicato también observa un posible delito de prevaricación. “Excluir del acceso en el empleo público a determinados colectivos no responde a ningún criterio racional y fundamentado, resulta abiertamente contrario a las normas expresadas y generan un daño colectivo e individual efectivo, en el ámbito social y laboral”.
Una bolsa “mientras dure” la emergencia sanitaria
El Gobierno andaluz sigue defendiendo y publicando este tipo de convocatorias. Los sindicatos y los expertos consultados dudan de su legalidad, por suprimir los principios constitucionales de acceso a la función pública y por ser discriminatorias. La oposición y los sindicatos ven en el sistema una vía abierta al enchufismo.
Su origen está en un acuerdo con los sindicatos para cubrir puestos en primera línea contra el coronavirus (en centros sociosanitarios o residencias) durante el estado de alarma. Después, se extendió la posibilidad al “estado de emergencia sanitaria”.
En esto se ampara la Junta de Andalucía para seguir realizándolas, también para puestos que no guardan relación aparente con la lucha contra la pandemia. La administración justifica la exclusión de los colectivos de riesgo en un supuesto intento de protegerlos, aunque obviamente emplea a decenas de miles de trabajadores públicos en estas situaciones a los que permite el teletrabajo. Según los datos recabados por este diario, hay 35.168 funcionarios o laborales que teletrabajan por pertenecer a los colectivos a los que ahora se excluye de estas convocatorias de urgencia.
La intención de la administración, sin embargo, es no sólo contratar por esta vía, sino usarla para constituir un remanente de candidatos, una especie de bolsa paralela. Así se deduce de una diligencia publicada en la web del empleado público y firmada por el jefe del servicio de planificación y gestión de personal funcionario, en la que se advierte que “mientras dure la situación de emergencia sanitaria”, los puestos que no puedan cubrirse acudiendo a las bolsas ordinarias se cubrirán con quienes hubiesen solicitado participar en las convocatorias exprés. Aunque fue publicada el 7 de agosto, la diligencia está fechada el 7 de julio.