La Junta de Andalucía aprobó una norma al final del estado de alarma que permite a una empleada pública embarazada realizar parte o toda su jornada laboral desde casa, gracias al teletrabajo. En cambio, la misma Administración andaluza prohíbe que una embarazada opte a una plaza de los casi 3.500 contratos de emergencia que ha adjudicado en las últimas semanas para hacer frente a la pandemia de covid-19. La razón es que estas mujeres pertenecen a un colectivo de mayor vunerabilidad al virus. Lo mismo ocurre con funcionarios diabéticos, con tratamiento para el cáncer, u otro grupo de riesgo catalogado por el Ministerio de Sanidad.
Dos de los sindicatos que pactaron con la Junta esos contratos exprés han acudido a los tribunales para impugnar las adjudicaciones. CCOO y CSIF han denunciado ante el Contencioso Administrativo que vulneran el principio de “publicidad, capacidad y mérito”, y que abre la puerta al “enchufismo”. El sindicato CGT ha ido más allá al denunciar a la Junta ante la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía por supuestos delitos continuados de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores, por excluir de la contratación extraordinaria de emergencia a personas que padecen enfermedades de riesgo, como las cardiovasculares, respiratorios a inmunodeficientes o embarazadas. El PSOE, principal partido de la oposición, también ha impugnado las contrataciones exprés por la vía contenciosa, sin descartar la penal, y esgrimiendo los dos argumentos anteriores: que se vulnera el principio de capacidad y mérito y el principio de igualdad de oportunidades.
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos tiene 270.094 empleados públicos, contando los 27.297 contratados en el sector instrumental (personal laboral, no funcionarios). En este momento, el 73,8% de los empleados públicos andaluces realiza su trabajo de forma presencial y el 26,20% desempeña la jornada desde casa, bien exclusivamente con teletrabajo desde casa (10,67%); bien con un sistema mixto, presencial y a distancia (15,53%), según los datos aportados por la Consejería de Presidencia. En el grupo de empleados públicos autorizados a teletrabajar -más de un 13% de la Administración- se encuentran aquellos que pertenecen a los grupos más vulnerables a la covid-19. En números absolutos son 35.168 funcionarios o laborales que trabajan total o parcialmente fuera de la oficina.
Estos porcentajes excluyen a los trabajadores de hospitales, agencias sanitarias y servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud (alrededor de 8.000); al profesorado andaluz (más de 100.000), al personal de administración de las escuelas y a la plantilla de Justicia (considerados esenciales y de presencia obligada en sus puestos).
El colectivo de mayor vulnerabilidad a la pandemia incluye, según Sanidad, a personas “con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años”. La recomendación del Ministerio es que estas personas no se incorporen a su puesto de trabajo de forma presencial.
Entre los 35.168 empleados públicos con autorización de la Junta para teletrabajar están estos grupos de riesgo (Presidencia no clarifica exactamente cuántos), pero también pueden acogerse a esta fórmula los que tengan a su cargo a menores de 14 años, a mayores, a dependientes o a personas con discapacidad. El Gobierno andaluz les permite teletrabajar cuatro días a la semana y el quinto en la oficina.
Doble realidad laboral en la Junta
La pandemia ha creado una doble realidad laboral dentro del sector público andaluz para este personal más vulnerable al virus: el 15 de marzo, tras la declaración del estado de alarma, el Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobó una orden que estableció, con carácter general, la modalidad no presencial para la prestación de servicios en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía, sus entes instrumentales y consorcios adscritos. El 19 de junio, tras decaer el estado de alarma, la Junta ordenó el regreso paulatino a sus puestos de todos sus empleados públicos, pero también pactó con los sindicatos CSIF y UGT que aquellos que pertenecían a un grupo vulnerable podrían seguir teletrabajando (previa solicitud) hasta el 15 de septiembre.
En el mes de abril, en mitad de estas dos fechas y en pleno confinamiento, la Junta cerró otro acuerdo con los sindicatos de la Mesa de la Función Pública para poder contratar de urgencia, en convocatorias de 24 horas, a funcionarios provisionales y empleados laborales, una celeridad amparada “en el marco de emergencia de salud pública ocasionada por la covid-19”. La resolución que regula estas contrataciones exprés excluyó a las embarazadas, a los diabéticos y otros colectivos del grupo de riesgo.
La Consejería de Presidencia niega que exista una “doble vara de medir” ni que se discrimine a embarazadas o enfermos de cáncer en las adjudicaciones de emergencia. “Se trata de contratos temporales, máximo hasta el 31 de diciembre, para trabajos que no están telematizados, para personas que conocen bien el funcionamiento de la Administración y que exigen presencialidad”, explican estas fuentes. “Las personas seleccionadas no pueden aprender los procedimientos administrativos para hacerlos por teletrabajo en un periodo entre cuatro y seis meses, que es lo máximo que duran los contratos”, subrayan desde el departamento de Elías Bendodo, remarcando que el procedimiento de urgencia es “similar” al que ha regulado el Gobierno central y otras comunidades.
Todas las convocatorias exprés para puestos de trabajo en la Administración andaluza que ha sacado la Junta en las últimas semanas especifican que se trata de un puesto “presencial”, de ahí que se haya excluido de entrada a los aspirantes que pertenecen a un grupo de riesgo. Pese a todo, el procedimiento ha despertado los recelos de dos de los sindicatos firmantes del acuerdo que regula estos contratos, CCOO y CSIF, que han interpuesto recursos contencioso-administrativos contra las convocatorias de selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino en las últimas semanas, y del PSOE, que también ha denunciado en los tribunales de lo Contencioso, y no descarta acudir a lo Penal.
En ambos casos, la razón de estas demandas es que estos procesos extraordinarios “vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir la selección de personal funcionario de las administraciones”, abriendo la puerta al “enchufismo y el nepotismo”; y también violenta el principio de igualdad de oportunidades, al excluir de la convocatoria “a mujeres embarazadas, como si estuvieran enfermas”. Desde el área de Administración Pública de la Junta insisten en que el procedimiento es “perfectamente legal”, y que la exclusión de los grupos de riesgo, “predeterminada por el Ministerio de Sanidad”, está orientada a “proteger a esas personas”.
Los contratos exprés salen de un fondo excepcional para la reactivación de la economía, “por eso el procedimiento era el extraordinario del decreto ley, porque el procedimiento ordinario a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) habría retrasado casi cuatro meses la selección e incorporación. Y por eso el trabajo tiene que ser presencial”, insisten desde Presidencia. Las adjudicaciones no se limitan a reforzar la plantilla sanitaria para hacer frente a la pandemia, como pensaron en un principio los sindicatos firmantes.
También han salido plazas en otros puestos de la Administración, como la de ingenieros de minas, archivistas, conservadores de patrimonio o técnicos de pesca, que las organizaciones sindicales creen “injustificada su contratación de urgencia”. “Es posible entrar en la Administración andaluza por un correo electrónico a través de una página web de la Junta, sin publicidad, sin presentar el currículum a priori, sólo con llegar primero puedes entrar en el cuerpo de funcionarios interinos y laborales, es un escándalo”, denunció este lunes el diputado socialista y ex vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.