La Fiscalía de Sevilla únicamente ha mantenido su petición de entre ocho meses y un año de cárcel para seis de los acusados de 'ocupar' en 2007 el Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) 'Casas Viejas', mientras que para los otros cuatro imputados sólo ha pedido una multa al rebajar la calificación de los hechos de delito a falta.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, durante la segunda y última sesión del juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 14, el Ministerio Público ha elevado a definitiva su petición de un año de cárcel por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad para Rubén Iván D.P. y Agustín T.G., que fueron hallados en un zulo del inmueble con los brazos dentro de un tubo de hierro anclado con una cadena al final del mismo.
Hay que recordar, en este sentido, que Agustín ya fue condenado a pagar una multa de 3.600 euros y una indemnización de 1.200 euros por un delito de calumnias tras acusar a dos agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el desalojo de torturas físicas y psicológicas.
Asimismo, la Fiscalía ha mantenido este jueves su solicitud de ocho meses de prisión por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad para Luis Miguel L.R., Andrés Z.D., Irene L.B. y María Dolores V.M., según las fuentes consultadas por Europa Press.
LOS ACUSADOS PIDEN SU LIBRE ABSOLUCIÓN
Por el contrario, el Ministerio Fiscal ha rebajado de delito a falta de desórdenes públicos su acusación contra Carlos Javier S.E., Sergio H.M., Jorge Y.T. y Alicia P.G., que se enfrentaban inicialmente a una pena de un año de prisión y para los que la fiscal ha pedido finalmente que se les imponga el pago de una multa de 120 euros y cuatro días de localización permanente.
De su lado, los abogados de los diez acusados han interesado su libre absolución alegando fundamentalmente que la orden de desalojo no se encontraba incorporada a las actuaciones, y de manera subsidiaria han pedido que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas, ya que han transcurrido siete años desde que tuvieran lugar los hechos.
En la segunda jornada del juicio, han declarado varios bomberos y policías nacionales que intervinieron el día del desalojo, entre ellos el comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que ha asegurado que llevaban orden de desalojo pero no pudieron acceder al interior del inmueble porque las puertas estaban “totalmente selladas y atrancadas”.
LA POLICÍA DEFIENDE QUE LLEVABA ORDEN DE DESALOJO
Por este motivo, dio orden a los agentes de que saltaran la tapia y, una vez dentro, “yo mismo mostré el oficio de desalojo”, ha explicado el comisario, quien ha precisado que, tras identificar a todos los acusados, estos se quedaron dentro del inmueble “sin esposar” y debido a que “no conocíamos cuál podía su reacción posterior”.
“La actuación fue totalmente pacífica y no hubo ni un sólo parte facultativo por parte de los agentes ni de los acusados”, ha destacado el dirigente policial, quien ha asegurado que “no hubo resistencia activa” por parte de los imputados al desalojo.
Según indica la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar a las 8,30 horas del 29 de noviembre de 2007, cuando una comisión judicial se personó auxiliada por varios agentes de la Policía Nacional en este inmueble a fin de proceder al desalojo de la finca, aunque no pudieron acceder a su interior debido a que las puertas de acceso estaban bloqueadas y fuertemente aseguradas.
LOS HECHOS
Tras conseguir acceder a su interior sobre las 9,30 horas, se encontraron a los acusados Luis Miguel L.R. y Andrés Z.D. con el brazo encadenado e introducido en un tubo encastrado en hormigón, mientras que otra imputada estaba en el interior de un pozo cavado en el suelo de una de las habitaciones, colgada a media altura y tumbada en un tablón en horizontal y con un brazo encadenado e introducido en un tubo encastrado en hormigón.
Asimismo, al final del pozo se localizó un pasillo hormigonado de forma rectangular de cuatro metros de longitud que finalizaba en una puerta de hierro fuertemente anclada a la pared, puerta tras la que había un zulo donde se encontraban los acusados Rubén Iván D.P. y Agustín G.T., quienes manifestaron “su voluntad de no abandonar la finca y de permanecer en esa actitud pasiva de forma indefinida”, siendo apercibidos por los agentes de que estaban cumpliendo una orden judicial de desahucio y que podrían incurrir en un delito de desobediencia.
Seguidamente, llegaron al lugar los Bomberos, que comprobaron que los dos acusados tenían uno de sus brazos introducidos dentro de un tubo de hierro anclado con una cadena al final del mismo, siendo infructuosas todas las gestiones efectuadas para hacer deponer la actitud de los acusados, que “se negaban a salir y a prestar cualquier tipo de colaboración para ser liberados”.
Al día siguiente, se iniciaron las gestiones para desalojar la finca, “continuando los acusados en la misma actitud obstruccionista durante todo el día”, de manera que “ante el riesgo grave de derrumbe del habitáculo y de aplastamiento de los que allí se encontraban”, los Bomberos aseguraron el habitáculo mediante su apuntalamiento, teniendo los acusados que ser inmovilizados por los policías “dado el gran estado de agitación que presentaban y las amenazas que proferían de derrumbar los puntales”.
Asimismo, y de forma paralela al intento de desalojo, sobre las 10,00 horas del 29 de noviembre de 2007 se inició en el exterior del inmueble una concentración protagonizada por un centenar de personas que cortaron varios puntos de las calles Resolana, San Juan de Rivera y Ronda de Capuchinos, y desobedecieron las órdenes de los agentes para que volvieran a las aceras.