La investigación judicial al Gobierno de la Junta de Andalucía por la adjudicación a dedo de casi 300 millones de euros a la sanidad privada con base a una ley derogada y la entrada de la Fiscalía Anticorrupción han acelerado las noticias en torno al proceder de la Junta en la contratación sanitaria. Pero en un asunto más cotidiano, relativo al abultado número de pacientes en lista de espera, la gestión del Ejecutivo de Moreno no ha salido mal parada, al menos judicialmente, en la intentona de las Mareas Blancas de que la Junta asuma alguna responsabilidad a sabiendas de que 200.000 andaluces están aguardando para operarse, con la segunda demoria media más alta del país (169 días) de acuerdo a la última cifra oficial.
Según ha podido saber SevillaelDiario.es, la Fiscalía ha tumbado la denuncia que Marea Blanca Sevilla el pasado jueves 17 de octubre cuando, al unísono, interpusieron ocho denuncias en las sedes de las ocho fiscalías provinciales de acuerdo a la previsión de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas. De acuerdo a las mismas fuentes, ha sido de momento la única respuesta oficial de los representantes del Ministerio Público, en sentido negativo a las pretensiones de los denunciantes, apoyados públicamente sobre todo por el Grupo Parlamentario Socialista, que está cargando las tintas sobre la gestión sanitaria del Gobierno de Moreno.
El colectivo ciudadano se preguntaba ante la Fiscalía si no sería ilegal que casi dos millones de usuarios de la sanidad pública en Andalucía aguarden para una operación, para la cita con el especialista y para una prueba diagnóstica, teniendo en cuenta que en la comunidad autónoma existen leyes de garantías de plazos para cada proceso que “en los últimos años no se cumplen de forma reiterada”. Mareas Blancas aportaban cifras de cada provincia y ejemplos de pacientes que, por culpa de la demora en la atención asistencial, habían sufrido consecuencias médicas de calado.
Alguno de los casos reflejados fueron publicados por este periódico, como la condena al Servicio Andaluz de Salud por tardar dos años en diagnosticar un cáncer de pulmón, o la condena a la sanidad pública andaluza por retrasarse ocho meses en diagnosticar una fractura de tobillo. “Es muy obvio que una persona no puede tardar más de un año en ser diagnosticado porque, si finalmente es una enfermedad grave, la demora por el tiempo perdido puede suponer la progresión irreversible de la enfermedad con la incapacidad consiguiente o incluso el fallecimiento”, denuncian en sus escritos las Mareas Blancas.
Una ILP y una manifestación
“Las esperas sanitarias diagnósticas o terapéuticas, escandalosamente prolongadas por encima de lo médicamente razonable, pueden provocar una progresión irreversible de las alteraciones orgánicas causantes de la enfermedad, incluso pueden originar la muerte de la persona que está esperando ser diagnosticada o tratada”, se resumía en el escrito presentado en Sevilla, que incorporaba cifras a junio de este año, misma fecha de la última actualización publicada por el Ministerio de Sanidad y que también despertó un cuestionamiento por parte de CCOO Andalucía que, también con datos en la mano, ha asegurado recientemente que “Andalucía tiene las peores listas de espera de toda España”.
La defensa de la sanidad pública por parte de Coordinadora Mareas Blancas Andaluzas también pasa por la tramitación en el Parlamento de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que apuesta por “una sanidad 100% pública” en Andalucía, presentando 40.000 firmas de apoyo aunque, según aseguraron en su concentración de la semana pasada a las puertas del Parlamento, confían en “conseguir muchas más como demostración del apoyo de la ciudadanía andaluza”.
En ese sentido, este próximo domingo la propia Coordinadora Andaluza ya ha convocado manifestaciones en siete provincias el próximo domingo 17 de noviembre (en Cádiz será el día anterior -sábado 16 de noviembre-) bajo el lema 'Muévete por tu salud'.
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