Andalucía, sembrada de puntos rojos. Ese es el reflejo cartográfico de una tragedia: unos 60.000 asesinados que yacen aún en, como mínimo, 614 sepulturas ilegales según el Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la posquerra en Andalucía. Un documento clave en la reparación social de las víctimas y la lucha contra el olvido que, sin embargo, no se actualiza desde que fue publicado por la Administración autonómica en el año 2010.
El mapeado corrió a cargo de cuatro asociaciones memorialistas –encargadas de una investigación que se basó por necesidad en la historia oral debido a la escasez de fuentes documentales– con el aval de nueve universidades públicas y la financiación de la Junta de Andalucía. La señalización de los crímenes ofrece un plano del horror volcado hacia la zona occidental de la región, con 350 enterramientos en Sevilla (130), Huelva (120) y Cádiz (100). Ahí comenzó a triunfar el golpe militar fascista.
Hay menos tumbas localizadas en el subsuelo de Granada (87), Málaga (76), Córdoba (69), Jaén (24) y Almería (9). El 80 por ciento datan de 1936, con el oriente andaluz aún bajo control republicano. La estabilización del frente de guerra en la línea entre la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblo Nuevo y la granadina de Motril marcó la diferencia. Pero, ¿hay más restos óseos que los recopilados hace sólo unos años?
Andalucía, la comunidad con más fosas y más asesinados
Tanto el Gobierno andaluz como los grupos memorialistas tienen claro que sí. “No hay ninguna otra comunidad española que tenga el mismo número de fosas” o, sobre todo, el “volumen de represaliados”, declara el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo. La elaboración de un mapa “fiable” resulta “clave y fundamental” para que la sociedad conozca el “genocidio franquista” del que estos sepulcros “son pruebas irrefutables”. Entiende arriesgado, no obstante, “aventurar un número de las que aún quedan por localizar y delimitar”.
“La matanza fundacional en la que se basó el fascismo español dejó el territorio andaluz sembrado de fosas comunes”, relata Paqui Maqueda, de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), entidad que elaboró el mapa desde 2005 junto a la Asociación Guerra y Exilio, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica y el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía. “La Junta debe asumir de oficio” un mapeo “de gran magnitud y responsabilidad” que Maqueda. Ahora “un instrumento de poca utilidad”.
Para Cecilio Gordillo, del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT –que promueve junto a AMHyJA la página www.todoslosnombres.org–, esta cartografía fue “una propuesta hecha desde la sociedad civil que en manos de las administraciones se quedó anticuada antes de salir a la luz pública”. Está demostrado que existen, puntualiza, “bastantes más fosas de asesinados por los golpistas” que las recogidas en un documento que significa “la denuncia pública de los horrores que cometieron”.
Un nuevo mapa digital para 2014
Entonces, ¿por qué ha quedado inalterado desde que se publicó la página web y un cd interactivo? Para Naranjo, la dificultad estriba en las “limitaciones presupuestarias” y en la complejidad con que se formularon los mecanismos de modificación y actualización. Aún así, avanza para 2014 “un proyecto de elaboración de un mapa digital con varias capas de información” que incluirá “nuevas fosas” –además de los Lugares y Senderos de Memoria catalogados de manera oficial–.
Este “mayor dinamismo y capacidad interactiva” mejorará el “acceso” al “listado y representación cartográfica” digitalizada y a la “recogida de información”. Cumple la Junta así con “una prioridad” que el director general entiende como “deber público del Estado democrático” que se suma a la “indagación, localización, realización de catas, exhumación e identificación de los asesinados y desaparecidos”.
La necesidad de “socializar” un documento “básico”
Por su parte, desde Todoslosnombres se detalla una “iniciativa propia” de actualización del mapa andaluz con las aportaciones recibidas en los últimos años para “socializar” un documento “básico”. Este grupo ya publicó los trabajos que realizó –zona occidental– y se plantea ahora actuar por sus propios medios después de que la Administración autonómica no atienda, aseguran, sus “propuestas” de revisión.
“¿Alguien lleva la cuenta de las fosas abiertas en Andalucía? ¿Dónde está depositada la información emanada de los procesos de exhumación?”, susceptible de inclusión en este instrumento, se preguntan. La localización de las sepulturas es el primer paso para que se repare el “incalculable terror y dolor que emanan de estos lugares de memoria”. Será “necesaria”, aseveran, la implicación de las instituciones “pero también de historiadores, investigadores, cronistas locales, asociaciones y entidades memorialistas”, para hacer del mapa de fosas un “documento vivo” que elimine “la falta de transparencia y el oscurantismo” en torno a los crímenes del franquismo.