Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció las “graves” irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación, ha asegurado este jueves en su declaración como testigo ante la juez Mercedes Alaya que, entre abril de 2013 y principios de 2014, le dejaron como único responsable en su departamento para controlar y supervisar “miles” de cursos.
Montes ha declarado este jueves durante casi cinco horas ante la juez Alaya, que a las 15,45 horas ha decidido interrumpir la declaración hasta el próximo martes, cuando la propia instructora continuará con su interrogatorio y tras ella lo harán el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto; el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Junta y los letrados defensores de los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, únicos imputados hasta el momento en la causa.
De este modo, y según han informado fuentes del caso, Teodoro Montes se ha ratificado en la declaración prestada ante la Guardia Civil en agosto del pasado año 2013 y ha explicado que su ámbito de actuación se ciñe a la provincia de Sevilla, desde donde supervisaba las ayudas para actividades formativas concedidas por la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla y la Dirección General de Formación.
Durante su comparecencia, el funcionario ha insistido en que desde la Administración se le “obstaculizó” su labor hasta el punto de que, en abril de 2013, “desmanteló” su departamento y lo dejó como único integrante y por tanto responsable del mismo para controlar “miles” de cursos de formación, añadiendo que lo dejaron “sin ordenador y sin acceso a los expedientes” de los cursos.
En su declaración ante la Guardia Civil, los agentes le preguntaron “quienes son los responsables de las irregularidades descritas”, a lo que contestó que “todos sus superiores jerárquicos, sin excepción”. Hoy, la juez Alaya le ha preguntado por quiénes eran sus superiores y Montes ha indicado que su superior “inmediato” era un jefe de servicio identificado como 'Fito', además del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y su sucesora en el cargo y actual responsable, Aurora Cosano.
ANTES DE 2010 HABÍA “MÁS DE 30 PERSONAS” PARA CONTROLAR LOS CURSOS
Teodoro Montes, al hilo de ello, ha explicado a la juez que antes del año 2010 había destinadas en su departamento en Sevilla más de 30 personas encargadas de supervisar los cursos de formación, y aún así “eran muy pocas” para el volumen de cursos que se controlaban, mientras que desde principios de 2014 ya no está solo en su departamento al haberse destinado al mismo más funcionarios.
El testigo, a fin de explicar el descontrol existente, ha declarado a la juez Mercedes Alaya que, a día de hoy, existen 60.000 certificaciones de profesionalidad pendientes de emitir.
En su declaración ante la Guardia Civil, que ha ratificado este jueves, dijo que, “desde los dos últimos años, coincidiendo con la aparición de noticias sobre el caso de los ERE fraudulentos y con la sentencia favorable sobre el caso de 'mobbing', ha percibido una tendencia en aumento por parte de la Administración a acabar con su departamento, prohibiéndose a todo el cuerpo técnico su salida para la función de control e incluso removiendo a su persona, de manera que desde el 15 de abril el departamento” estuvo constituido únicamente por él mismo.
La declaración de Teodoro Montes continuará el próximo martes con las preguntas de la juez, que, en otro orden de cosas, ha suspendido la declaración prevista para el jueves 16 de octubre del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
SU DECLARACIÓN ANTE LA GUARDIA CIVIL
Cabe recordar que Teodoro Montes declaró el 22 de agosto de 2013 ante los agentes de la Guardia Civil y enumeró una serie de “irregularidades” como la justificación de asistencia a cursos de alumnos “que realmente no han asistido al mismo”, o la no presentación de documentos justificativos de la realización del curso ante el órgano gestor encargado del control y seguimiento.
Según relató, existen unos 450 cursos divididos en dos partidas, 2009 y 2010, realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que “no se puede certificar su materialización”. Al hilo de ello, Teodoro Montes dijo que, una vez que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se subrogó “todas” las obligaciones de la Faffe, personal de esta última acudió al SAE y participó en la gestión, “alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos”.
Los agentes también cuestionaron al testigo sobre cómo se asignaban los fondos, señalando Teodoro Montes que, hasta el año 2010, la Junta, “en virtud del estudio de una serie de parámetros, designaba, mediante resolución, a aquellas entidades que iban a ser las encargadas de llevar a la práctica las acciones formativas”.
LA ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS
No obstante, “esta forma de asignar los fondos cambió en el año 2010, de modo que a partir de ese momento la asignación se efectuaba mediante una convocatoria competitiva, mediante la cual se estudian otra serie de parámetros”.
El testigo señaló que, en el marco de las acciones de gestión que realizaba su departamento, “uno de los primeros problemas que detectan es que se encuentran con entidades que no tienen capacidad para la materialización, en las fechas previstas, de los cursos que se les han asignado”, a lo que se suma que su departamento “se ve desbordado en su labor de control y seguimiento de la ejecución de los cursos, con lo que las irregularidades que se cometen en muchos casos no son detectadas”.
Para finalizar su declaración, los agentes le preguntaron “quienes son los responsables de las irregularidades descritas”, a lo que contestó que “todos sus superiores jerárquicos, sin excepción”.
El 27 de agosto de 2013, Montes amplió su declaración ante la Guardia Civil para señalar que detectó “graves irregularidades” en las tres fases que las acciones formativas tienen a lo largo de su desarrollo, como son las de adjudicación, gestión o control y justificación.
CURSOS DE FORMACIÓN Y ERE
Así, afirmó que en el momento de la adjudicación de esas acciones formativas, las mismas “se hacen de manera discrecional, en virtud de las decisiones tomadas por los responsables de esos servicios centrales, cuyas cabezas visibles han sido la propia Dirección General de Empleo, viceconsejeros y consejeros, como responsables últimos”.
“Debe tenerse en cuenta además, que la adjudicación de cursos de formación va indisolublemente unida a la presentación de un ERE por parte de las empresas”, lo cual “viene justificado por el hecho de que, ante una situación de desempleo, independientemente de la financiación de los ERE, se pretende dar nueva formación a los trabajadores afectados que permita su inserción en el mercado laboral”.
A su juicio, “los gastos en formación, al igual que los expedientes irregulares, han servido para financiar de manera encubierta a determinados agentes sociales y al enriquecimiento ilícito de determinadas personas relacionadas con las empresas encargadas de prestar los servicios de formación”.
Asimismo, precisó que, en la fase de control o gestión, las partidas dedicadas a formación “debieran estar bajo el control, seguimiento y gestión de los correspondientes servicios de formación para el empleo ubicados en cada una de las delegaciones provinciales”, los cuales “carecen de capacidad suficiente de control, detectándose un exceso en el número de cursos que impiden su control eficaz”.
“TODO TIPO DE IMPEDIMENTOS”
“Esta falta de control se ve favorecida por las órdenes impartidas por los superiores, pues los jefes de servicio o el propio delegado provincial impiden la labor inspectora, poniendo todo tipo de impedimentos para que dicha labor se pueda llevar a la práctica”, señaló.