A las acusaciones vertidas durante los cinco días de declaración del testigo clave en el caso de la concesión irregular de fondos de Formación, Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, ha sumado dos consideraciones relevantes: una, que ha reconocido este viernes que un juez de Sevilla le ha imputado por falsedad en relación con un curso de formación, en concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río; dos, que fue el mismo juzgado de Mercedes Alaya el que le instó a denunciar los hechos en la unidad de la Guardia Civil.
La imputación por falsedad se concretó pocos meses antes de que el funcionario denunciara en agosto de 2013 ante la Guardia Civil “graves irregularidades” en los cursos formativos. El testigo ha afirmado que no le importa esta imputación porque en realidad le resolvió un problema a tres mujeres que se quejaban de que no podían recibir cursos porque aparecían como receptoras de acciones formativas, con documentos falsos, inasistencia de alumnos y falsificación de firmas, lo que ocurría con varios cursos de unos supermercados andaluces. Ante la evidencia de esas irregularidades, el funcionario recomendó a las mujeres que denunciaran lo ocurrido y su sorpresa fue que, a pesar de solucionarles el problema, al final se vio imputado.
En su declaración de este viernes, el funcionario también ha asegurado que determinados órganos judiciales favorecen a la Junta de Andalucía y mantienen con la Administración autonómica un trato especial. Esta afirmación la hizo al ser preguntado por el hecho de que un juzgado contencioso administrativo no accediera a sus peticiones, tras ganar una sentencia por acoso laboral contra la Junta de Andalucía, y determinara que ya había recuperado sus funciones y sus medios técnicos.
En el juzgado le instaron a que denunciara ante la UCO
Fuentes del caso han informado de que, en su quinta jornada de declaración como testigo ante la jueza Mercedes Alaya, Teodoro Montes ha admitido que, tras seis o siete años esperando “que alguien lo oyera” en torno a este asunto, “llegó a la puerta” del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para presentar una denuncia y se le indicó que lo hiciera ante la Guardia Civil, donde prestó declaración en agosto de 2013 y la amplió una semana más tarde.
Otras fuentes consultadas han mostrado su extrañeza por el hecho de que desde el juzgado de Alaya le remitieran a la UCO, que protagoniza las indagaciones de la instructora en el caso de los ERE y tras lo cual provocó que la juez asumiera el caso, y que no le instaran a presentar su denuncia al juzgado de guardia.Esta actuación pondría en cuestión la idoneidad de que este caso lo instruya la jueza Alaya.