La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) subvenciona por una doble vía a la Universidad Loyola: financiando sus proyectos para el desarrollo con el presupuesto de ayudas destinadas a universidades, pero también con el presupuesto de ayudas destinadas a ONGs. La Loyola, entidad privada de la que es profesora en excedencia la directora de la AACID, concurre a ambas convocatorias de ayudas: la primera directamente como universidad, la segunda a través de una de sus fundaciones -ETEA- que tiene una larga experiencia en proyectos de cooperación.
La Loyola es la única universidad andaluza que concursa y logra financiación por ambas vías. El resto de academias públicas consultadas por este periódico, o bien no tienen una fundación adscrita, o sí la tienen pero no participan de la convocatoria de ayudas a ONGs.
El presupuesto global que la AACID ha destinado a la única universidad privada de Andalucía desde que la dirige María Luz Ortega Carpio, hace tres años, asciende a 1.675.185 de euros, entre las subvenciones obtenidas y media docena de contratos menores con la entidad o con empresas vinculadas a algunos de sus docentes. El desglose, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, es el siguiente: 617.441,44 euros a través de 12 adjudicaciones de ayudas a proyectos de desarrollo para la universidad y contratos menores; y 1.058.185 de euros en subvenciones para la Fundación ETEA, entre los años 2019 y 2021 [la convocatoria de este año aún no se ha resuelto].
Esos 1,67 millones de euros que la Agencia Andaluza de Cooperación ha otorgado a la Loyola en los últimos tres años -entre subvenciones, contratos y licitaciones con un único adjudicatario- rebasan el presupuesto del que dispone la agencia este año para financiar proyectos en todas las universidades andaluzas: el gasto consignado para la convocatoria de 2022 asciende a 1,5 millones de euros, después de que la Junta recortase en un millón de euros esta partida [2,5 millones en años anteriores]. La cifra que ha recibido la Loyola desde que una de sus docentes dirige la agencia sitúa a la entidad privada como la más beneficiada de la comunidad en esta legislatura, muy por delante de las nueve universidades públicas restantes.
Hasta la entrada del Gobierno de PP y Ciudadanos, en enero de 2019, la Agencia Andaluza de Cooperación no financiaba proyectos a universidades privadas “por razones de criterio político”. La Administración actual cambió el sistema de concesión de ayudas -basado en convenios firmados directamente con las universidades- y creó un concurso público de concurrencia competitiva, que abrió la puerta por primera vez a las entidades privadas. En Andalucía, de momento, solo existe la Loyola. La paradoja es que la convocatoria de subvenciones de la AACID para proyectos de cooperación internacional permite que la universidad andaluza sea privada, pero la universidad del país en vías de desarrollo con la que va a colaborar debe ser obligatoriamente pública. Recientemente la directora de la agencia participó en una sesión de presentación de la convocatoria de ayudas para este año, 2022, y el responsable de una universidad andaluza le preguntó el por qué de esta “incoherencia”. “Nuestra obligación es reforzar el sistema público universitario en esos países en vías de desarrollo”, respondió Ortega Carpio.
La Universidad Loyola, que comparte con la Fundación ETEA personal, recursos y larga experiencia en el campo de la cooperación internacional y el desarrollo, empezó a presentar propuestas en todas las categorías ofertadas por la AACID, dirigida por una de sus profesoras en excedencia. Desde la primera convocatoria se puso por delante de otras universidades públicas y en 2021 fue la universidad andaluza más beneficiada tanto en número de proyectos financiados -cuatro- como en el montante total.
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha negado que exista “trato de favor” por el hecho de que la directora de esta agencia pública pertenezca a la universidad privada que más subvenciones, más presupuesto global y más contratos ha firmado con ella. “Ahora no está ejerciendo como profesora de la Loyola, no hay ninguna incompatibilidad”, explicó el pasado 9 de febrero, a raíz de una información publicada por este periódico.
La Loyola es la única universidad privada implantada en Andalucía, autorizada por el anterior Gobierno socialista. Desde la institución subrayan la tradición en proyectos de desarrollo humano, solidario e inclusivo “en línea con la misión que tiene encomendada como universidad de la Compañía de Jesús”. “El trabajo continuado en este campo en nuestra Universidad es conocido públicamente desde hace más de 30 años, cuando la actual universidad era la antigua ETEA en Córdoba”, explica Carlos García Alonso, vicerrector de Investigación de la Loyola.
Actualmente la universidad jesuita impulsa sus proyectos de cooperación a través de la Fundación ETEA-Instituto de Desarrollo, el Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social, el Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible, el Grupo de investigación de Estudios de Desarrollo, el Grupo de Trabajo para la Incorporación de la Universidad a los objetivos de la Agenda 2030 y la Revista Científica de Fomento Social. En algunos casos, estos departamentos comparten personal investigador y recursos. La línea de ayudas de la Agencia Andaluza de Cooperación destinadas a ONGs -de la que se nutre la Fundación ETEA- permite dedicar una parte del presupuesto a costes indirectos o gastos administrativos. Pero la línea de ayudas destinada a universidades no lo autoriza. La Loyola, por tanto, logra financiación pública para el doble de proyectos que el resto de universidades, pero no obtiene financiación para el mismo departamento por doble vía.
La Fundación ETEA ya accedía y obtenía subvenciones de la Agencia Andaluza de Cooperación en la etapa del anterior Gobierno socialista, vía convenios. Hay universidades públicas andaluzas que también cuentan con una fundación adscrita -la Hispalense y la Pablo de Olavide de Sevilla, la de Málaga, la de Córdoba-, pero ninguna de ellas ha optado a las ayudas que oferta la AACID en la convocatoria dirigida a ONGs. Este periódico ha contactado con responsables de las oficinas de cooperación internacional de algunas universidades públicas, que coinciden en que “no es incompatible recibir subvención vía universidad y vía fundación”. “La naturaleza de los proyectos de desarrollo para universidades es muy distinto del que hacen las ONGs”, aseguran.
También coinciden en que la Loyola, singularmente a través de la Fundación ETEA- tiene más experiencia en este campo, más proyectos, más recursos y más personal. “En las universidades públicas, la cooperación internacional es una maría, un tema menor dentro de la política de responsabilidad social”, aseguran fuentes de la Universidad de Jaén, que admiten que “en concurrencia competitiva gana quien tiene más experiencia, y la Loyola se lo ha tomado en serio”. La orden que regula las ayudas a la cooperación para universidades no permite que una misma entidad acapare más de 300.000 euros, de los 1,5 millones de euros que se reparten anualmente entre todas. La Loyola presenta proyectos por el máximo valor posible y, en algunos años, ha rozado ese tope. El resto de entidades públicas queda por debajo.
Las subvenciones no son el único vínculo entre la directora de la AACID y su universidad de origen. Desde 2019, la agencia ha firmado cinco contratos menores, uno directamente con la Loyola, otro con el bufete de abogados de uno de sus miembros, y tres más con una agencia de comunicación y marketing que dirige otra de sus profesoras. En todos los casos, salvo uno de los trabajos asignados a la agencia de comunicación, fueron licitaciones en concurrencia competitiva que terminaron adjudicándose a las únicas empresas que se presentaron a la oferta.
En diciembre de 2020, la AACID sacó a concurso la “Elaboración de un plan de gobernanza corporativa”. Solo se presentó la Universidad Loyola, que fue la única adjudicataria del contrato, por un montante de 13.310 euros. El pasado 13 de diciembre, la AACID sacó a concurso un contrato para “reordenar el organigrama de la agencia”. La licitación incluía “servicios de consultoría jurídica en gestión de recursos humanos” para “el diseño e implementación del nuevo organigrama y, asimismo, para la reordenación de la estructura orgánica actual de la AACID”. Solo se presentó el bufete Montelirio, Abogados y Asesores Tributarios SL, que se hizo con el contrato por un precio de 15.324 euros. El socio responsable del área laboral del bufete es Alejandro Hernández Leal, profesor colaborador de la Loyola.
Los otros tres contratos que vinculan a la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación con su universidad de origen se firmaron con la empresa Meridianum Talent Lab, sociedad limitada, que dirige Amparo Cantalicio, profesora en el Máster de Dirección de Marketing de la Universidad Loyola, “donde imparte clases de manera regular”.
En septiembre de 2019, la agencia adjudica a Meridianum un contrato para la Elaboración de un plan de comunicación de la AACID, por un montante de 5.263,50 euros, y una duración de tres meses; en abril de 2020, vuelve a obtener un contrato para el Diseño de una campaña de sensibilización sobre Andalucía como sociedad de acogida (6.836,50 euros; duración dos meses); y en octubre de 2021, logra el tercer contrato, esta vez para la Formación especializada en comunicación para el desarrollo (16.915 euros; duración seis meses). Las tres adjudicaciones de la agencia con la empresa de Cantalicio ascienden a 29.015 euros.
Ayúdanos a seguir haciendo periodismo desde el territorio. En el periodismo local es especialmente crucial depender de los lectores.
Por eso ahora, los socios y socias de elDiario.es también pueden añadir a su cuota una cantidad extra destinada íntegramente a nuestra redacción de Andalucía. Si quieres apoyar nuestra labor, hazte socio/socia y haz una aportación extra para nuestra cabecera.