El Gobierno andaluz autorizó a las clínicas privadas facturar más caro operaciones ya contratadas por concierto público

A mediados de 2020, durante los primeros meses de la pandemia, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a dedo –sin publicidad ni concurrencia competitiva– contratos de emergencia a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, ante la creciente presión asistencial que colapsó las listas de espera en la sanidad pública.
Algunas de esas clínicas privadas ya tenían suscrito un concierto ordinario con el SAS para realizar las mismas operaciones y pruebas, de modo que, durante un tiempo, convivieron dos tipos de contratación por el mismo objeto y con la misma empresa, pero con precios distintos. “Es una anomalía”, reconoce una fuente en la Consejería de Salud.
En agosto de 2020, la gerencia del SAS envió unas instrucciones por email a los centros sanitarios privados que se beneficiaban de esta doble contratación simultánea, esto es, “centros con concierto ordinario que también tienen Concierto de Alerta Sanitaria CAS [de emergencia]”, dándoles indicaciones específicas para facturar de dos formas distintas las mismas operaciones y las mismas pruebas.
El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, recoge esa doble facturación, con unas tarifas para los pacientes derivados “antes del 15 de julio” –cuando el SAS aprueba la primera declaración de emergencia– y otras tarifas (generalmente más caras) para pacientes derivados después de esa fecha.
Los primeros “se facturarán como de concierto ordinario, sean o no sean pacientes del listado CAS (derivados por contrato de emergencia)” y los segundos, “si son pacientes CAS se facturan según tarifa CAS y si NO son pacientes del listado CAS se facturan a precio de concierto ordinario”, reza la instrucción, firmada por el ex coordinador adjunto al gerente del SAS, Alfonso García, que entonces ocupaba el puesto de subdirector de Accesibilidad y Continuidad Asistencial.
Según esta cláusula, el SAS pidió a las clínicas privadas que, antes del 15 de julio, facturasen con las tarifas reguladas para los conciertos con la sanidad privada, que se adjudicaron por concurso público, con publicidad y concurrencia competitiva. Esos conciertos tenían un presupuesto cerrado para un determinado número de pacientes, aunque la Junta indicó a las clínicas que metieran ahí la factura de pacientes que habían sido derivados a posteriori a través de un contrato de emergencia (con tarifas distintas).
Las instrucciones están fechadas el 14 de agosto de 2020, es decir, las clínicas privadas recibieron las indicaciones de cómo cobrar por sus pacientes un mes después de la fecha que fijó el SAS para distinguir los dos tipos de facturación: el 15 de julio de 2020. La Consejería de Salud no ha aclarado a este periódico cuánto facturaron las clínicas privadas con la primera tarifa y cuánto por la segunda, cuántos pacientes derivados antes del 15 de julio acreditaron las empresas y cuántos después.
Tampoco aclara si, como consecuencia de estas instrucciones, se disparó el gasto del SAS al contratar por la vía de emergencias operaciones y pruebas que tenía ya contratadas por concierto ordinario.
Precios de concierto y precios de contrato a dedo
Las instrucciones del SAS “sobre la gestión de los contratos de emergencia” suscritos con hospitales, clínicas y centros sanitarios privados estuvieron vigentes, al menos, hasta finales de 2020. Es decir, están dentro del marco de actuación del juzgado de Sevilla que investiga la adjudicación a dedo de cientos de contratos de emergencia a la sanidad privada entre 2020 y 2024 por más de 234 millones de euros.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan al Gobierno de Juan Manuel Moreno por un supuesto delito de prevaricación, al prorrogar esos contratos hasta finales de 2024 amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.
La tarifa para operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas de un concierto ordinario suscrito entre la sanidad andaluza y las clínicas privadas es, generalmente, más baja que el coste de los mismos procedimientos cuando se hace por la contratación de emergencia. En 2020, el SAS contaba con una tarifación de los conciertos que suscribía con la sanidad privada, regulada en una orden de precios para cada intervención quirúrgica o prueba de diagnóstico (se actualizó con una polémica orden en marzo de 2023).
Los contratos de emergencia, en cambio, nacen de una “urgente necesidad”, “imprevista”, y es una adjudicación a dedo sin publicidad ni concurrencia competitiva. El SAS unificó los precios de las intervenciones y pruebas en los contratos de emergencia durante la pandemia, pero en muchos casos seguían siendo más caros que por concurso público. Por ejemplo, una resonancia nuclear costaba 81 euros por concierto ordinario y 115 euros por emergencia. El precio de una ecografía era de 18 euros en el primer caso y 28 en el segundo.
La coexistencia de ambos procedimientos en el inicio de la pandemia hizo que, durante un tiempo, el SAS estuviese pagando a unas clínicas más que a otras por realizar las mismas pruebas y operaciones. Esto provocó protestas de las empresas privadas que tenían en vigor sus conciertos ordinarios y, por tanto, seguían operando a pacientes derivados de la sanidad pública a los precios públicos concertados antes de la pandemia, más económicos que las tarifas fijadas después para los contratos de alerta sanitaria.
Este periódico ha contactado con clínicas de Sevilla, Málaga y Granada que atestiguan el “malestar” que se generó en el inicio de la pandemia por esta “diferente tarificación” del SAS, que “castigaba” a los que tenían concierto ordinario cuando estalla la crisis sanitaria de la Covid-19, frente a los que reciben una adjudicación a dedo de un contrato de emergencia para las mismas operaciones.

Para solventar esta situación, la dirección gerente del SAS envió esas instrucciones a las clínicas y hospitales privados con contratos de emergencia, incluidas las que en ese momento también mantenían conciertos en vigor con la Junta de Andalucía, compaginando ambos tipos de contratos. La pauta fue que cobrasen las operaciones y pruebas a pacientes con las tarifas de la contratación de emergencia (es decir, las más caras) desde el 15 de julio en adelante.
Fuentes del SAS reconocen que “la misma intervención quirúrgica se pagaba con tarifa distinta”, porque había centros sanitarios privados que aún tenían “capacidad ociosa” tras la pandemia, y a través de la contratación de emergencia podían asumir más pacientes de los que tenían asignados por concierto ordinario. “Los conciertos ordinarios los gestionaba y pagaban las plataformas provinciales de contratación del SAS, mientras que el contrato de emergencia se pagaba desde los Servicios Centrales del SAS, aunque hubiera un primer filtro desde cada plataforma”, explican estas fuentes.
Las instrucciones sobre facturación buscaban, por tanto, “diferenciar las intervenciones a pacientes con contrato ordinario de los que no estaban cubiertos por ese concierto”. Este periódico ha consultado a Salud por qué, si ya existía un instrumento de contratación en vigor con centros sanitarios privados –los conciertos ordinarios con publicidad y concurrencia competitiva–, se empiezan a usar contratos de emergencias con las mismas empresas, por las mismas operaciones y pruebas, pero a un precio mayor.
El departamento de Rocío Hernández no ha respondido a las preguntas formuladas por este periódico desde hace más de una semana. Una fuente en la gerencia del SAS ofrece dos explicaciones: la primera es que “cuando el SAS suscribe un concierto ordinario con una clínica privada lo hace con un presupuesto cerrado para un número de pacientes determinados”. “No se puede ampliar el número de pacientes de un contrato ordinario ni extender en el tiempo ese concierto, porque los que estaban en vigor ya se encontraban en situación de prórroga forzosa”, asegura.
Otra explicación es que los contratos de emergencia se hacen para derivar procedimientos quirúrgicos y pruebas a la privada que no estaban cubiertos por los conciertos ordinarios en vigor, de ahí que el SAS compatibilizase ambos tipos de contratación con las mismas empresas, pero para encargos distintos.
Prescindir de 63 millones en contratos a dedo
Las instrucciones del SAS obligaban a los centros sanitarios privados con contratos de emergencia a “remitir por correo electrónico, en los primeros diez días de cada mes, tanto las facturas proforma como su correspondiente relación a la Plataforma Logística Sanitaria Provincial y a cada Hospital del SAS de la provincia que haya realizado las derivaciones”.
La Consejería de Salud reclamaba a las clínicas privadas la documentación que exige la Ley de Contratos del Sector Público, esto es, una declaración responsable sobre el objeto social de la empresa, la solvencia económica y no estar incursa en prohibición de contratar; el seguro de responsabilidad civil y de responsabilidad del personal sanitario; la declaración jurada de los trabajadores de no incurrir en causas de incompatibilidad; y copia de la titulación y especialidad de los médicos.
La fecha que el SAS establece para distinguir los dos tipos de tarificación fue el 15 de julio de 2020. Ese día, el Gobierno de Moreno acordó la contratación mediante tramitación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria, concertándolos con centros de titularidad privada para el cumplimiento de los servicios necesarios en los plazos demandados.
Se trataba de dar salida, cuanto antes, a pacientes en lista de espera para pruebas de diagnóstico e intervenciones quirúrgicas “suspendidas como consecuencia de la pandemia por Covid-19”, declarada siete meses atrás. El montante total de esos primeros contratos de emergencia ascendió a 36,1 millones de euros, de los que 3 millones correspondían a pruebas diagnósticas y 33 millones a operaciones.
Era casi un tercio de lo inicialmente presupuestado por el SAS para derivar a la privada a los pacientes afectados por la suspensión de las operaciones a raíz de la pandemia. La contratación de emergencia inicial fue de 95,9 millones de euros, pero el 12 de octubre de 2020, la dirección gerente aprobó una modificación presupuestaria a la baja, prescindiendo de 62,9 millones de euros, al entender que “las perspectivas de mercado no aseguran la prestación que pudieran ofrecer los distintos proveedores ni es factible procedimientos de contratación normalizados habituales y las adquisiciones serán realizadas de modo progresivo”.
Por consiguiente, concluyó el SAS, “deja de ser necesario contar con la autorización de crédito por importe de 62.959.637,99 euros, que ya no se van a precisar para atender el gasto de las mencionadas contrataciones de emergencia”. Este contrato de emergencia forma parte del expediente 991/2020 para procedimientos quirúrgicos que quedaron suspendidos durante el estado de alarma, y el expediente 992/2020, para pruebas diagnósticas y funcionales. Ambos forman parte de la instrucción del juez y de la Fiscalía Anticorrupción, que investigan si hubo prevaricación en la contratación del SAS desde ese mismo año a 2024.
Tres meses después de modificar a la baja el gasto para contratos de emergencia, en enero de 2021, el entonces director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, firmó el famoso Expediente 110/2021, un nuevo Acuerdo de Emergencia que incluía 79 contratos a dedo con clínicas privadas, con un presupuesto inicial de 70 millones y un periodo de ejecución de febrero a diciembre de ese año.
El SAS prorrogó ese acuerdo hasta finales de 2024 y principios de 2025, con sucesivas prórrogas y adendas de contratos, que elevaron el presupuesto inicial hasta casi los 300 millones de euros. El Expediente 110/2021 es el epicentro de la causa judicial que investiga al Gobierno de Moreno por supuesta prevaricación, y en el que está imputado Guzmán, su sucesor al frente del SAS, Diego Vargas, y la actual gerente, Valle García.
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