El Gobierno andaluz ha tocado a rebato ante la posibilidad, que ya da por cierta, de que las protestas por los efectos del turismo masivo en el precio de la vivienda desborden los cauces, hasta ahora estrechos, por los que se suelen canalizar las movilizaciones contra su gestión en Andalucía.
Las manifestaciones del sábado en Málaga y Cádiz, con miles de personas en la calle, superaron las previsiones de San Telmo. Ya no serían sólo los habituales reductos de partidos y organizaciones de “izquierda radical”, sino algo distinto, más transversal, con un malestar latente en el que se mezclan cuestiones materiales (la falta de vivienda asequible), con ingredientes intangibles y delicados, hasta hace poco latentes, que tienen que ver con lo identitario y el sentimiento de extrañeza en la ciudad propia. Es el “Más gazpachuelo y menos brunch” con el que resumía una pancarta la protesta de Málaga, entre muchas otras en la misma línea.
La realidad, según fuentes de San Telmo, es que la manifestación del sábado sorprendió al Gobierno, que la magnitud era mayor que la que se esperaba, y que la Junta sabe que la izquierda no tiene, hoy por hoy, esa capacidad de movilización, así que esto es otra cosa. Ahora trata de mover el foco del conflicto desde el turismo (piedra angular de la economía andaluza) a la vivienda, y de paso desviar el tiro hacia el Gobierno central y la “ineficacia” de la nueva ley de vivienda, que la Junta no ha desarrollado.
En esa estrategia, se imponen al menos dos mensajes oficiales: la Junta de Andalucía trabaja para que el turismo sea “sostenible”; y el problema está en la falta de oferta de vivienda, particularmente de vivienda protegida, retraída porque los propietarios prefieren no alquilarla y porque no se construye lo suficiente. El Ejecutivo andaluz pretende confeccionar una ley que “repare el daño causado por la ley de Sánchez”, resaltó este jueves la consejera de Fomento.
Todo esto quedó claro este mismo jueves en dos comisiones parlamentarias, en las que comparecían el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y la de Fomento, Rocío Díaz. Era la primera piedra de toque para medir la respuesta oficial al problema de mayor conflictividad social real que ha afrontado el Gobierno de Moreno en estos seis años.
El primero negó la influencia de las viviendas turísticas en Andalucía (130.000, con 684.000 plazas) en las subidas del precio de viviendas en compra y alquiler. “Solo el 3% de las viviendas son de uso turístico, ¿cómo va a provocar que suba el precio del alquiler? Es que no es verdad”, subrayó.
Es un tema complejo. En su Informe de Estabilidad Financiera del pasado abril, el Banco de España admitió tal efecto: “La demanda de vivienda se ha visto impulsada en las zonas con mayor atractivo turístico por el dinamismo de las adquisiciones de vivienda por parte de ciudadanos no residentes. El repunte del alquiler turístico de viviendas también podría estar teniendo un impacto sobre los precios del alquiler”.
Los propios municipios están intentando aquilatar los datos, porque las situaciones son dispares. Málaga ha encargado un estudio externo para evaluar ese impacto, mientras elabora una nueva ordenanza. Aquí, hay más de 12.442 viviendas turísticas (64.907 plazas) registradas por la Junta de Andalucía, a las que hay que sumar las clandestinas; y hay un total de 261.857 viviendas y 586.384 habitantes, según el censo del INE. De modo que las viviendas turísticas registradas son el 4,7% del parque inmobiliario total, (1,7 puntos porcentuales más que la cifra global del 3% que dio el consejero), y la ciudad tiene plazas registradas equivalentes al 11% de su población.
El incremento interanual de los precios del alquiler (del mes del año previo al mismo mes del año en curso) sube en la ciudad a ritmo de dos dígitos desde hace dos años, con picos del 24%, y ha vuelto a acelerarse en junio, según Idealista: la oferta en Málaga capital es un 16,5% más cara que hace un año. En este periodo se han inscrito 2.986 nuevas viviendas turísticas en el Registro andaluz solo en Málaga capital.
Estos datos son los que movieron a las protestas del sábado en Málaga. El Gobierno andaluz está preocupado por que en Cádiz, Málaga, Sevilla, Granada y otras capitales muy turísticas cale el mensaje de que el turismo, la “gallina de los huevos de oro” (según Bernal) que representa el 13% del PIB andaluz y 450.000 puestos de trabajo, es el principal responsable del encarecimiento de la vivienda. Los empresarios hosteleros de la Costa del Sol y los de viviendas turísticas han alertado contra la turismofobia. Y el consejero lamentó este jueves que la protesta da mala imagen “al mundo”, y que en Alemania no se les ocurriría manifestarse contra la industria del automóvil.
Ocurre, sin embargo, que esa sensación está más extendida de lo que el Gobierno preveía, y que la vinculación entre turismo masivo y alzas de la vivienda es el diagnóstico que hacen la mayoría de los miles de manifestantes de Málaga (5.500 según la Policía, 25.000 según los organizadores), a tenor de los testimonios recabados por este medio, los carteles, los lemas que se corearon y hasta el manifiesto de la convocatoria a la que acudieron.
Ahora Bernal se arremanga para frenar la marea, y los acusa de guiarse “por intuición” y no por los datos. También defiende la “sostenibilidad” del turismo, pero admite “externalidades”. “Cuando alguien quiere tomar un café en su sitio de toda la vida, y en lugar de 1,5 vale 3, pues ocurre porque ha subido la demanda. Pero eso no es suficiente para que haya manifestaciones”.
Su último y más novedoso argumento se articula sobre los datos hoteleros. Según las gráficas que mostró, en 2018 se alojaron 20 millones de viajeros en hoteles, idéntica cifra que en 2024. Remontándose a los años 80, el consejero acusó a los socialistas de ser los promotores del turismo de masas y de los incrementos turísticos, algo de lo que el Gobierno del PP siempre ha sacado pecho.
La tesis sorprendió a Isabel Aguilera, portavoz del PSOE. “Últimamente usted no habla del incremento de número de visitantes. Y lo oculta deliberadamente”. El total de turistas en Andalucía ha pasado de 30 millones en 2018 a 34 millones en 2023, según la encuesta de coyuntura turística de que elabora la Junta de Andalucía, que tiene la expectativa de crecer otro millón este año.
Apenas a unos metros de Bernal, en la Comisión de Fomento, se fajaba a la vez Rocío Díaz. La vivienda monopolizó su comparecencia, motivada por sendas peticiones desde ambos flancos (Vox y Por Andalucía) para saber qué está haciendo su consejería para contener los precios.
Aquí, el objetivo era apuntar al Gobierno de Pedro Sánchez con dos tesis principales. La primera, que la ley estatal desincentiva el alquiler por la desmedida protección al inquilino, los morosos y hasta los okupas. “Sonoro fracaso, intervencionista, permisiva con la ocupación ilegal, populista, norma ideológica y que crea inseguridad jurídica”, acusó la consejera.
La otra argumental es que el Gobierno socialista no ha puesto una piedra de las viviendas de protección oficial que prometió en campaña. Por su parte la Junta, que tiene la competencia para la promoción pública de viviendas, asegura que desde 2019 ha certificado 10.258 viviendas protegidas (el triple de las que se iniciaron de 2014 a 2018, según subrayan), más de 6.000 impulsadas por la propia Junta de Andalucía, que ha recuperado programas como el de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler.
Desde este departamento anuncian que pronto se publicará una nueva convocatoria de este programa para subvencionar a las 853 viviendas adscritas en 2023, y se trabaja en la adscripción de otras 1.000 viviendas más. También AVRA está promoviendo vivienda pública con un programa de permuta de suelo y otro de fondos propios.
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