El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos está a favor de una nueva prórroga del Estado de alarma hasta final de mayo, que se someterá a votación en el Congreso este miércoles, y que cuenta con el rechazo anticipado del principal líder de la oposición (PP) y el recelo de los aliados nacionalistas del Gobierno de Pedro Sánchez (PNV y ERC).
El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, no ha expresado un apoyo explícito a la prórroga del Estado de alarma -en contra del criterio de su jefe de filas en el partido, Pablo Casado-, pero sí ha dejado claro que el horizonte de esta medida de excepción debería ser “finales de mayo, principios de junio”. Moreno discrepa esta vez con uno de sus barones referentes en el PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, contrario a prolongar el mando único en manos del Gobierno. Feijóo, que tiene en suspenso unas elecciones autonómicas, quiere recuperar la gestión de la crisis en su territorio, mientras que Moreno está dispuesto a esperar dos semanas más.
La discrepancia aquí no sólo tiene que ver con el índice de contagios por territorios -ambos evolucionan positivamente-, sino en la magnitud de la población que deben gestionar en cada autonomía: 2,7 millones de habitantes en Galicia; 8,4 millones en Andalucía. Pero no sólo preocupa el desconfinamiento interno, o entre provincias andaluzas: el levantamiento del Estado de alarma puede hacer que miles de españoles de otras comunidades tengan vía libre para viajar a las playas andaluzas, a las puertas del verano, provocando una expansión del virus similar a la que se vivió en el inicio de la crisis sanitaria.
En este asunto, que puede dar un vuelco a la situación política y de gestión del coronavirus tras más de 50 días de confinamiento, Moreno no ha confrontado con el Gobierno, y se ha mostrado partidaria de prolongar el Estado de alarma con la boca pequeña, para no evidenciar el choque de intereses con Casado.
Dicho esto, el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía se ha puesto a revisar las herramientas legales que tiene a su alcance para controlar la crisis sanitaria en caso de que el Congreso tumbe la cuarta prórroga del Estado de alarma que ha solicitado el presidente Pedro Sánchez. “Andalucía está preparada para asumir el mando el próximo 10 de mayo. Sánchez no tiene un plan b, pero nosotros sí”, ha dicho este lunes el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.
La pregunta es cómo. El Estado de alarma es un instrumento excepcional que emana de la Constitución y que permite al Gobierno, con apoyo del Congreso, restringir la libertad de movimientos de la población (un derecho constitucional) en caso de emergencia sanitaria. De ahí emana la orden de confinamiento, que afecta a los 47 millones de españoles desde hace más de 50 días, el cierre de empresas y el parón de la economía. Al anunciar que “Andalucía está preparada para asumir el mando el 10 de mayo”, el vicepresidente de la Junta da a entender dos cosas: una, que el Gobierno andaluz no considera imprescindible la restricción de movimientos y el confinamiento de la población a partir del lunes 11 de mayo, cuando recuperaría todas sus competencias tras las suspensión del Estado de alarma; y dos, que la Junta puede y tiene herramientas legales a su alcance para prorrogar ese confinamiento.
Fuentes próximas al vicepresidente descartan la primera opción, porque “todo el Gobierno andaluz comparte la necesidad de mantener el Estado de alarma hasta final de mayo, como dijo el presidente”. De modo que el plan b es hacer uso de dos leyes orgánicas de carácter estatal -la Ley de Medidas Especiales en Materia de Sanidad Pública y la Ley General de Salud Pública (14/1985)-.
La Junta defiende que, en virtud de esta última norma, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, “puede firmar una orden de confinamiento” que afectaría a los 8,4 millones de andaluces. “No es lo deseable, pero se puede hacer”, dicen estas fuentes, recordando que es lo que hizo el Gobierno de Murcia para prohibir la entrada de turistas nacionales en su territorio -sobre todo desde Madrid- días antes de que Sánchez decretara el Estado de alarma. Fuentes expertas en derecho constitucional consultadas por este periódico confirman que, en efecto, “Andalucía puede adoptar prácticamente todas las medidas del Estado de alarma, incluida la orden de confinamiento”.
El problema de fondo no es si las comunidades pueden ejercer este tipo de competencias en caso de una epidemia como la del coronavirus, sino que el Estado de alarma permite una respuesta conjunta y unitaria en todo el país. Es una norma muy excepcional que altera el reparto de poderes que establece la Constitución con el objetivo de garantizar unidad en la respuesta. Sin el Estado de alarma, las medidas que apliquen las comunidades pueden ser las mismas que ha venido decidiendo el Ministerio de Sanidad, pero en este caso cada región lo haría de una manera distinta.
Andalucía tiene hasta el miércoles a las dos de la tarde para hacer llegar al Ministerio de Sanidad su propuesta territorial para avanzar en el plan de desescalada, con la lista de provincias o áreas que pueden adelantarse en la fase 1 de desconfinamiento. Los nuevos criterios del Gobierno contemplan que los gobiernos regionales dispongan de capacidad de instalar en un plazo maÌximo de cinco diÌas entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos y entre 37 y 49 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.
Marín sostiene que Andalucía “cumple con los requisitos que acaban de poner sobre la mesa”, y recuerda que 25 de los 33 distritos sanitarios de esta comunidad tienen una incidencia acumulada de menos de diez casos por cada 100.000 habitantes. Según datos de la Consejería de Salud, hay 30.000 camas disponibles, 1.200 en UCI y dos circuitos hospitalarios diferenciados, uno para pacientes con COVID-19 y otro para el resto de patologías.