INVESTIGACIÓN
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) reactivó el pasado enero los contratos de emergencia (a dedo) con clínicas privadas que investiga un juez por un posible delito de prevaricación, al estar amparados en una ley habilitada en pandemia que ya estaba derogada. Diez meses antes, el portavoz de la Junta de Andalucía había anunciado en la sede del Gobierno la cancelación de ese tipo de contratos.
Entre enero y julio de este mismo año, el SAS ha vuelto a adjudicar a dedo más de 28 millones de euros a diez hospitales privados firmando hasta nueve adendas (ampliaciones de gasto) de un mismo expediente administrativo de emergencia, fechado el 20 de enero de 2021, y que constituye el epicentro de la causa judicial contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno.
Las nueve adendas, a las que ha tenido acceso este periódico, son “modificaciones” del presupuesto originalmente acordado con esas empresas hace tres años, para derivar a pacientes a sus clínicas. Se trata de la “cuarta”, la “quinta”, la “séptima” y hasta la “octava” ampliación de gasto con el mismo hospital privado, pero en todos los casos el servicio contratado es el mismo: la “prestación de asistencia sanitaria médica, diagnóstica y terapéutica para procedimientos oncológicos”. Todas están autorizadas por la actual gerente del SAS, Valle García, que ocupa el cargo desde diciembre de 2023.
Las seis primeras ampliaciones de gasto en la contratación a dedo con estas clínicas están firmadas por García el pasado 17 de enero, apenas un mes después de su nombramiento, y por un montante superior a los 22 millones de euros. Diez meses atrás, el 14 de marzo de 2023, el Gobierno andaluz había anunciado que ponía fin a la contratación de emergencia, 48 horas después de que elDiario.es Andalucía revelase que había prorrogado un procedimiento excepcional de contratación a dedo durante dos años y medio, sin cobertura legal, hasta junio de 2023.
Las otras tres adendas, por una cantidad de 5,93 millones de euros, están firmadas por la gerente del SAS el pasado 18 de julio, todavía bajo el mando de la anterior consejera de Salud, Catalina García. Una semana después, Moreno la destituyó pero la mantuvo en su gabinete, asignándole la cartera de Medio Ambiente, en una crisis de Gobierno para resetear la legislatura a mitad de mandato. En su lugar nombró a la actual consejera de Salud, Rocío Hernández Soto.
Entre enero de 2021 y junio de 2023, el SAS firmó hasta cuatro resoluciones de prórroga del famoso Expediente 110/2021, sujeto al Acuerdo de Emergencia del 20 de enero de 2021, que autorizó el entonces gerente del SAS y posteriormente viceconsejero de Salud, Miguel Angel Guzmán.
El presupuesto inicial de aquel expediente para derivar a pacientes a clínicas privadas era de 70 millones de euros, pero terminó cuadruplicándose hasta los 243 millones a través de contínuas adendas. Cada vez que expiraba el plazo de duración del contrato inicial [el primero caducaba en diciembre de 2021], el SAS firmaba una nueva resolución de prórroga argumentando la “continuidad de la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios”.
Así lo hizo hasta el verano de 2023, cuando elDiario.es revela la noticia que provoca un revuelo político y una reacción inmediata de la Junta. El entonces portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, anunció que se suspendería este sistema de contratación tras la última prórroga.
En los meses siguientes, y bajo el peso de unas listas de espera para operarse sobredimensionadas, el Ejecutivo de Moreno destituyó a Guzmán, principal responsable de aquellos contratos, y a su sucesor Diego Vargas al frente del SAS. En diciembre de 2023 fue nombrada la actual gerente, Valle García, que enseguida volvió a firmar nuevas “modificaciones” de gasto en esos contratos a dedo con clínicas privadas, echando mano de aquel expediente de emergencia, cuya base legal era un Real Decreto del Gobierno derogado en mayo de 2021.
Esto explica que el juez Javier Santamaría, que investiga los contratos a dedo, la haya citado como investigada 24 horas después de que los socialistas presentaran una querella contra ella, el lunes pasado. García volvió a firmar a mover el presupuesto de aquellas adjudicaciones a dedo después de que el Ejecutivo de Moreno anunciara su cancelación para volver a un procedimiento de contratación en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, que nunca llegó a activarse.
Cuando firma las últimas adendas a las que ha tenido acceso este periódico, el pasado 18 de julio, hacía justo un mes que el PSOE había interpuesto una denuncia en el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla por un posible delito de prevaricación y malversación en la adjudicación de 243 millones de euros en contratos a dedo entre 2021 y 2023.
Fue el 20 de junio, aunque el juez no abriría diligencias hasta octubre. Pero los socialistas se habían pasado un año amagando con denunciar y acusando a la Junta de corrupción, y sin embargo, el SAS reactivó esos contratos a dedo bajo sospecha sin temor a terminar en los tribunales.
Los socialistas ampliaron el lunes pasado la querella interpuesta en los tribunales para señalar a la actual gerente del SAS como responsable de “perpetuar” un procedemiento de contratación a dedo que consideran ilegal, y sobre el que el juez y la Fiscalía Anticorrupción perciben, al menos, indicios de prevaricación. 24 horas después, el magistrado imputó a García y a sus predecesores en el cargo, Guzmán y Vargas, provocando un shock en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta.
Este periódico ha preguntado a la gerencia del SAS por qué sigue usando los contratos de emergencia, estirando un expediente de 2021, un año después de haber anunciado su cancelación, y pese a haber una investigación judicial en curso. Pasadas las 22.30 horas del jueves, fuentes del Gobierno andaluz negaron que las adendas firmadas por Valle García constituyan “nuevas adjudicaciones a dedo ni ampliación de la cuantía ni prórrogas de los contratos de emergencia en 2024”.
“Las adendas son modificaciones presupuestarias de aquellos contratos adedo, pero no para ampliarlos, sino para reajustar la cuantía”, aseguran estas fuentes. La explicación es que existe un descuadre entre el gasto estimado que se le concedió al hospital privado de una provincia, para que operase a X pacientes, y lo que finalmente gastó. Algunas empresas recibieron menos de lo que facturaron y otras recibieron más.
Las adendas que el PSOE ha incluido en su querella contra la actual gerente del SAS serían, según la versión de la Junta, una forma de corregir posibles descuadres de gasto en el sistema informático de la Consejería de Salud. “Son los mismos pacientes tratados hasta el 17 de mayo de 2023 -cuando expiró la última prórroga del expediente de emergencia-, pero con un reajuste posterior en la facturación”, advierten.
Por último, la Junta sostiene que de los 242,7 millones asignados en contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2021 y 2023, finalmente se gastaron 189 millones. El Ejecutivo de Moreno quiere reseñar que las adendas que el PSOE ha esgrimido como prueba contra Valle García están colgadas del perfil del contratante de la Junta, son públicas, y por tanto, “no ha existido ánimo de ocultar nada” [Actualizado a las 23.00 horas]
La causa judicial, a la que se ha adherido la Fiscalía Anticorrupción, investiga un “sistema paralelo” de contratación a dedo con clínicas privadas que abarca un periodo de cuatro años, desde 2020, año de la pandemia, hasta la actualidad. En una reciente providencia, tanto el fiscal como el juez han requerido una montaña de documentación al Gobierno andaluz y a los órganos de fiscalización interna y externa.
Entre otras cosas, han solicitado los expedientes de gasto del SAS entre 2020 y 2024, los informes de fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía y, en particular, de la Consejería de Salud de 2021, 2022 y 2023, los informes y resoluciones de la Secretaría de la Junta Consultiva Pública del Estado, que en 2021 conminó a las administraciones a dejar de usar regularmente los contratos de emergencia; el informe de la Cámara de Cuentas relativo al año 2020, y cualquier documentación relativa a la investigación en manos del Tribunal de Cuentas.
El juez ha citado “cualquier día de noviembre” a los tres últimos gerentes del SAS para informarles oficialmente de que están siendo investigados por prevaricación. El PSOE, además, les imputa en su querella delitos de malversación, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, castigada con ocho años de cárcel, y deja la puerta abierta a la implicación de “altísimas instancias del Gobierno”.
Entre los hospitales privados beneficiados con los contratos de emergencia entre 2021 y 2023 y que vuelven a aparecer en las adendas con un nuevo gasto del SAS este año destacan los del Grupo HLA (Asisa), que acapara 17,7 millones de euros en cinco adendas, más del 60% de los 28 millones repartidos en esta última tanda.
Los cuatro hospitales de Asisa beneficiados son el HLA Mediterráneo, de Almería, que recibió 4,4 millones en una adenda de enero, y otros 4,95 millones en julio; la Clínica Santa Isabel, de Sevilla, con 8,1 millones; y Centros Médicos de Diagnóstico Integral para el hospital La Inmaculada, de La Línea de la Concepción (Cádiz), por 290.000 euros.
El PSOE destaca en su querella que el exgerente del SAS y responsable del expediente de emergencia original del que emanan todas las ampliaciones posteriores de gasto, Miguel Ángel Guzmán, fichó por la empresa Asisa tres meses después de su cese como viceconsejero de Salud, en diciembre de 2023.
Durante su mandato como gerente del SAS, firmó contratos a dedo a Asisa por valor de 44 millones de euros. La Junta de Andalucía intercedió para frenar su salto a la privada, arguyendo que vulneraba la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos, pero por unos meses.
Las otras modificaciones de gasto al contrato de emergencia de 2021 han beneficiado al Hospital Doctor Antonio López, de Cádiz, con 2,25 millones; al San Juan de Dios, de Sevilla, con 3,27 millones; al Viamed de Bahía de Cádiz, con 3,9 millones; al Centro Radiológico de Dos Hermanas, en Sevilla, con 143.271 euros; y Centros Médicos de Diagnóstico Integral de Cádiz, con 565.000 euros.
La Junta de Andalucía rebate las acusaciones de corrupción del PSOE aferrándose a dos informes del Gabinete Jurídico del SAS que avalan estos contratos, incluso después de que se derogase el marco legal excepcional de la pandemia, porque entienden que los efectos de la misma continuaron haciendo mella en el sistema. Fuentes del entorno de Moreno aseguran que la imputación de sus tres altos cargos por parte del juez es “lo habitual y razonable en un Estado de Derecho para que las personas denunciadas puedan defender su inocencia”.
“El SAS y la gerente del SAS no han recibido aún ninguna notificación”, subrayan, y reducen la imputación en curso a “mero trámite ordinario en el procedimiento judicial”. “El SAS considera que todas las contrataciones están dentro de la ley, siente el máximo respeto por la Justicia y colaborará en todo lo necesario con diligencia y transparencia, como ha hecho hasta ahora”, concluye.
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