El Gobierno andaluz reduce en cinco millones el pago comprometido con las universidades públicas para saldar la deuda

El pulso por la financiación de las universidades públicas sigue tensando las relaciones entre los nueve rectores y el consejero del ramo. El Gobierno andaluz se comprometió a abonar en diciembre 21 millones de euros para tratar de paliar la “deuda” de 50 millones de euros que reclaman los rectores de cara a 2024, aludiendo a los acuerdos firmados en materia de financiación hace meses. Sin embargo, el pago se ha realizado con el año nuevo ya empezado y con un recorte de cinco millones respecto a lo anunciado.

Según ha podido confirmar este periódico de fuentes universitarias, la Junta ha transferido alrededor de 16 millones de euros en total a todas las universidades. Esto es, cinco menos de los que había puesto sobe la mesa durante las negociaciones con los rectores, que continúan desarrollándose. Aun así, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado este lunes que “los fondos ya están abonados” y, a preguntas de elDiario.es Andalucía durante el acto de inauguración de la iniciativa 'Aula Newton Cartuja', ha apuntado que le consta que las universidades públicas han recibido “más de 21 millones”. 

Una afirmación que desmienten fuentes universitarias y sindicales, afirmando que solo se han abonado 16 aprovechables para suplir el “déficit” de la partida de financiación relativa a 2024 que se demanda. Es cierto que el Gobierno andaluz ha transferido otros seis millones, pero estos se corresponden con un adelanto del programa María Goyri, financiado por el Ministerio de Universidades y destinado a convocar plazas de profesorado ayudante doctor, es decir, fondos con un fin concreto. Por tanto, “no son para financiación”, como explican desde CCOO para demostrar que “el consejero no dice la verdad” cuando habla de “más de 21 millones”, ya que está sumando dos partidas que no son equiparables.

Cuentas pendientes con las universidades públicas

Los 21 millones de euros que anunció el Gobierno andaluz en el marco de las reivindicaciones de los rectores fueron bien acogidos por las universidades públicas, pero sabían a poco. De haber recibido la totalidad de ese importe, aún faltarían 4 millones para cumplir íntegramente con el modelo de financiación (aprobado en Consejo de Gobierno el 19 de septiembre de 2023) y otros 25 millones para pagar los complementos retributivos del personal que trabaja en las universidades, como se comprometió el consejero José Carlos Goméz Villamandos en un acuerdo de la mesa de negociación firmado el pasado 25 de junio.

De ahí que la transferencia de 16 millones siga quedando lejos de solventar el agujero de 50 millones que arrastran las cuentas de las universidades públicas desde 2024. A ello habría que sumar el desafío que supone el presupuesto de 2025, año en el que la deuda que reivindican los representantes de la pública podría escalar hasta los 87 millones de euros, según los cálculos de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA).

Desde principios de enero, los rectores mantienen abierta la vía de la negociación con el departamento que dirige Villamandos, mostrando una actitud “optimista” y “dialogante”, pero sin descartar recurrir a los tribunales en caso de que no se satisfaga la deuda que se demanda, como anunciaron en la recta final del año. Más allá de la cantidad que se adeuda, el foco de las negociaciones sigue puesto en que el dinero que transfiera la Consejería –conforme a los pactos firmados– se consolide en las cuentas de aquí en adelante, y pase a formar parte de la financiación regular del sistema universitario público de Andalucía.

Mientras los nueve rectores de la pública siguen negociando con el consejero (con nuevas reuniones previstas para esta semana), los sindicatos CCOO y UGT avanzan que van a organizar movilizaciones para exigir al Gobierno andaluz que cumpla con los acuerdos firmados en las mesas de negociaciones. También CSIF baraja movilizarse si no se alcanzan avances tras este “margen de confianza” que conceden a las negociaciones de este mes que consideran “decisivo”. La plataforma en defensa de la educación pública Marea Verde ha convocado a la comunidad educativa a una asamblea este martes en busca de “una respuesta colectiva a la situación insostenible de infrafinanciación y privatización” que atraviesa el sistema universitario público en Andalucía.