La Junta de Andalucía no ha esperado al inicio en septiembre del nuevo curso político para anunciar numerosos cambios, en este caso en su estructura orgánica, con diversos cambios de competencias en hasta ocho consejerías, todas excepto Educación, Fomento y Cultura. Durante las próximas semanas se irán desmenuzando los detalles de estas novedades pero “estos cambios no serán los últimos”, según ha advertido el vicepresidente y consejero de Turismo y Justicia, Juan Marín, cuyo departamento se desprende de las cuestiones de políticas migratorias (pasan a la Consejería de Presidencia) pero que acoge algunas de las políticas relativas a la violencia de género, que hasta ahora residían en la Consejería de Igualdad, que también pierde las competencias de juventud.
Se trata de unas primeras decisiones y cambios estructurales “a coste cero” adoptadas en el Consejo de Gobierno de la Junta de este viernes 28 de agosto y que tendrán continuidad en próximas sesiones dirigidas a establecer, mediante decretos, “ajustes, cambios y modificaciones de estructura para dar respuesta a los ciudadanos con calidad y eficiencia”, según ha remarcado Marín. La finalidad de este intercambio competencial, tras varios meses de atención máxima a la pandemia, cuya situación en el aspecto sanitario ha dicho el vicepresidente que está “controlada, y ahí están los datos de otras comunidades”, es “centrar esfuerzos en la crisis económica” ya que, en ese sentido, “lo más duro está por llegar” y la situación “se va a agudizar”, ha augurado.
El anuncio de reestructuración ha coincidido en el tiempo con la comunicación de los nuevos datos de contagios, que han revelado la cifra más alta de la pandemia en la comunidad autónoma, con 909 casos en un solo día y cuatro muertes más. “Somos la comunidad autónoma que en esa segunda oleada la pandemia se vuelve a contener mejor”, ha abundado Elías Bendodo, consejero de Presidencia, quien ha añadido que la pandemia en Andalucía “evoluciona a la mitad de ritmo que evoluciona en el resto del país”.
El vicepresidente ha explicado respecto a la reestructuración en las consejerías que el Gobierno autonómico tiene previsto adoptar “medidas en favor de los jóvenes” por lo que todas las competencias en políticas de juventud pasan de Igualdad a la Consejería de Empleo al objeto de “impulsar acceso al mercado laboral, poniendo el foco en un colectivo vulnerable”. Asimismo, también con la finalidad puesta en el aspecto económico, toda la tramitación de fondos europeos se aglutinarán en la Consejería de Hacienda, de cuyo departamento se desprenden las competencias en materia de industria, que recaen en la Consejería de Economía.
“Esto no va de personas”
Por otro lado, las políticas en torno al cambio climático y desarrollo sostenible pasan de la Consejería de Agricultura a la de Presidencia, dirigida por Bendodo. Las cuestiones relacionadas con la energía, que hasta ahora estaban vinculadas a la Consejería de Hacienda, pasan a depender directamente del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien sostendrá el Comisionado para el cambio climático.
Por último, las competencias relativas a las residencias de personas mayores, que tanto han dado que hablar en los primeras semanas de la crisis sanitaria, pasan a depender de la Consejería de Salud y Familias tras haber estado residenciadas en la de Igualdad, cuyo departamento pierde, como se ha dicho, las competencias de violencia de género y juventud. Marín ha explicado a preguntas de la prensa que Hacienda pierde más competencias que Igualdad, descartando que se trate de una decisión de otro tipo en relación al departamento de la consejera Rocío Ruiz. “Esto no va de personas, sino de gobierno”, ha concluido.
Como informó este medio, el líder andaluz de Ciudadanos maniobraba para apartar de Igualdad a la consejera que libró un pulso con Vox por las políticas de género, si bien los cambios anunciados este viernes no afectan directamente a los titulares de ninguna consejería. Las competencias de violencia de género que pasan a Justicia son algunas cuestiones que están relacionadas con el ámbito judicial y que hasta ahora se llevaban en una dirección general de Igualdad como formación de jueces y fiscales, coordinación de las órdenes de protección, sistema Viogen, entre otras.
“Este gobierno tiene que adaptarse a las situaciones. Lo que hacemos es dar un paso más y establecer mejoras en la eficiencia de los recursos tanto económicos como humanos”, ha remarcado Marín. “Estamos en un proceso de auditorías y puede que nos lleve a tomar otras decisiones”, ha incidido.