El Gobierno andaluz limita el alcance de todos los avisos de los interventores sobre los contratos menores en “fraude de ley”

El 31 de mayo de 2022, tres días antes de la campaña para las elecciones andaluzas, el Gobierno de Juan Manuel Moreno modificó la ley que regula las funciones de la Intervención General de la Junta, eliminando uno de los supuestos para emitir un informe de actuación, una figura recogida en la Ley General de Hacienda para dar la voz de alarma cuando “se detectan deficiencias” en la gestión de los fondos públicos o “no se adoptan” las medidas propuestas para corregirlas.

El informe de actuación es, también, una advertencia severa que el máximo órgano de fiscalización interno de la Junta le hace llegar directamente a la cúpula de la Consejería de Hacienda cuando aprecia indicios delictivos en la contabilidad pública, o cuando el departamento que ha sido objeto de una auditoría durante meses se resiste a corregir las irregularidades denunciadas por sus propios interventores.

Con el nuevo reglamento, el Gobierno andaluz eliminó, en concreto, la obligación para la Intervención de elevar un informe de actuación a Hacienda “en aquellos casos en que se aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”, un supuesto que sí aparecía en la normativa anterior, de 1999.

“Fraccionamiento de contratos siempre ha habido”

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, recibió en noviembre de 2022 un informe de actuación que alertaba ya del “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos en el el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Huelva, una denuncia sobre el “vicio del procedimiento” de adjudicación a dedo que, dos años después, reaparecería en nuevos informes de los interventores del SAS en Huelva, reincidiendo en el “abuso” de “contratos menores en fraude de ley”.

Hace dos semanas, el Ejecutivo de Moreno se apresuró a cuestionar las conclusiones de las últimas auditorías del SAS en Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén relativas al ejercicio 2021 -reveladas por este periódico-, que denunciaban el “abuso” de la contratación menor -458 millones de euros en las cuatro provincias- a través del “fraccionamiento indebido e irregular” de contratos millonarios adjudicados a dedo a las mismas empresas y por la misma prestación, “con objeto de eludir” la ley, y los procedimientos en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva.

Este martes, sin embargo, la consejera de Hacienda ha restado importancia al “fraccionamiento” de contratos, por ser una práctica habitual en todas las administraciones, por llevar implantada en la Junta desde la etapa socialista, y porque se trata, dice, de “irregularidades administrativas”, no delitos. “No debería, pero han existido siempre aquí, no sólo ahora”, ha dicho.

España también ha restado gravedad al informe de actuación de la Intervención General que le puso en sobreaviso sobre los contratos menores en fraude de ley en el SAS de Huelva, hace ya dos años: “Un informe de actuación es un elemento normal en el control de fondos públicos, también los había antes”, ha dicho.

La consejera ha explicado que no elevó las advertencias de la Intervención General al Consejo de Gobierno porque la interventora no se lo pidió. “El criterio lo impone la Intervención, y yo no tengo ningún informe que me diga que tengo que elevarlo al Consejo de Gobierno, porque se están cumpliendo las recomendaciones” de los interventores, insistió.

En realidad, el último informe de los auditores del SAS en Huelva, que España recibió el pasado mayo, deja constancia de que a esas alturas aún “no se han cumplido” las recomendaciones que dos años antes había planteado la Intervención General en su informe de actuación. “No tenemos constancia de que no se estén cumpliendo las recomendaciones. Se están cumpliendo, si no, la Intervención nos diría que lo elevásemos al Consejo de Gobierno, y eso no ha ocurrido nunca”, zanjó.

Irregularidad administrativa o desvío de fondos

La reacción del Gobierno de Moreno a la controversia política que han desatado los contratos a dedo del SAS en todas sus variantes -contratos de emergencia antes y después de la pandemia; contratos menores; contratos negociados sin publicidad- gira en torno a una sola cuestión: si las advertencias de los órganos de control fiscal, ya sea la Intervención, ya sea la Cámara de Cuentas, derivará en un supuesto de menoscabo de fondos o malversación.

Ahora mismo, la Junta niega esta posibilidad tajantemente, mientras que el PSOE señala al juzgado de instrucción de Sevilla que hace unos días abrió la primera investigación judicial por la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a través de contratos de emergencia amparados en una ley Covid ya derogada.

El Decreto 92/2022 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de mayo de 2022, derogó un puñado de normativas previas, entre ellas el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta.

Con la reforma desapareció el supuesto en el que había que emitir un informe de actuación para alertar ante un posible caso de “menoscabo de fondos”. La nueva norma sustituye esa casuística por un concepto más amplio -“salvedades de especial relevancia con graves efectos negativos”-, que es lo que describe el informe de la Intervención General sobre el fraccionamiento de contratos del SAS en Huelva.

También propone un procedimiento más directo para alertar a la Consejería de Hacienda y derivar directamente los indicios de un delito de responsabilidad contable al Tribunal de Cuentas. En caso de apreciar “infracciones” previstas en la Ley General de Hacienda Pública -léase “malversación de fondos”-, la persona titular de la Intervención General puede ahorrarse el informe de actuación, y ponerlo directamente en conocimiento de la consejera de Hacienda, para que a su vez dé aviso al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía o al juzgado correspondiente, según recoge el nuevo reglamento.

“Deficiencias con graves efectos negativos”

La reforma legal tiene lugar justo antes de las elecciones de junio de 2022, cuando la persona titular de la Intervención General de la Junta era Amelia Martínez Sánchez, nombrada viceconsejera de Hacienda dos meses después, y actual número dos de España.

Con la nueva legislatura, el Gobierno de Moreno nombra interventora general de la Junta a María Antonia González Pavón que, cinco meses después, remite a la Consejería de Hacienda el primer informe de actuación bajo lo dispuesto en el nuevo reglamento. El informe, adelantado por elDiario.es, alerta del fraccionamiento indebido y masivo de contratos en SAS en Huelva que, dos años después, volverán a ser motivo de denuncias de sus auditores por el “abuso” continuado de “contratos menores en fraude de ley”.

El informe de actuación, del 13 de noviembre de 2022, denuncia las “salvedades de especial relevancia” y con “graves efectos negativos” en la contratación a dedo del SAS en Huelva, después de que la dirección gerente haya agotado todos los plazos y advertencias previas de sus auditores sin “dar cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Intervención en los informes de control financiero” correspondiente al ejercicio 2019, previo a la pandemia de Covid.

Pero el documento no llega a mencionar un supuesto de “menoscabo de fondos públicos”. La propia interventora general de la Junta, responsable del informe, elaboró poco después unas instrucciones (2/2023, del 27 de marzo) que establecen “los criterios a seguir en la emisión de un informe de actuación”, reseñando que el nuevo reglamento ya no contemplaba la emisión del citado informe en caso de “apreciarse circunstancias que pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”.

“El nuevo Reglamento de la Intervención no contempla este último supuesto como motivo para la emisión de un informe de actuación”, rezan las instrucciones, para aclarar que “en la citada situación”, la Intervención General de la Junta que “advierta la existencia de infracciones previstas en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda Pública” -por ejemplo, malversación de fondos- “lo pondrá en conocimiento de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda”.

“Conformidad” de la Consejería de Salud

El informe de actuación sobre el fraccionamiento de contratos en el SAS que la Intervención General remitió a Hacienda en 2022 tiene la “conformidad” de la consejera de Salud, lo cual abrió un plazo de seis meses para que el SAS corrigiera las “graves salvedades” detectadas, y para que el órgano fiscalizador hiciera un “seguimiento de las medidas correctoras propuestas”.

La Intervención General no ponía bajo sospecha expedientes de gasto concretos, fruto de su auditoría, sino todo el procedimiento “viciado” de la contratación menor, como volverían a hacer los interventores del SAS en Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén dos años más tarde, en sus informes definitivos de control financiero correspondientes al año 2021:

“Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de obras, bienes y servicios, fraccionando el objeto de los contratos”, adjudicando “contratos menores con un plazo de ejecución superior a un año”, y “sin los informes y autorizaciones” preceptivas por parte de la dirección competente, coinciden los informes, tras concluir que el procedimiento elegido de adjudicación a dedo ha servido para “eludir” la contratación en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, que establece la Ley de Contratos del Sector Público.

En mayo de 2024, los interventores del SAS en Huelva publican un informe definitivo desfavorable que vuelve a denunciar el abuso de contratos menores “en fraude de ley”. El documento incluye el Seguimiento de las medidas adoptadas tras la emisión del informe de actuación de la Intervención General, de 2022, dejando constancia de que “no se han implantado” dos de las tres recomendaciones que ya hicieron los auditores del SAS dos años antes, “junto al claro incumplimiento de una de las medidas a adoptar”.

Sin embargo, el mismo informe admite que “los plazos de la contratación públican pueden alargarse más de lo deseado”, por lo que “no concluimos tampoco que no se han corregido las deficiencias advertidas” para que la Intervención General inste a la titular de la Consejería de Hacienda el sometimiento de las actuaciones a la consideración del Consejo de Gobierno“.

España ha minimizado hoy tanto la importancia de las advertencias que le remitió la Intervención General en 2022, relativa a 2019, como los avisos de los auditores del SAS del pasado mayo, referentes a 2021. Ambos denuncian el “fraccionamiento indebido y masivo de contratos” continuado en el tiempo, pero la consejera de Hacienda ha puesto el énfasis en la etapa posterior a la pandemia de Covid-19 para justificar algo que los propios interventores rechazan en sus informes: a saber, que la crisis sanitaria diera cobertura legal para seguir contratando a dedo de forma indiscriminada entre 2021 y mediados de 2023.

“Estamos hablando de un informe de 2021, cuando la finalidad era salvar vidas, no estaban pendientes del fraccionamiento. No es lo mismo que en los años 2018, 17 o 16, donde no había Covid y el objetivo no era salvar vidas”, ha insistido.

Otra prórroga de seis meses

El informe de los interventores del SAS del pasado mayo, correspondiente al ejercicio 2021, concluye concediendo otra prórroga de seis meses para “analizar las medidas en proceso de implantación y (...), caso de no completarse su implantación”, volverá a dar la voz de alarma. “Si de la valoración de las medidas adoptadas, el interventor actuante [en este caso del SAS en Huelva] concluye que no se han corregido las deficiencias advertidas, la persona titular de la Intervención General remitirá dicha valoración a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda para que someta las actuaciones a la consideración del Consejo de Gobierno”, reza el documento.

Los avisos que la Intervención General remitió a la Consejería de Salud y a la de Hacienda hablaban de un “vicio de procedimiento” en la contratación a dedo de obras, bienes y servicios en el SAS, abusando de una “fragmentación indebida” de contratos menores. Es decir, a finales de 2022, el Gobierno de Moreno recibió un informe de actuación alertando ya del abuso continuado de los contratos menores fraccionados “en fraude de ley” que se estaba produciendo el SAS y que, dos años después, volverían a aparecer en el informe definitivo del interventor provincial de Huelva, con fecha de mayo de 2024.

El nuevo reglamento de la Intervención también introduce nuevas obligaciones para el auditor, que ponen en sobreaviso al departamento investigado antes de recibir el primer informe desfavorable: “Con carácter previo a la emisión del informe provisional, se pondrán en conocimiento del órgano gestor los resultados más significativos puestos de manifiesto en el control realizado, cuando el interventor actuante lo estime oportuno debido a la especial naturaleza, trascendencia o complejidad del contenido del informe, y a fin de que el órgano gestor pueda aportar documentos u otros elementos de juicio adicionales a los requeridos por la Intervención que se estimen relevantes”, reza el artículo 67.1.

Es en este punto el único en el que aparece explícitamente el supuesto de un hecho delictivo de menoscabo de fondos: “Este trámite será obligatorio cuando se detecten salvedades de especial relevancia, indicios de menoscabo de fondos públicos o de infracciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.

Alerta sobre los contratos de emergencia

Este nuevo trámite para poner sobre aviso al departamento que está siendo objeto de una investigación interna fue el que usó la Intervención Central del SAS el 14 de marzo de 2023 para avisar a la dirección gerente, por escrito, de “una puesta en conocimiento previa a la emisión del informe provisional” sobre el abuso de los contratos a emergencia durante el ejercicio 2021, amparados en el marco legal extraordinario de la pandemia cuando ya estaba derogado.

Ese escrito es una advertencia previa al SAS de que va a recibir un informe desfavorable, que incluye incumplimientos de la normativa o “salvedades de especial relevancia”, para que vaya elaborando la documentación necesaria para responder a dicho informe.

En efecto, el 12 de junio de 2023, la dirección gerente del SAS recibió un informe provisional denunciando el abuso del sistema de contratación de emergencia en el ejercicio 2021, con el que se adjudicaron a dedo casi 300 millones de euros a empresas privadas ese año, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa. El SAS presenta alegaciones que son, en su mayoría, tumbadas por la Intervención Central, que le remite un informe definitivo desfavorable el 14 de diciembre de 2023.

En este caso, y según el nuevo reglamento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, este informe definitivo fechado en 2023 sobre el control en el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia en 2021 respondería a la apreciación por parte de los auditores de “indicios de menoscabo de fondos públicos o infracciones de la ley”.

El órgano fiscalizador censuró a la Junta por el uso “indebido” de los contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que tal decisión no tenía “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, y cocluye que “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”.

Pero, sobre todo, los interventores del SAS remarcan que a esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

Este informe conecta directamente con la primera investigación abierta al Ejecutivo de Moreno por un posible delito de malversación y prevaricación en la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas -sin publicidad ni concurrencia- acogiéndose al marco legal de la pandemia ya derogado. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE andaluz, que va a personarse como acusación particular.

La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ha asegurado estos días que de momento el Gobierno andaluz no tiene previsto personarse en la causa como parte perjudicada. “La Junta no se va a personar porque estos contratos tienen cobertura jurídica al 100%”, advirtió el lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno.